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Si no se puede señalar a los responsables, ¿cómo les combatimos?
La reciente demanda interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra el periodista Xabier Fortes y colaboradores de TVE, es un recordatorio de cómo los privilegios políticos y económicos blindan a ciertos sectores ante el escrutinio público. En un acto que combina legalismo y oportunismo, González Amador busca judicializar lo que debería ser materia de debate público: su historial de fraude fiscal. Según los documentos presentados, el propio demandante admitió ante la Fiscalía haber cometido dos delitos fiscales por un total de 350.951 euros, un hecho que, lejos de desmentir, valida al denunciar su filtración.
El derecho al honor no puede ser un escudo contra la verdad. Cuando una figura vinculada al poder admite públicamente delitos fiscales, la sociedad tiene el derecho —y el deber— de exigir explicaciones, sin que ello implique persecuciones judiciales a quienes informan. Esta estrategia no es nueva: González Amador ya ha emprendido acciones similares contra figuras públicas como Reyes Maroto y María Jesús Montero, reclamando indemnizaciones que ascienden a decenas de miles de euros. Más que proteger su reputación, estas demandas parecen diseñadas para enviar un mensaje inequívoco: quien critique al poder, paga.
CENSURA ENCUBIERTA: EL PRECIO DE INFORMAR
Estas acciones legales son un golpe directo a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. En un país donde la corrupción y el fraude fiscal representan uno de los mayores desafíos estructurales, las demandas contra periodistas y figuras críticas pretenden instaurar un clima de autocensura. Según datos de la Comisión Europea, España pierde anualmente cerca de 10.000 millones de euros en ingresos por evasión fiscal, una cifra que demuestra la gravedad del problema. Si no se puede señalar a los responsables, ¿cómo combatiremos estas prácticas?
El caso de González Amador va más allá de lo anecdótico. Refleja una tendencia preocupante: la judicialización de la crítica como herramienta para proteger intereses privados. Fortes, al igual que otros periodistas, ha señalado lo obvio: un defraudador confeso es, por definición, un defraudador confeso. Sin embargo, González Amador ha recurrido al Tribunal Supremo y exige indemnizaciones de hasta 40.000 euros por «intromisión ilegítima en su derecho al honor». Este recurso judicial no solo ahoga financieramente a quienes informan, sino que establece un peligroso precedente para quienes se atreven a fiscalizar el poder.
LOS VÍNCULOS ENTRE EL PODER Y EL FRAUDE FISCAL
La impunidad del fraude fiscal no es solo una cuestión económica, sino un síntoma de desigualdad estructural. Mientras las y los trabajadores soportan una presión fiscal desproporcionada, figuras vinculadas al poder se benefician de sistemas que les permiten evadir sus responsabilidades. González Amador no es una excepción. Su cercanía con Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, abre interrogantes sobre cómo estas relaciones de poder facilitan privilegios y protecciones legales que están fuera del alcance de la ciudadanía común.
No es casualidad que esta demanda se produzca en un contexto donde los servicios públicos sufren recortes drásticos mientras los grandes capitales encuentran resquicios legales para esquivar al fisco. Según datos de Oxfam Intermón, el 1% más rico evade impuestos equivalentes al presupuesto anual de educación en España. Mientras tanto, los hospitales carecen de personal, las y los jueces trabajan con recursos insuficientes y las colas del hambre no han desaparecido tras la pandemia.
Este caso es un microcosmos de una lucha mayor: la del pueblo contra un sistema diseñado para favorecer a los poderosos. Cada euro defraudado es un euro que no llega a las aulas, a las camas de hospital o a las viviendas sociales. Y cada vez que un periodista es demandado por señalar estas injusticias, la democracia retrocede un paso.
EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN
La denuncia de González Amador contra Fortes y sus colaboradores es un intento descarado de desviar la atención de los verdaderos problemas: la desigualdad, el fraude y la corrupción estructural. Si el periodismo crítico es silenciado, ¿quién quedará para defender a las y los ciudadanos? La libertad de expresión y el derecho a la información no son negociables. Frente a los intentos de censura, el compromiso con la verdad debe ser inquebrantable.
El verdadero escándalo no es que se llame a un defraudador por su nombre, sino que aquellos que lo hacen sean perseguidos por ello.
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