La justicia en el escaparate: el fiscal general y el juicio que desnuda al poder judicial español 

Cuando el poder se investiga a sí mismo, la verdad suele llegar esposada.

EL BANQUILLO DEL FISCAL GENERAL: UN JUICIO QUE PONE EN DUDA A LA JUSTICIA

Álvaro García Ortiz se enfrenta este miércoles al momento más incómodo de su carrera. Será el primer fiscal general del Estado en activo que declare como imputado ante el Tribunal Supremo. Se le acusa de haber filtrado a la prensa el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba dos delitos fiscales. Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel, pero tras casi 30 horas de interrogatorios y 28 testigos, no hay una sola prueba directa que lo vincule con la filtración.

El juicio, que se ha convertido en una especie de reality político-judicial, ha dejado al descubierto la porosidad de las cloacas mediáticas y la connivencia entre sectores del poder político, judicial y periodístico. Varias y varios periodistas, entre ellos profesionales de elDiario.es, declararon ante el Supremo que conocieron la confesión de Alberto González Amador antes de que el fiscal general tuviera acceso a ella. Algunos incluso presentaron pruebas documentales que acreditan que la información sobre el pacto con la Fiscalía ya circulaba días antes por las redacciones.

Ese detalle desarma la tesis central de la acusación, basada en la mera coincidencia temporal entre el momento en que García Ortiz recibe el correo y la publicación de la noticia. La Fiscalía sostiene que cuando el documento llegó a sus manos, ya no era secreto: el entorno de Ayuso y parte de la prensa lo habían convertido en arma política.

El origen del proceso es, como casi siempre, un bulo. El 13 de marzo de 2024, El Mundo publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto a la pareja de la presidenta madrileña, afirmando que se frenó “por órdenes de arriba”. El rumor fue impulsado desde el equipo de comunicación de Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez como artífice. Para contrarrestarlo, García Ortiz pidió la documentación a los fiscales implicados —un procedimiento legal llamado “dación de cuenta”— y elaboró un comunicado aclaratorio. Pero la prensa ya tenía el correo en su poder antes de que la Fiscalía lo difundiera oficialmente.

Aun así, la maquinaria del lawfare no se detuvo. Un fiscal general convertido en sospechoso, mientras quienes lanzaron la mentira se presentan como víctimas. La instrucción del juez Ángel Hurtado fue tan irregular que hasta la teniente fiscal del Estado se negó a interrogar a su superior por considerar ilegales los registros en su despacho. Hurtado fue acusado por el propio García Ortiz de actuar con “predeterminación”, de investigar con una certeza preconcebida y no con ánimo de descubrir la verdad.

El resultado: el jefe de la Fiscalía sentado en el banquillo por intentar frenar un bulo fabricado en los despachos del poder autonómico madrileño.

LOS ECOS DE FORTUNY: ENTRE EL BULO Y EL SILENCIO DE LOS DESPACHOS

La defensa de García Ortiz, representada por la Abogacía del Estado, insiste en que no existe ninguna conexión lógica entre su actuación y la publicación del correo. Argumentan que ambas cosas ocurrieron casi simultáneamente porque respondían a un mismo detonante: una ofensiva comunicativa coordinada desde la Comunidad de Madrid para desviar el foco y victimizar a la pareja de la presidenta.

Varios periodistas han ratificado ante el tribunal que la información provenía de la Fiscalía de Madrid, no de la Fiscalía General. Las actas notariales aportadas por José Manuel Romero, actual director adjunto de elDiario.es, prueban que las redacciones de El País y otros medios ya manejaban la historia mucho antes del 13 de marzo.
Sin embargo, la acusación ha convertido un borrado de móvil en su principal argumento político y mediático. Una semana después de que el Supremo abriera la causa, el fiscal general cambió de teléfono, y la Guardia Civil constató la eliminación de sus mensajes. La defensa lo explica como un borrado periódico para proteger información sensible del cargo. La acusación lo presenta como un acto deliberado de destrucción de pruebas. La duda mediática pesa más que la evidencia.

La UCO, que ejecutó los registros y elaboró los informes, también ha quedado en entredicho. Sus agentes deberán responder ante el tribunal por haber omitido el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en sus informes clave. La Guardia Civil, la prensa y los jueces: un triángulo de poder donde la verdad se difumina en la niebla institucional.

En esta recta final, García Ortiz está solo. Sus dos colaboradores, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, ya no comparten banquillo. Los siete magistrados del Supremo, encabezados por Andrés Martínez Arrieta, han mantenido un perfil bajo y pocas preguntas. Demasiadas piezas encajan para que el espectáculo continúe, pero ninguna lo suficiente para sostener una condena.

“No. Rotundamente no”, repitió el fiscal general ante el juez de instrucción, negando haber filtrado el correo o haber ordenado hacerlo. Lo volverá a decir hoy. Pero más allá de su suerte judicial, el juicio ha revelado algo más profundo: la fragilidad de la independencia del Ministerio Público cuando el poder político y mediático necesita un enemigo.

Lo que está en juego no es solo un nombre. Es el uso de la justicia como campo de batalla política, el lawfare institucionalizado, el espectáculo judicial convertido en arma partidista. Si el fiscal general cae por oponerse a un bulo, ¿qué esperanza queda para quienes no tienen tribuna, ni micrófono, ni toga?

España está viviendo un proceso donde la mentira tiene asiento reservado y la verdad necesita salvoconducto.