La doble moral del PP 

Cuando el acusado es ajeno, piden cabezas; cuando es propio, piden paciencia

El 18 de febrero, el ‘número dos’ de la Policía Nacional, José Ángel González, presentó su dimisión apenas minutos después de que se hiciera pública una querella por agresión sexual interpuesta por una subordinada. La denuncia señalaba hechos ocurridos el 23 de abril de 2025 y una querella registrada el 9 de enero de 2026. La reacción del Ministerio del Interior fue inmediata. La del Alberto Núñez Feijóo también, pero en otro sentido: no solo pidió el cese, sino la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, insinuando encubrimiento sin aportar prueba alguna.

La presunción de inocencia se convierte en arma arrojadiza cuando conviene y en estorbo cuando afecta a los suyos. Esa es la fotografía política que deja este episodio.

El PP elevó el tono en el Congreso acusando al ministro de “no creerse” que desconociera los hechos. Sin embargo, el mismo partido que exige responsabilidades inmediatas en el Gobierno guarda una prudencia casi exquisita cuando las denuncias afectan a cargos propios. No es una cuestión menor. Es un patrón.

EL CASO MÓSTOLES Y LA LEY DEL EMBUDO

Mientras el PP exigía dimisiones fulminantes en Interior, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, continúa en su cargo pese a la denuncia de una exconcejala que le acusó de acoso tras rechazar una relación sentimental. La denunciante dimitió. Una trabajadora municipal también abandonó su puesto alegando la “veracidad” de los hechos. El partido cerró su investigación interna tras entrevistar presencialmente solo al alcalde y comunicarse con la denunciante por correo electrónico.

No hubo petición de dimisión. No hubo acusaciones públicas de encubrimiento. No hubo dramatización parlamentaria.

El precedente histórico tampoco ayuda al relato de coherencia. El caso de Nevenka Fernández, que denunció al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, hace ya 25 años, evidenció cómo el partido prefirió cerrar filas con el poder antes que con la víctima. Nevenka ganó en los tribunales. El sistema no estuvo a su lado.

La asimetría se repite con nombres recientes. Cuando salieron a la luz denuncias contra figuras como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, el PP convirtió esos casos en munición política permanente. Lo mismo ocurrió con el asesor socialista Francisco Salazar. Aunque no existiera condena firme, el reproche fue absoluto. Se cuestionó al partido entero. Se habló de hipocresía feminista. Se exigieron responsabilidades estructurales.

Cuando el señalado pertenece a la izquierda, la culpa es colectiva. Cuando es del PP, el problema es procesal.

Esa doble vara se extiende incluso al ámbito cultural. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso defendió públicamente a Julio Iglesias tras denuncias conocidas, llamando a no participar en “linchamientos”. La cautela no fue la misma ante otros nombres vinculados ideológicamente a posiciones progresistas. En el pasado ocurrió algo similar con Plácido Domingo, cuya defensa inicial contrastó con la contundencia verbal aplicada a dirigentes de otros partidos.

El feminismo se invoca como arma electoral, no como principio ético.

La estrategia es evidente. Cuando el escándalo afecta al Gobierno central, se exige dimisión inmediata y se sugiere trama de encubrimiento. Cuando la denuncia golpea en casa, se apela a la prudencia judicial. El PP pregunta cómo es posible que Marlaska no supiera nada de la querella registrada el 9 de enero. Pero no aplica la misma lógica a sus estructuras territoriales. Tampoco explica por qué en casos municipales se pide silencio hasta resolución judicial mientras en el Congreso se dictan sentencias políticas sin esperar investigación.

No se trata de minimizar ninguna denuncia. Al contrario. Las agresiones sexuales requieren investigación rigurosa, protección efectiva a las denunciantes y responsabilidad política coherente. Lo que erosiona la confianza pública no es que se exijan dimisiones. Es que se exijan solo cuando conviene.

El debate de fondo no es partidista. Es institucional. Si el listón es alto, debe serlo para todas y todos. Si la presunción de inocencia es sagrada, debe aplicarse sin ideología. Si la protección a las víctimas es prioritaria, no puede modularse según siglas.

En las elecciones del 23 de julio de 2023, el voto de las mujeres fue decisivo. El PP sabe que el feminismo es un campo de batalla electoral. Por eso utiliza cada caso como ariete contra la izquierda. Lo que no asume es que la coherencia también se vota.

La pregunta no es si Marlaska sabía o no. La pregunta es por qué el mismo rasero no se aplica a Móstoles.

Cuando la ética depende del color del carné, lo que está en juego no es un cargo, es la credibilidad democrática.