Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La especulación con la vivienda ha destruido el derecho a un techo digno. Ahora, los mismos que se enriquecen con ella quieren hacernos creer que prohibirla es “inconstitucional”.
EL DERECHO A VIVIR, NO A ESPECULAR
El precio del ladrillo en Catalunya no sube por arte de magia, sino por el saqueo organizado de fondos buitre, promotoras y bancos. Hoy se discute en el Parlament si debería prohibirse la compra de viviendas con fines especulativos. Pero ese debate, en una sociedad mínimamente decente, ni siquiera tendría que existir.
El informe jurídico del abogado Pablo Feu, encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, fue una bomba en la línea de flotación del negocio inmobiliario. Su conclusión era clara: las administraciones no solo pueden, sino que están obligadas a impedir las compras especulativas de vivienda, porque esas operaciones generan una infracción estructural del urbanismo y vulneran el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. No se trata de una utopía, sino de una obligación legal.
El documento sostiene que, en zonas tensionadas, las viviendas deberían destinarse únicamente a residencia habitual del comprador o a alquiler regulado. En otras palabras, si no vas a vivir en el piso, no lo compres. La vivienda no es un activo financiero, es un derecho humano.
El informe reventó los cimientos del dogma neoliberal. De inmediato, las fuerzas políticas se posicionaron. La CUP exigió al president Salvador Illa que estudiara la medida. Los Comuns la hicieron bandera, y ERC pidió que se presentara una ley antes de 2026. Mientras tanto, Junts y el PP corrieron a blindar el negocio llevándola al órgano de garantías del Parlament. El reflejo fue automático: cuando alguien toca la especulación, el poder se defiende.
LA PROPIEDAD COMO RELIGIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA COMO HEREJÍA
El texto de los Comuns propone que cualquier vivienda en zona tensionada solo pueda destinarse a uso habitual, propio o en alquiler, y que los bloques comprados por una persona o empresa deban ponerse en alquiler regulado en un plazo máximo de 12 meses. Incluso contempla excepciones razonables, como permitir una segunda vivienda fuera del municipio principal. Es decir, se trata de una medida limitada, temporal y jurídicamente sólida.
Aun así, el sector inmobiliario reaccionó con histeria. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), los promotores de la APCE y los colegios de administradores de fincas denunciaron que la norma haría “irreconocible” el derecho a la propiedad privada. Llaman “derecho” a la acumulación y “abuso” a la justicia. Argumentan que limitar la especulación agravará el acceso a la vivienda, cuando son ellos los que han creado un mercado imposible para las y los trabajadores.
El Ayuntamiento de Barcelona, presionado por los Comuns, ha aprobado estudiar los instrumentos urbanísticos necesarios para aplicar la medida en seis meses. ERC logró además una comisión específica para impedir estas compras especulativas. Incluso el teniente de alcaldía Jordi Valls lo admitió sin rodeos: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.
Pero no debería “quedarse”. Debería resolverse. Porque mientras el Parlament “estudia” y las comisiones “analizan”, las familias son expulsadas de sus barrios por fondos como Blackstone o Azora. Miles de jóvenes catalanes se marchan porque no pueden pagar un alquiler en su ciudad natal. Y los que se quedan, hipotecan su vida entera por un techo.
El discurso de la “propiedad privada” se usa como dogma de fe para justificar la desigualdad. No hay libertad posible si el derecho a la vivienda depende de los beneficios de los propietarios. El capitalismo inmobiliario ha convertido el hogar en un producto financiero. La vivienda se compra y se vende como si fuera oro. Y los gobiernos, en lugar de intervenir, se limitan a “regular el abuso”, como quien negocia con un ladrón el número de bolsillos que puede vaciar.
En Catalunya, 2025 debería ser el año en que la política se atreva a mirar de frente a los especuladores. No con “mesas de estudio”, sino con leyes que devuelvan la vivienda a quienes la habitan. Porque el mercado no tiene hambre, pero las personas sí tienen frío.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.