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Cuatro meses después de recibir la denuncia por abusos sexuales, Roma prepara el relevo de Rafael Zornoza. El prelado, que suma una larga lista de polémicas, seguirá vistiendo sotana mientras su víctima espera justicia.
LA IMPUNIDAD VESTIDA DE SOTANA
El Vaticano ha decidido mover ficha, pero el tablero ya está manchado. Rafael Zornoza, el llamado “obispo señorito” de Cádiz, será relevado tras cuatro meses de silencio cómplice y un año y medio de prórroga en el cargo, pese a haber presentado su renuncia al cumplir los 75 años. Roma la rechazó, y con ello avaló que un obispo denunciado por abusos sexuales siguiera oficiando misas, presidiendo actos y recibiendo honores.
La denuncia, presentada directamente ante la Santa Sede por falta de confianza en los canales españoles, describe episodios ocurridos en los años noventa, cuando Zornoza era rector del seminario de Getafe. El testimonio del superviviente es demoledor: “Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba”. Desde julio, el caso está en manos del dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal Española han tomado medidas cautelares. Zornoza, enfermo según su propia diócesis, continúa en el cargo mientras “atiende un tratamiento oncológico” del que nadie supo nada hasta que estalló el escándalo.
Expertos en derecho canónico consultados por elDiario.es aseguran no comprender cómo la Santa Sede ha permitido que un obispo bajo investigación siga ejerciendo. España es el único país con un tribunal eclesiástico propio (la Rota), dependiente de la Nunciatura, que ahora deberá decidir si hay base para un proceso canónico. Roma podría actuar antes de la llegada del nuevo nuncio, Piero Pioppo, prevista para diciembre. En los pasillos eclesiásticos ya suena un nombre para el relevo: Francisco Jesús Orozco, actual obispo de Guadix.
Mientras tanto, el silencio es la norma. Ni la diócesis de Cádiz ni la Conferencia Episcopal ofrecen explicaciones. El presidente de la CEE, Luis Argüello, se ha limitado a calificar la denuncia de “verosímil”, pero a la vez pidió empatía “tanto con la posible víctima como con un obispo acusado falsamente”. Ese equilibrio hipócrita, ese lenguaje calculado que iguala el sufrimiento de un menor con el de su agresor, es la raíz del problema. La Iglesia católica no se ha desmarcado del agresor, sino del escándalo.
UN SISTEMA QUE PROTEGE A LOS SUYOS
No se trata solo de Zornoza. Se trata del poder que lo protege. Cada obispo acusado revela un sistema que antepone la reputación de la institución al derecho a la verdad, y que sigue gestionando internamente delitos que deberían estar en manos de la justicia civil. Roma investiga, pero la justicia eclesiástica no repara: administra daños de imagen. Cuatro meses de espera son una eternidad para quien carga con un trauma de tres décadas.
El Gobierno, consciente de la magnitud del desastre moral, ha prometido un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con participación directa de las víctimas. El ministro Félix Bolaños se ha reunido con veintidós asociaciones para avanzar hacia un modelo que obligue a la Iglesia a pagar las compensaciones. El objetivo es cumplir las recomendaciones del Defensor del Pueblo y garantizar que las víctimas tengan voz y voto, algo que el programa eclesiástico Priva nunca logró. Aun así, las supervivientes no confían: “El Gobierno sigue comprometido, pero las víctimas no podemos esperar más”, advirtieron tras el encuentro.
Mientras se negocian sistemas, protocolos y fondos, el daño sigue vivo. No hay reparación posible si el agresor continúa protegido por su sotana. No hay credibilidad si la institución que predica la moral se comporta como una corporación que defiende a sus altos ejecutivos. La Iglesia española acumula más de 1.300 casos de abusos y ninguna condena ejemplar a un obispo en ejercicio.
La posible destitución de Zornoza no será un acto de justicia, sino de cálculo. Roma quiere cerrar el caso antes de Navidad, limpiar el altar antes de que llegue el nuevo nuncio, pero la limpieza que necesita la Iglesia no es litúrgica, es estructural. Cada silencio clerical, cada comunicado que iguala víctima y victimario, cada cura que calla sabiendo, son parte del mismo pecado institucional.
El problema no es que el Vaticano actúe tarde. Es que nunca actúa cuando no hay escándalo público. La fe no prescribe, pero el dolor sí se pudre. Y cuando la Iglesia calla, Dios parece cómplice.
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