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Teherán acusa a Washington de atacar instalaciones nucleares, imponer sanciones económicas y amenazar con usar la fuerza, mientras Occidente vuelve a llamar “orden internacional” a su propia impunidad.
LA HAYA CONTRA LA IMPUNIDAD DE SIEMPRE
Irán ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya por agresión militar, sanciones económicas y amenazas de recurrir al uso de la fuerza. No es un gesto menor. No es solo una batalla jurídica. Es una acusación directa contra la arquitectura de poder que permite a Washington bombardear, castigar, bloquear, financiar guerras y después sentarse en las cumbres internacionales a dar lecciones de derecho. Según la información disponible, la demanda fue registrada en marzo bajo el caso A-34 ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos.
El escrito iraní se apoya en los Acuerdos de Argel de 1981, firmados para poner fin a la crisis de los rehenes iniciada en 1979, y recuerda un punto que Washington parece olvidar cuando le conviene: Estados Unidos se comprometió a no intervenir, ni directa ni indirectamente, en los asuntos internos de Irán, ya fuera en el plano político o militar. Eso dice el papel. Luego viene la realidad. Y la realidad es otra cosa. La realidad son sanciones, amenazas, operaciones militares, presión económica y una diplomacia entendida como pistola sobre la mesa.
Irán pide que el tribunal declare responsable a Estados Unidos por incumplir esas obligaciones, que ordene el fin inmediato de sus injerencias directas e indirectas, que exija garantías de no repetición y que imponga una reparación íntegra de los daños causados. La fórmula jurídica es fría. Pero lo que hay detrás no lo es. Un Estado acusa al mayor poder militar del planeta de actuar como si el derecho internacional fuera una molestia administrativa reservada para países sin portaaviones.
Y ahí está la cuestión. Porque cuando se habla de Irán, la maquinaria mediática occidental funciona casi siempre igual. Primero se borra el contexto. Luego se caricaturiza al adversario. Después se convierte cualquier respuesta en prueba de culpabilidad. Y finalmente se presenta a Estados Unidos como árbitro, juez, víctima y bombero del incendio que él mismo ayuda a provocar. Es un truco viejo. Muy viejo. Pero sigue teniendo patrocinadores, tertulianos y editoriales dispuestos a venderlo como análisis.
LA GUERRA DE 12 DÍAS Y EL NEGOCIO DEL CAOS
La demanda menciona la violación de obligaciones internacionales durante la llamada guerra de 12 días contra Irán. Según el relato recogido, el conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades. El balance señalado es brutal: alrededor de 1.100 muertos, entre ellos altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Una semana después, Estados Unidos se sumó a los ataques bombardeando tres sitios nucleares clave.
Conviene detenerse aquí. Porque bombardear instalaciones nucleares no es una anécdota estratégica ni una frase de rueda de prensa. Es una acción de consecuencias incalculables. Es jugar con la vida de millones. Es tratar una región entera como tablero. Y luego, cuando la respuesta llega, fingir sorpresa. Irán respondió con cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados, dentro de la operación “Verdadera Promesa III”, y también contra la base aérea de Al-Udeid, en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.
Nada de esto debería celebrarse. La guerra no es una épica. Es muerte administrada por Estados, industrias militares y élites que rara vez entierran a sus propios hijos. Pero tampoco se puede pedir pacifismo solo a quienes reciben los golpes. El pacifismo que calla ante el agresor y sermonea al agredido no es pacifismo: es propaganda con flores.
El 24 de junio, Irán aseguró haber detenido el asalto ilegal e impuesto un alto el fuego a los agresores. También se ha señalado que destruyó 47 centros vitales de Israel durante aquella guerra de 12 días. Más tarde, el 8 de abril, se negoció otro alto el fuego con mediación de Pakistán, aunque las conversaciones posteriores no alcanzaron acuerdo por las exigencias de Washington. El dato encaja en una secuencia conocida: se bombardea, se sanciona, se negocia desde la superioridad y, si la otra parte no acepta la rendición envuelta en papel diplomático, se le acusa de obstaculizar la paz.
La hipocresía resulta obscena. Estados Unidos lleva décadas convirtiendo las sanciones en arma de castigo colectivo. Las llama presión. Las llama defensa de la seguridad. Las llama respuesta proporcional. Pero las sanciones económicas no caen sobre generales ni presidentes. Caen sobre familias, hospitales, enfermeras y enfermeros, trabajadoras y trabajadores, niñas y niños, personas enfermas, pensionistas, estudiantes. Caen sobre la vida cotidiana. Sobre medicamentos, alimentos, energía, inflación, pobreza. El hambre también puede escribirse en lenguaje jurídico.
La demanda de Irán no absuelve a ningún gobierno de sus responsabilidades internas ni convierte a nadie en santo. No hace falta. El punto es otro. El punto es que el derecho internacional no puede seguir funcionando como una porra selectiva. Si vale contra unos, debe valer contra todos. Si La Haya sirve para juzgar a los enemigos de Occidente, también debe servir para mirar a Washington a la cara. Sin reverencias. Sin excepciones imperiales. Sin esa cobardía diplomática que convierte cada crimen de los poderosos en un “incidente complejo”.
Porque el mundo ya conoce demasiado bien esta coreografía. Primero la amenaza. Luego la sanción. Después el misil. Más tarde la rueda de prensa. Y al final, las víctimas convertidas en nota al pie mientras las empresas de defensa presentan beneficios y las cancillerías hablan de estabilidad regional. A eso llaman orden. A eso deberíamos llamarlo saqueo armado con himno y bandera.
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