La Andalucía que sangra por dentro: 56.000 voces contra el desmantelamiento sanitario 

El pueblo andaluz vuelve a la calle: la sanidad no se vende, se defiende.

EL NEGOCIO DE LA ENFERMEDAD

Más de 56.000 andaluces y andaluzas llenaron las calles de las ocho capitales para gritar lo que la Junta de Andalucía intenta ocultar tras ruedas de prensa y cifras maquilladas: la sanidad pública está siendo desangrada a propósito.
Málaga fue el epicentro, con 20.000 manifestantes, seguida de Sevilla con más de 12.000 y Granada con 11.000. No fueron números, fueron gritos. Mujeres, enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, familias enteras. Todos clamando contra lo que ya no es una “mala gestión”, sino un plan meticuloso de privatización.

El detonante fue el escándalo de los cribados de cáncer de mama, una negligencia institucional que dejó a miles de mujeres sin recibir sus resultados desde abril de 2021. El silencio administrativo se convirtió en una sentencia de muerte para muchas. Las mareas blancas lo llaman “la punta del iceberg”, y no exageran: listas de espera eternas, hospitales colapsados, atención primaria desbordada y contratos temporales que duran menos que una consulta.

Los sindicatos CCOO, UGT y Mareas Blancas no hablan ya de deterioro, sino de desmantelamiento planificado. Lo hacen con pruebas: el gasto sanitario público por habitante en Andalucía sigue siendo de los más bajos del Estado, mientras el presupuesto destinado a conciertos con empresas privadas no deja de crecer. En 2024 superó los 1.000 millones de euros, según datos del propio presupuesto andaluz.

Y mientras tanto, Juan Manuel Moreno Bonilla se autoproclama líder ejemplar con un 99,5 % de apoyo interno. Un dato que da más miedo que orgullo. En su discurso habló de “errores”, pero no pronunció una sola vez la palabra “mamografía”. Dijo que la sanidad “funciona” y que “salva vidas”. Pero los datos lo desmienten: los recortes en atención primaria, la externalización de servicios y la huida del personal sanitario hacia otras comunidades son la radiografía de un modelo que no cura, sino que factura.

EL GRITO DE QUIENES YA NO CONFÍAN

Las calles andaluzas hablaron con una voz que la Junta no puede silenciar: “Nuestras vidas no pueden esperar”.
Una mujer lo resumió ante los micrófonos: “Queremos morir de viejas, no de cáncer”. No es una metáfora, es una denuncia. Las consecuencias del fallo en los cribados son concretas, con nombres y apellidos, con familias que no supieron que tenían un tumor hasta que fue demasiado tarde.

El movimiento sanitario andaluz se ha convertido en el corazón moral de la resistencia social. Frente a un gobierno que privatiza con lenguaje de eficiencia, la ciudadanía defiende con pancartas lo que es de todos. Porque la salud no es un servicio, es un derecho.
Y ese derecho está siendo vendido pieza a pieza: desde los hospitales que externalizan diagnósticos hasta los centros de salud convertidos en máquinas de derivar pacientes al sector privado.

Mientras Satse y CSIF se desmarcan por “desacuerdos organizativos”, las mareas blancas saben que el verdadero desacuerdo está en la calle: el pueblo frente al negocio. La lógica neoliberal que gobierna Andalucía considera que la salud debe generar beneficios, no bienestar. Y eso lo cambia todo.

Lo que antes era un sistema sanitario público, universal y garantista, se está transformando en una red de contratos para empresas privadas, donde las urgencias se colapsan y las citas médicas se programan con meses de espera. El deterioro es tan evidente que ni siquiera la propaganda institucional consigue ocultarlo.

Andalucía, la tierra que parió médicos rurales que atendían con lo que tenían y enfermeras que se jugaban la vida en pandemia, ahora ve cómo sus profesionales se marchan a otras comunidades porque aquí la precariedad se paga con vocación.

Moreno Bonilla promete más medios y más inversión, pero los hechos lo contradicen: la ratio de profesionales sanitarios por habitante sigue por debajo de la media estatal, y el presupuesto real en atención primaria apenas creció un 3 % en 2025, muy lejos del 25 % recomendado por la OMS para reforzar el sistema público.

En un país donde los hospitales ya se gestionan como empresas, las manifestaciones del domingo no fueron solo una protesta: fueron una advertencia colectiva.
Porque cuando las y los trabajadores de la salud se plantan, no lo hacen por ideología, sino por supervivencia.

La Junta puede seguir repitiendo que “todo funciona”.
Pero las calles, una vez más, demostraron lo contrario.
Y cuando la gente sale por su salud, lo que se está defendiendo es la vida misma.