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La coartada arqueológica encubre un plan político explícito: enterrar el Estado palestino y consolidar colonias ilegales
El gabinete de Benjamin Netanyahu aprobó una batería de medidas que, lejos de ser técnicas, apuntan directamente al corazón político de Cisjordania. No es una reforma administrativa. Es un paso más en la demolición sistemática de la soberanía palestina.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, fue transparente: estas decisiones “continuarán enterrando la idea de un Estado palestino”. No hay ambigüedad. No hay diplomacia. Hay un programa ideológico declarado.
Bajo los Acuerdos de Oslo Accords, las Áreas A y B (que suman el 40 % de Cisjordania) debían quedar bajo control de la Autoridad Palestina. Era el mínimo marco de autogobierno pactado. Ahora, con la excusa de la “protección medioambiental y arqueológica”, la Administración Civil israelí se arroga jurisdicción también en esas zonas.
No es la primera vez que la arqueología se convierte en arma política. En 2023, una ley de antigüedades amplió las competencias de la Autoridad de Antigüedades de Israel dentro de territorios ocupados. Ahora se pretende crear una nueva entidad, la llamada “Autoridad de Patrimonio de Judea y Samaria”, con poderes aún más invasivos. El patrimonio como caballo de Troya para la anexión de facto.
LA ARQUEOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE DESPOJO
Sitios como Sebastia, al oeste de Nablus, o la Tumba de los Patriarcas en Hebrón, han sido utilizados durante años como justificación simbólica para reforzar la presencia militar y colonial. No se trata de conservar piedras. Se trata de consolidar soberanía.
La ONG israelí Emek Shaveh lo advirtió con claridad: dotar a una autoridad civil israelí de capacidad de expropiación, excavación y control dentro de Áreas A y B desmantela el marco de Oslo II. Es un punto de inflexión estructural.
La apertura de los registros de tierras palestinas es otro movimiento clave. Hasta ahora se mantenían confidenciales para evitar reclamaciones fraudulentas de colonos y organizaciones de asentamientos. Permitir por primera vez que israelíes compren directamente tierras en Áreas A y B abre la puerta a colonias ilegales en pleno corazón de ciudades palestinas como Ramala.
Y el 15 de febrero de 2026, por primera vez desde 1967, el gabinete anunció el inicio de un proceso de registro de tierras en el Área C (bajo control civil y militar israelí). Las reclamaciones que la Administración Civil considere “inválidas” convertirán esas parcelas en “propiedad estatal israelí”. Una ingeniería jurídica diseñada para declarar vacante lo que tiene dueño.
El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, lo resumió como una “farsa legal” al servicio de la expansión. Demoliciones por falta de permiso que nunca se concede. Expropiaciones justificadas en normas creadas por la potencia ocupante. Derecho internacional convertido en papel mojado.
UNA GUERRA CONTRA LA VIDA PALESTINA
Entre el 7 de octubre de 2023 y el 27 de enero de 2026, al menos 1.050 palestinas y palestinos, incluidos 230 menores, fueron asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania, según un informe de UNRWA. Las cifras no son daños colaterales. Son contexto.
El 17 de febrero de 2026, fuerzas israelíes irrumpieron en una aldea al sur de Yenín y persiguieron a periodistas palestinas y palestinos con vehículos militares. La normalización de la intervención armada en Áreas A, que deberían estar bajo control palestino pleno, es ya rutina.
Mientras tanto, la economía palestina se desploma. Desde el 7 de octubre de 2023, miles de trabajadoras y trabajadores palestinos tienen prohibido trabajar en Israel. El salario diario en Cisjordania ronda los 125 shékels, frente a los 250 que podían percibir en territorio israelí. La asfixia económica acompaña a la expansión territorial.
El Ministerio de Exteriores palestino calificó las medidas como anexión de facto y recordó que contradicen la posición declarada del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado oponerse a la anexión formal. Sin embargo, el cálculo geopolítico es evidente. Con Washington desplazando activos militares al Golfo ante un posible conflicto con Irán, el margen de presión real parece limitado.
En el terreno, el desgaste es profundo. Ramala vive un Ramadán apagado. La tregua en Gaza es descrita por residentes como “solo de nombre”. Las luces festivas casi han desaparecido. Cuando la ocupación se vuelve estructura, la desesperanza se convierte en rutina.
Smotrich publicó en 2017 su llamado “Plan Decisivo”, que defendía la expansión continua de colonias y la soberanía judía sobre Cisjordania, incluyendo la expulsión forzosa de palestinas y palestinos. Lo que hoy se presenta como reforma administrativa es la implementación gradual de ese programa.
No es conservación patrimonial. No es gestión ambiental. Es una arquitectura legal diseñada para reemplazar población, fragmentar territorio y clausurar cualquier horizonte de autodeterminación.
Cada excavación, cada registro, cada “autoridad” nueva suma una pieza al mismo diseño. No buscan coexistencia. Buscan sustitución. Y lo hacen invocando la memoria mientras borran el presente.
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