El gobierno de Irán ha ejecutado este sábado a dos jóvenes, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini.
Tras ser condenados por su participación en las protestas, que han sacudido el país desde mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini a mano de la policía iraní por llevar mal colocado el velo, el gobierno de Irán ha ejecutado este sábado a dos jóvenes, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini.
Karami, de 22 años, era el campeón de karate iraní-kurdo y había representado a Irán en competiciones internacionales. Hosseini, de 20 años, era huérfano y trabajaba como voluntario entrenando a niños.
Ambos fueron acusados de matar a un miembro de la fuerza paramilitar Basij durante los disturbios que tuvieron lugar en la localidad de Karaj, cerca de Teherán, en noviembre, según ha informado la agencia iraní ‘Mizan’.
Presuntamente los dos jóvenes participaron en los disturbios que se produjeron en la localidad de Karaj, cerca de Teherán, donde intentaron cortar la autopista Karaj-Qazvin.
Durante este hecho, la agencia explica, que «mataron a cuchilladas al basiji Ruhollah Ajamian, delito por el que fueron acusadas un total de 16 personas, de las que cuatro fueron condenadas a muerte».
La condena a muerte de los jóvenes, no obstante, ha sido criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por las violaciones a las garantías legales.
Esta ejecución se suma a las de otros cuatro jóvenes condenados a muerte por su participación en las protestas en diciembre y las 26 personas más que han sido condenadas a muerte. Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, más de 450 personas han muerto en las protestas reprimidas con contundencia por la policía iraní.
Desde Europa también se han hecho latentes los posicionamientos críticos. El ministro holandés se ha mostrado «consternado». «Las acciones de hoy de Irán subrayan la necesidad de una respuesta aún más contundente de la UE», hacía saber este pasado sábado.
La Unión Europea, por su parte, también se ha declarado «horrorizada» y ha reiterado «su oposición firme y de principios al uso de la pena capital en todo momento y en todas las circunstancias; un castigo cruel e inhumano, que no actúa como elemento disuasorio del delito y representa una negación inaceptable de la dignidad y la integridad humanas».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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