La declaración tributaria presentada este miércoles por Juan Carlos I no está relacionada con bienes en el extranjero sino con el presunto uso de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano y de las que se habrían beneficiado tanto él como algunos de sus familiares
Este miércoles, Juan Carlos I, ha presentado una declaración tributaria «sin requerimiento previo» y ha pagado 678.393,72 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Así lo ha informado en un escueto comunicado remitido a EFE su abogado, Javier Sánchez-Junco, que añade que en cualquier caso Juan Carlos continúa, «como siempre ha estado», a disposición del Ministerio Fiscal «para cualquier trámite o actuación que considere oportunos».
La presentación de esta declaración por parte del rey emérito, que abandonó España el pasado agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos, no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el presunto uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, y de las que se habrían beneficiado tanto el rey emérito como algunos de sus familiares.
El uso de esas cuentas tuvo lugar entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos I ya había abdicado y había perdido la inviolabilidad.
Técnicos de Hacienda, han señalado a RTVE que esta regularización exime al rey emérito de delito fiscal, pero no de otro posible delito aparejado al uso u origen de estos fondos y advierten de que si se destaparan más fondos que no han sido declarados al fisco esta regularización quedaría anulada.
Este asunto de las tarjetas bancarias con fondos opacos está siendo investigado por la Fiscalía junto a otras dos causas: las posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo y un presunto delito de blanqueo de capitales.
Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros escondidos en una cuenta activa en la isla de Jersey
Según una exclusiva de laSexta, el rey emérito tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, un dinero que habría intentado mover recientemente.
Esta noticia se ha destapado tras la alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que ha saltado recientemente, por la cual se sospecha que se ha intentado mover dinero de esa cuenta recientemente. Fuentes jurídicas confirmaron a laSexta que el Sepblac estaba al corriente de la existencia de esta cuenta y del dinero que había en ella.
Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido respetar los derechos del rey emérito como contribuyente y ha recalcado su presunción de inocencia, Unidas Podemos ve acreditado que el rey emérito defraudó a Hacienda tras la «vergüenza internacional» de presentar esta declaración y le ha acusado de intentar «comprarse impunidad para él y toda la trama real». «No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. Debe responder penalmente por sus actos y compensar a la ciudadanía todo lo defraudado», ha escrito Jaume Asens en Twitter.
Pablo Echenique, también se ha pronunciado al respeto y ha dicho que esa cantidad equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y que su situación ante hacienda es «uno de los pufos que tiene». «Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos… Menuda vergüenza internacional».
Íñigo Errejón, líder de Más País, ha apuntado a través de Twitter que: «El pueblo español es mayor de edad y merece una explicación. El Gobierno no puede seguir siendo cómplice de este circo. Volveremos a pedir transparencia desde el Congreso».
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha entrado a valorar el pago del rey emérito. «No quiero hacer ningún comentario sobre el rey. Él sabrá lo que tiene que hacer», ha señalado.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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