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La justicia archiva la causa contra Héctor de Miguel por su chiste sobre el Valle de los Caídos y expone el uso reaccionario del derecho como arma de intimidación política
La cruzada ultra de Abogados Cristianos contra el humor ha recibido un nuevo varapalo. Esta vez, el blanco fue Héctor de Miguel, cómico y director del programa Hora Veintipico, que se atrevió a bromear sobre el Valle de los Caídos. Por ello, la asociación ultracatólica le llevó a juicio acusándolo de delito de odio. La jugada no les ha salido bien. El caso ha sido archivado antes incluso de llegar a juicio.
Tres magistradas y magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han estimado por unanimidad el recurso del humorista y han dejado claro que sus palabras están protegidas por la libertad de expresión y la creación artística. El fallo, hecho público esta semana, desmonta sin ambigüedades las pretensiones censoras de una organización que lleva años tratando de imponer su moral por la vía judicial.
El auto judicial no solo da la razón a De Miguel, sino que lanza una advertencia clara al aparato de denuncias ideológicas que impulsa este grupo: la justicia no puede ser utilizada como herramienta para reprimir el pensamiento crítico o satírico, ni mucho menos para blindar creencias religiosas de cualquier tipo frente al debate o la burla legítima.
Héctor de Miguel lo dijo sin rodeos: “Esto que tengo aquí es el auto que pone fin a un caso que nunca existió”, mostrando el documento en directo en Hora Veintipico. Y añadió, con la ironía habitual que tanto irrita a las y los cruzados de la moral: “No se me quita de la cabeza que lo que queréis con estas denuncias que nunca ganáis es imponer el miedo”.
LA ULTRADERECHA JURÍDICA: QUERELLAS COMO ESTRATEGIA DE SILENCIO
Abogados Cristianos no es una asociación aislada. Es un nodo más en la red ultraconservadora internacional que busca colonizar los tribunales con su visión totalitaria. En su lista de demandas figuran objetivos recurrentes: activistas feministas, obras de teatro, editoriales, escultoras, partidos de izquierda o incluso médicos que practican la eutanasia legalmente. Lo que tienen en común todas sus denuncias no es el éxito, sino la intención de crear un clima de terror preventivo: que la gente se autocensure antes de hablar.
Según un estudio de Rights International Spain, los abusos del sistema penal como forma de represión ideológica van en aumento, especialmente impulsados por grupos organizados que instrumentalizan conceptos como el «delito de odio» para defender privilegios religiosos o ideológicos, cuando en realidad este tipo penal fue creado para proteger a las minorías vulnerables, no a instituciones con siglos de poder acumulado.
Héctor de Miguel, como tantas y tantos otros antes que él, ha tenido que pasar por meses de desgaste emocional, económico y mediático solo para demostrar algo que debería ser evidente: hacer humor no es delito. Pero esta victoria judicial, aunque importante, no borra el daño que provoca este tipo de persecuciones ni el clima de intimidación que generan.
En sus palabras finales, el cómico fue claro: “Estoy sopesando llevaros a los tribunales, porque estamos hartos de que os salgan gratis vuestras mamarrachadas”. El hartazgo no es solo personal. Es colectivo. Es el hartazgo de una sociedad que ve cómo una y otra vez se pisotea la libertad artística, el derecho a disentir y la crítica pública en nombre de una fe que no busca respeto, sino dominio.
Y añadió una frase que debería grabarse en cada juzgado del país: “Esta persecución no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia histórica para utilizar la justicia como represión, invirtiendo su sentido”. Efectivamente, de eso se trata. De convertir a quienes crean, critican o incomodan en delincuentes, y de blindar a los verdaderos poderosos bajo el manto de la impunidad divina.
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