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El Gobierno gallego ha convertido el silencio administrativo en una herramienta para evitar rendir cuentas.
La Ley de Transparencia de Galicia, en vigor desde 2016, ha sido, en teoría, una herramienta clave para garantizar que la ciudadanía pueda fiscalizar a su gobierno. Pero bajo la administración de Alfonso Rueda, lo que empezó como una promesa de apertura se ha transformado en un muro de opacidad. En los últimos años, una de cada cuatro solicitudes de transparencia ha sido ignorada bajo el pretexto del silencio administrativo. No hablamos de decisiones complicadas ni de temas delicados; hablamos de la simple negativa a responder.
El último informe de la Valedora do Pobo es demoledor: nunca antes había habido tantos casos de silencio administrativo en Galicia. El Gobierno de Rueda está evadiendo la ley, mientras asegura estar cumpliendo con sus obligaciones. Pero la realidad es otra. El porcentaje de peticiones que se resuelven mediante el silencio administrativo ha crecido de manera alarmante en los últimos dos años, coincidiendo con la llegada de Rueda al poder. En 2023, el 25,7% de las solicitudes fueron bloqueadas sin respuesta alguna. ¿Es esto transparencia o una estrategia deliberada para ocultar información? Lo desvela Praza.gal.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: UN ATAJO A LA IMPUNIDAD
El silencio administrativo se ha convertido en la respuesta preferida de la Xunta cuando no quiere rendir cuentas. Es la fórmula perfecta para no dar explicaciones, no asumir responsabilidades y, lo más grave, para seguir operando sin ser cuestionada. En 2016, cuando la ley fue promulgada, solo un 14,6% de las peticiones fueron ignoradas. Pero bajo el mando de Rueda, ese número casi se ha duplicado. ¿Qué tiene que esconder la Xunta de Galicia?
No se trata solo de números. La Valedora do Pobo, en su último informe, ha señalado que la ley gallega de transparencia carece de mecanismos para obligar al gobierno a cumplir sus propias normativas. La comisión que debería fiscalizar la transparencia en Galicia no tiene ni los medios ni la autoridad para sancionar a quienes deciden ignorar las solicitudes de información. La impunidad con la que la Xunta bloquea información es total. Sin consecuencias, sin sanciones, sin vergüenza.
Los datos no mienten. En 2023, de las 765 solicitudes de transparencia recibidas, 197 fueron rechazadas por silencio administrativo. A eso se suman las 238 denegadas el año anterior. El patrón es claro: el Gobierno de Galicia prefiere callar antes que responder. Esto no es un descuido o un error técnico, es una estrategia consciente para evitar que la ciudadanía acceda a la información que tiene derecho a conocer. No hablamos de trivialidades, sino de temas cruciales que afectan directamente a las y los ciudadanos: medioambiente, políticas públicas, gestión de fondos, contratos con empresas privadas.
LA LEY DE TRANSPARENCIA: UNA BURLA LEGISLATIVA
La Ley de Transparencia en Galicia es, hoy por hoy, una broma de mal gusto. Una normativa sin dientes, sin capacidad de coerción y con un Gobierno que la maneja a su antojo. No es casualidad que, bajo esta ley, la Xunta haya filtrado información privada a empresas, como los datos personales de quienes pidieron acceso a información sobre un parque eólico. En lugar de proteger a la ciudadanía, la Xunta protege a sus amigos.
Las promesas de transparencia de Rueda y su equipo se desmoronan frente a los hechos. La Valedora do Pobo ha denunciado públicamente la falta de regulación que permita castigar al Gobierno por su incumplimiento. Y, sin embargo, aquí estamos, año tras año, con un porcentaje creciente de solicitudes denegadas sin siquiera ofrecer una justificación.
¿Qué sucede cuando una administración pública opta por no responder? Cuando la ciudadanía no tiene acceso a la información, la democracia se debilita. Y eso es lo que está ocurriendo en Galicia. Sin transparencia, no hay control ciudadano. Sin control ciudadano, la corrupción, el nepotismo y la gestión ineficiente campean a sus anchas. Y mientras tanto, la Xunta de Galicia sigue actuando como si estuviera por encima de la ley. ¿Hasta cuándo?
La opacidad del Gobierno de Rueda no es solo una falta de ética, es un ataque directo a los derechos democráticos de la ciudadanía. Cada solicitud ignorada es una bofetada a la cara de las y los gallegos que buscan transparencia y rendición de cuentas. Cada silencio administrativo es un acto de cobardía política. Una muestra de que la Xunta no está dispuesta a responder por sus decisiones. Y eso, en una democracia, es inadmisible.
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Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
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