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El sindicato de Técnicos de Hacienda advierte que el emérito podría estar beneficiándose de un limbo fiscal que lo exime de tributar en España y en Emiratos.
HACIENDA PONE EL FOCO EN LOS PRÉSTAMOS DEL REY EMÉRITO
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha exigido a la Agencia Tributaria que investigue las finanzas de Juan Carlos I antes de que prescriban posibles delitos el próximo 30 de julio. El detonante es una pregunta incómoda: de dónde ha sacado el dinero para devolver los préstamos que le ayudaron a regularizar 4.416.757,46 euros ante el fisco en febrero de 2021. Aquella regularización cubría los ejercicios de 2014 a 2018, cuando el emérito todavía tenía residencia fiscal en España.
Gestha recuerda que el traslado de residencia a Emiratos Árabes Unidos no se formalizó hasta 2022. Por tanto, cuando recibió y gastó ese dinero, su centro de intereses económicos seguía en territorio español, lo que lo obliga a tributar por todas sus rentas mundiales. La sospecha es que, si no lo hizo, la declaración presentada podría considerarse inveraz, incompleta o incorrecta, con consecuencias penales por presunto delito contra la Hacienda Pública.
EL RIESGO DE UN “APÁTRIDA FISCAL”
La alerta de los técnicos no se limita a un desfase contable. Plantean un escenario más grave: que Juan Carlos I no tribute ni en España ni en Emiratos, lo que lo colocaría en la categoría de “apátrida fiscal”. El sindicato denuncia que la Agencia Tributaria estaría consintiendo “un caso abusivo de doble no imposición” y exige activar el procedimiento para declararlo residente fiscal en España.
Si se demuestra que su centro de intereses sigue aquí, sus operaciones con inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero tendrían que tributar en nuestro país. Y si, por el contrario, se prueba que el grueso de su actividad se concentra en otro Estado, la regularización de 2021 quedaría bajo sospecha de falsedad.
La investigación que pide Gestha no se limita a los préstamos. También exige que se rastreen los ingresos obtenidos por la venta de derechos para documentales sobre su vida y por posibles intermediaciones en operaciones comerciales. El foco se amplía a si esas operaciones las realizó a título personal o a través de sociedades instrumentales, españolas o extranjeras.
En juego no está solo el origen del dinero, sino la credibilidad de un sistema fiscal que parece indulgente con quien, durante décadas, convirtió la Jefatura del Estado en un cortafuegos para sus cuentas opacas. El problema ya no es la ley, sino la voluntad política de aplicarla. Porque mientras a miles de contribuyentes se les embarga por deudas de pocos miles de euros, al emérito se le ha permitido navegar entre jurisdicciones como si fueran aguas privadas.
La impunidad fiscal no es una tradición: es una forma de poder.
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