El PSdeG ha denunciado que «15 años después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica sigan existiendo simbologías fascistas en el entorno cuando existe una norma que lo prohíbe»
Feijóo ha emprendido su nuevo camino hacia Madrid con un espíritu renovador, pero tras de sí tan solo deja tierra quemada y el incumplimiento de la legislación sobre Memoria Histórica en Galicia es solo un ejemplo de ello.
Este domingo, la portavoz de Memoria Histórica del Grupo Socialista, Paloma Castro, ha denunciado el «incumplimiento» de la legislación sobre Memoria Histórica por parte de la Xunta de Galicia al «mantener simbología fascista en Galicia».
Castro ha lamentado que 15 años después de la aprobación de esta norma sigan existiendo simbologías fascistas en el entorno, tras presentar una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia sobre esta cuestión.
La portavoz de Memoria Histórica del Grupo Socialista considera «necesario y urgente» que se cumpla el acuerdo parlamentario de 2008 en el que se instaba a la Xunta a eliminar «toda simbología fascista» y suprimir los nombres que hagan referencia a personas partidarias de la dictadura de los edificios.
«Muchos símbolos franquistas aún persisten en fachadas, muros y otros elementos de edificios en Galicia. Esto deja entrever la dejadez del Gobierno de Feijóo en materia de memoria histórica, que elude su responsabilidad sobre esta cuestión», ha señalado.
«Incluso tiene la obligación legal de controlar, instar y multar a quien mantenga esta simbología en una construcción privada», ha añadido.
En esta línea, Castro ha instado al Gobierno gallego a elaborar un informe técnico donde se relacione toda la simbología fascista aún presente, así como la propiedad de los inmuebles «para poder dar cumplimiento al acuerdo plenario y a la legislación vigente».
La ley, aprobada en 2007, «buscaba reconocer y ampliar derechos y establecer medidas en favor de quien padece la persecución o la violencia durante la guerra civil y la dictadura». «Además de una obligación legal, es una obligación moral reconocer a tantas personas que sufrieron la represión», ha recordado.
Defensa se niega a retirar nombres franquistas del Arsenal de Ferrol
El pasado mes de febrero, el colectivo de presos y presas políticas de Ferrol en la dictadura ha presentado al fiscal jefe de Galicia una denuncia contra el Ministerio de Defensa al considerar que incumple de forma reiterada la Ley de Memoria Histórica al negarse a retirar la simbología franquista que se encuentra en el Arsenal militar de Ferrol. Allí aún se conservan 13 calles con nombres de militares franquistas, tal y como recoge la SER.
El colectivo presentó hace más de un año un escrito al Ministerio informando de esta situación y pidiendo la retirada de esos nombres y Defensa respondió que después de revisar la situación no veía motivo para retirar el callejero.
El representante del colectivo ha señalado que la Fiscalía ha aceptado la denuncia e iniciará las actuaciones correspondientes y advierte que no van a parar hasta que se respete la ley y a las víctimas del franquismo.
Además, asegura que no entiende que Defensa acepte cambiar el nombre de un colegio y no en una calle del Arsenal y considera que es un situación excepcional, que no se da en ningún otro país democrático de Europa.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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