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La Conferencia Episcopal no se presentó al acto de conciliación por la filtración de datos de supervivientes y ahora afronta una demanda millonaria.
UNA HERIDA ABIERTA EN LAS AULAS Y EN LOS TEMPLOS
Las víctimas de abusos por parte de sacerdotes y religiosos en España no solo han tenido que cargar con el trauma del silencio y la impunidad durante décadas. También han soportado el desprecio sistemático de la institución que debería haberles protegido. Cuando la Iglesia prometió transparencia, entregó opacidad; cuando juró reparación, sirvió indiferencia.
Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó en su propia web la identidad de 45 personas que habían denunciado abusos. Hombres y mujeres que habían confiado sus relatos íntimos y dolorosos a una auditoría, vieron expuestos sus nombres en un escaparate digital. La institución que durante siglos levantó murallas de silencio, de repente, decidió colgar sus vidas en internet como si fueran mercancía.
El escándalo estalló en torno al informe titulado Para dar luz. Un título perverso. No arrojaba claridad, sino sombra. Los obispos lo fabricaron a toda prisa para tapar la vergüenza de no publicar la auditoría externa encargada —y pagada con más de un millón de euros— al bufete Cremades & Calvo Sotelo. Lo que debía ser un gesto de reparación se convirtió en una nueva forma de violencia simbólica: una revictimización con nombre y apellidos, en la que la privacidad fue triturada.
El asunto fue investigado por la Agencia Española de Protección de Datos, que advirtió sanciones de hasta 20 millones de euros. Pero la vía penal se cerró en falso. La Iglesia volvió a salir indemne de un proceso judicial.
LOS OBISPOS SE ESCONDEN, LAS VÍCTIMAS DENUNCIAN
El 26 de agosto de 2025 estaba convocado un acto de conciliación en una notaría de Madrid. Allí debían estar la Conferencia Episcopal, el bufete Cremades y la representación de las víctimas. Acudieron todas las partes excepto una: los obispos. Ni un rostro, ni una palabra, ni un gesto. Solo la ausencia como respuesta institucional. El poder eclesial prefiere el vacío a la responsabilidad.
Como recoge Jesús Bastante en ElDiario.es (fuente), el abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez Ferrero, confirmó que ya se prepara una demanda civil millonaria. Una acción judicial inédita en España, que reclamará indemnización por vulneración del derecho al honor y a la intimidad.
La Conferencia Episcopal, fiel a su guion, ha intentado cargar las culpas en Cremades. El bufete, por su parte, sostiene que entregó un documento de uso interno y que jamás lo habría hecho público sin anonimizar los testimonios. Ambos se señalan mutuamente mientras las víctimas siguen esperando una reparación que nunca llega.
Los nombres que jamás debieron salir a la luz no son un accidente administrativo. Son la muestra de una Iglesia que sigue gestionando el dolor con la lógica de un despacho de abogados. Una institución que usa la cruz como escudo contra la justicia civil y que confunde perdón con impunidad.
Las víctimas han hablado claro: confiaron una vez más en la Iglesia, entregaron su memoria más dolorosa, y fueron traicionadas. Esta vez no callarán. Están dispuestas a llevar a los tribunales a una institución que se cree por encima de la ley.
Porque lo que se reclama no es solo dinero. Lo que se exige es dignidad, reconocimiento y justicia frente a una jerarquía que durante siglos se ha creído intocable.
El silencio episcopal ya no tapa nada.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.