Catalunya y el debate que no debería ni existir 

La especulación con la vivienda ha destruido el derecho a un techo digno. Ahora, los mismos que se enriquecen con ella quieren hacernos creer que prohibirla es “inconstitucional”.

EL DERECHO A VIVIR, NO A ESPECULAR

El precio del ladrillo en Catalunya no sube por arte de magia, sino por el saqueo organizado de fondos buitre, promotoras y bancos. Hoy se discute en el Parlament si debería prohibirse la compra de viviendas con fines especulativos. Pero ese debate, en una sociedad mínimamente decente, ni siquiera tendría que existir.

El informe jurídico del abogado Pablo Feu, encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, fue una bomba en la línea de flotación del negocio inmobiliario. Su conclusión era clara: las administraciones no solo pueden, sino que están obligadas a impedir las compras especulativas de vivienda, porque esas operaciones generan una infracción estructural del urbanismo y vulneran el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. No se trata de una utopía, sino de una obligación legal.

El documento sostiene que, en zonas tensionadas, las viviendas deberían destinarse únicamente a residencia habitual del comprador o a alquiler regulado. En otras palabras, si no vas a vivir en el piso, no lo compres. La vivienda no es un activo financiero, es un derecho humano.

El informe reventó los cimientos del dogma neoliberal. De inmediato, las fuerzas políticas se posicionaron. La CUP exigió al president Salvador Illa que estudiara la medida. Los Comuns la hicieron bandera, y ERC pidió que se presentara una ley antes de 2026. Mientras tanto, Junts y el PP corrieron a blindar el negocio llevándola al órgano de garantías del Parlament. El reflejo fue automático: cuando alguien toca la especulación, el poder se defiende.

LA PROPIEDAD COMO RELIGIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA COMO HEREJÍA

El texto de los Comuns propone que cualquier vivienda en zona tensionada solo pueda destinarse a uso habitual, propio o en alquiler, y que los bloques comprados por una persona o empresa deban ponerse en alquiler regulado en un plazo máximo de 12 meses. Incluso contempla excepciones razonables, como permitir una segunda vivienda fuera del municipio principal. Es decir, se trata de una medida limitada, temporal y jurídicamente sólida.

Aun así, el sector inmobiliario reaccionó con histeria. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), los promotores de la APCE y los colegios de administradores de fincas denunciaron que la norma haría “irreconocible” el derecho a la propiedad privada. Llaman “derecho” a la acumulación y “abuso” a la justicia. Argumentan que limitar la especulación agravará el acceso a la vivienda, cuando son ellos los que han creado un mercado imposible para las y los trabajadores.

El Ayuntamiento de Barcelona, presionado por los Comuns, ha aprobado estudiar los instrumentos urbanísticos necesarios para aplicar la medida en seis meses. ERC logró además una comisión específica para impedir estas compras especulativas. Incluso el teniente de alcaldía Jordi Valls lo admitió sin rodeos: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.

Pero no debería “quedarse”. Debería resolverse. Porque mientras el Parlament “estudia” y las comisiones “analizan”, las familias son expulsadas de sus barrios por fondos como Blackstone o Azora. Miles de jóvenes catalanes se marchan porque no pueden pagar un alquiler en su ciudad natal. Y los que se quedan, hipotecan su vida entera por un techo.

El discurso de la “propiedad privada” se usa como dogma de fe para justificar la desigualdad. No hay libertad posible si el derecho a la vivienda depende de los beneficios de los propietarios. El capitalismo inmobiliario ha convertido el hogar en un producto financiero. La vivienda se compra y se vende como si fuera oro. Y los gobiernos, en lugar de intervenir, se limitan a “regular el abuso”, como quien negocia con un ladrón el número de bolsillos que puede vaciar.

En Catalunya, 2025 debería ser el año en que la política se atreva a mirar de frente a los especuladores. No con “mesas de estudio”, sino con leyes que devuelvan la vivienda a quienes la habitan. Porque el mercado no tiene hambre, pero las personas sí tienen frío.