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La Llorería es ya un a realidad, pero las lagrimas vienen condicionadas por la realidad y la precariedad del sector.
Esta semana se viralizaba la apertura de un nuevo local en Madrid, La Llorería, bajo el pretexto de la visibilización de los problemas de los problemas relacionados con la salud mental y en pro de la normalización de la terapia psicológica.
Sin embargo, la gran viralidad que obtuvo la campaña esconde tras de si posos de aquello mismo que eleva los niveles de inestabilidad social e individual: la precariedad.
En el último año, en España, un 40% de la población ha tenido síntomas de depresión y otro 30% problemas de ansiedad. Diversos medios han hecho hincapié en que tales consecuencias son debidas al influjo pandémico, algo cierto, aunque la falta de certidumbre maximizada dentro de una sociedad capitalista, agravada con la irrupción del COVID-19, no deja recovecos de escapatoria.
«¡A llorar a la llorería!» , se comenta por las redes sociales y, ciertamente, las condiciones laborales que propone la empresa son para echarse unas lágrimas.
A través de redes sociales, algunas personas han hecho hincapié en que los trabajadores de La Llorería ejercen como falsos autónomos, algo que se podía corroborar en los buscadores de ofertas de trabajo en Therapy Chat, empresa gestora de la emprenduría:
Tras irrumpir en redes sociales y comenzar a llover críticas esta sería cambiada:
«Mercantiliza el trabajo del psicólogo sanitario hasta límites insospechados. El glovo de la atención psicológica. Y tienen dinero para buen marketing», expresaba Alejandro de Miguel Álvaro, psicólogo forense.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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