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Cuando ondear una bandera se convierte en delito mientras se normaliza un genocidio.
CRIMINALIZAR LA SOLIDARIDAD
El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, ha decidido convertir un gesto simbólico en una amenaza penal. El 27 de agosto de 2025, tras el boicot de un reducido grupo de manifestantes propalestinos al equipo Israel Premier Tech en la quinta etapa en Figueres (Girona), Guillén declaró con solemnidad que aquello era “un acto de violencia” y que se denunciaría ante la policía. El poder ciclista, con el beneplácito institucional, sitúa a quienes ondean una bandera palestina al mismo nivel que a quienes golpean o destruyen.
Los hechos fueron simples. Varias personas desplegaron una pancarta con el lema “La neutralidad es complicidad. Boicot a Israel” e intentaron frenar unos segundos el avance del equipo israelí. No hubo agresiones, no hubo daños, ni un solo herido. Pero el relato oficial se fabricó al instante: violencia. Y cuando se pronuncia esa palabra mágica, todo lo demás sobra. Guillén insistió en que cualquier reivindicación debe “canalizarse por cauces pacíficos”. Lo dijo tras criminalizar una acción que, en sí misma, fue pacífica.
La paradoja es evidente. Protestar contra un Estado acusado en la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra se convierte en delito. Patrocinar un equipo con dinero de un millonario íntimo de Netanyahu se convierte en mérito deportivo.
EL DEPORTE COMO CORTINA DE HUMO
El equipo Israel Premier Tech no es un club cualquiera. Es un proyecto político con maillot, nacido del bolsillo de Sylvan Adams, magnate israelí y amigo personal de Netanyahu. Su presencia en La Vuelta no es una anécdota deportiva sino una operación de blanqueo internacional. Guillén lo sabe. Lo reconocía hace apenas una semana en una entrevista con Mundo Deportivo, donde admitía la polémica pero se excusaba con la frase de manual: “está clasificado por méritos deportivos”. Como si el ciclismo fuese inmune a la geopolítica, como si las rutas de montaña pudieran ser neutras en medio de un genocidio televisado.
El boicot deportivo ha sido históricamente un arma de resistencia legítima. Sudáfrica lo sufrió durante el apartheid y contribuyó a su derrumbe. Hoy, Palestina lo reclama ante un asedio de más de 22 meses que ya ha arrasado hospitales, escuelas y viviendas. Naciones Unidas ha documentado decenas de miles de muertes civiles. Sin embargo, para Guillén y para quienes se sientan a su lado en la foto —la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto—, el problema no es que un Estado bombardee sin descanso. El problema es que unas personas muestren una pancarta en la carretera.
El director de La Vuelta apeló a la “seguridad de los deportistas”. Pero lo que realmente está en juego es la seguridad del negocio. Patrocinadores, acuerdos televisivos, imagen corporativa. El deporte global se ha convertido en un gigantesco departamento de relaciones públicas de los Estados más cuestionados del planeta. Arabia Saudí compra finales de fútbol, Catar celebra Mundiales, Israel pedalea por Europa.
No hay neutralidad posible cuando se elige entre el silencio cómplice y el boicot. Guillén ha elegido la represión. Y con ello ha firmado que, para La Vuelta, levantar una bandera palestina pesa más que los cadáveres enterrados bajo los escombros de Gaza.
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