Jorge Fernández no presentará el cryptoevento de una empresa sin licencia y chiringuitos financieros: «Se ha informado» 

Alberto Núñez Feijóo fue a El Hormiguero el 18 de junio a hacer lo que mejor se le da cuando el terreno está mullido: presentarse como el adulto responsable de una política que, casualmente, siempre tiene la culpa en casa ajena. Pablo Motos le preguntó si, cuando era presidente de la Xunta, le habían regalado algo y se lo había quedado. Feijóo bajó la mirada, destapó el bolígrafo, dibujó una línea sobre el folio y soltó la frase: “Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Xunta es regular eso. En la Xunta nadie puede aceptar un regalo por encima de 90 euros”.

Bonito. Limpio. Televisivo. Falso por omisión.

Feijóo llegó a la Xunta en 2009. El código ético que limitaba los regalos se aprobó en el verano de 2014. Es decir: cinco años después. Cinco años no son un matiz. Son una legislatura larga, una memoria convenientemente borrada y una coartada servida en plató con cara de gestor serio. No fue “lo primero” que hizo. Fue algo que hizo cuando ya olía demasiado a podrido alrededor.

Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.

Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.

La Unión Europea vuelve a jugar a ser potencia imperial justo cuando más se le ven las costuras. El debate sobre China, que se discutirá en la cumbre europea del 18 y 19 de junio en Bruselas, no es una pelea entre España y Francia. Esa es la lectura cómoda, la de tertulia con banderitas. La disputa real es otra: diplomacia económica o seguidismo suicida de la lógica de bloques. Negociar con una potencia de la que dependes o fingir que puedes golpear la mesa sin que se te caiga encima la fábrica entera.

Los datos son brutales. El déficit comercial de la UE con China llegó a 360.000 millones de euros en 2025. En el primer trimestre, el agujero se amplió hasta casi 95.000 millones, frente a los 88.400 millones del mismo periodo anterior. China exporta más, Europa compra más y luego algunas y algunos dirigentes europeos se suben a un atril a llamar “soberanía” a depender de componentes, minerales, baterías, tecnología y manufacturas que no controlan. Europa se cree imperio, pero compra las piezas en China.

Kohen Wiley tenía un año. No era una amenaza. No era un sospechoso. No era una “situación de riesgo”. Era un bebé dentro de un vehículo en el aparcamiento de un Walmart de Senatobia, Mississippi. Y está muerto porque un agente disparó durante una actuación policial originada por una denuncia de supuesto hurto. El presunto motivo inicial: una caja de pañales.

Spanish Revolution estrena la primera parte del reportaje “¿Puede la ULTRADERECHA ganar la BATALLA CULTURAL?”, presentado por Patricia Salvador. Y la pregunta no es menor. Tampoco es una provocación para redes. Es una advertencia política en mitad de una época en la que la extrema derecha ya no necesita presentarse siempre con el uniforme completo. A veces le basta con hablar de “libertad”, “familia”, “patria”, “seguridad” o “sentido común” mientras va vaciando esas palabras de contenido democrático.