Las Abuelas de Plaza de Mayo denuncian a Milei por atacar la memoria histórica 

El desguace de las políticas de derechos humanos amenaza con borrar décadas de lucha por la verdad y la justicia en Argentina.

El gobierno de Javier Milei avanza con una agenda que atenta directamente contra la memoria histórica y las políticas de derechos humanos en Argentina. Las Abuelas de Plaza de Mayo, históricas defensoras del derecho a la identidad, han alzado la voz contra lo que describen como un «desguace feroz» de las instituciones dedicadas a esclarecer los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

Con más de 300 nietos desaparecidos aún sin identificar, el trabajo de las Abuelas resulta más urgente que nunca. Sin embargo, el cierre de la Unidad Especial de Investigación dentro de la CoNaDI y los recortes presupuestarios en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) reflejan una clara intención de dificultar estas búsquedas. El presupuesto del BNDG ha sufrido una caída del 50,4%, mientras que la CoNaDI podría ver reducida su plantilla en un 67%. Este panorama amenaza con paralizar investigaciones clave que requieren recursos, tiempo y especialización.

Además, los ministerios de Defensa y Seguridad han suspendido el acceso a documentación militar y policial, obstruyendo deliberadamente el trabajo de identificación de víctimas y responsables. Esta medida se complementa con la disolución del equipo de análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, una acción que entierra información valiosa sobre los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado.

El informe presentado por las Abuelas, elaborado en colaboración con la Fundación alemana Heinrich Böll, detalla cómo estas medidas regresivas representan un ataque directo a las políticas de memoria, verdad y justicia que posicionaron a Argentina como un referente internacional en derechos humanos.

ATAQUES DISCURSIVOS Y EL SILENCIO DEL GOBIERNO

Las políticas de desfinanciamiento van acompañadas de ataques constantes contra el prestigio de las Abuelas y otros organismos de derechos humanos. Tanto el presidente Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han adoptado un discurso negacionista que busca deslegitimar décadas de lucha por la verdad y la justicia.

Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas, denuncia que el Gobierno está intentando destruir en el imaginario colectivo la relevancia de estas organizaciones. “Es doloroso que mujeres como Estela de Carlotto, de 94 años, tengan que enfrentar estos agravios en lugar de recibir reconocimiento por su inmensa labor”, expresó Poblete.

Los despidos masivos y la precarización laboral en áreas relacionadas con los derechos humanos agravan aún más la situación. En el Ministerio de Justicia, el cese de 2.400 trabajadores, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, ha desmantelado prácticamente la Secretaría de Derechos Humanos. Los despidos, justificados bajo el argumento de “contrataciones espurias”, afectan principalmente a empleados y empleadas que llevaban años trabajando en proyectos esenciales como el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado.

Este desmantelamiento institucional no solo dificulta la búsqueda de los nietos desaparecidos, sino que pone en riesgo los sitios de memoria y los archivos históricos que documentan los crímenes de la dictadura. Para las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, estas acciones no son solo recortes económicos, sino una violencia simbólica que perpetúa el negacionismo.

LA LLAMADA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Ante el bloqueo del diálogo con el gobierno argentino, las Abuelas han recurrido nuevamente a la comunidad internacional, como lo hicieron durante la dictadura militar. “Necesitamos apoyo para proteger todo lo que habíamos conseguido y poder seguir buscando a los nietos que faltan”, declaró Poblete.

El eco internacional es esencial en este momento crítico. Las políticas de derechos humanos en Argentina no solo son una deuda histórica con las víctimas del terrorismo de Estado, sino una base fundamental para la democracia. Los recortes y el desmantelamiento no son actos administrativos: son una afrenta directa a los valores democráticos y los tratados internacionales de derechos humanos.

La lucha por la identidad y la verdad no es un lujo. Es una deuda de justicia.