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El derecho internacional reconoce el delito, pero protege al agresor cuando viste traje presidencial y controla el veto.
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TikTok en manos estadounidenses: una semana para demostrar torpemente quién manda
La venta forzada prometía “seguridad nacional”. Lo que ha dejado es censura percibida, fallos técnicos y una desconfianza que no se arregla con comunicados.
Andrew, Epstein y el silencio del poder
Una segunda mujer señala al duque caído y el Estado británico empieza, tarde y mal, a mirar hacia otro lado
La corona noruega y los archivos Epstein: cuando el privilegio se escribe por correo
Casi 1.000 menciones, años de correos y una disculpa tardía: el poder vuelve a tropezar con el mismo nombre y la misma impunidad
Epstein y el saqueo planificado de Libia: el capitalismo depredador al descubierto
Epstein y el saqueo planificado de Libia: el capitalismo depredador al descubierto
Correos, cifras y servicios de inteligencia revelan cómo el colapso de un país se convirtió en un botín financiero potencial de miles de millones
La publicación de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelve a colocar a Jeffrey Epstein en el centro de una trama que va mucho más allá de la explotación sexual de menores. En julio de 2011, mientras Libia se desangraba tras la intervención internacional y la caída del régimen de Muamar Gadafi, Epstein y su entorno planearon apropiarse de los fondos estatales libios congelados en Occidente. No era una idea abstracta ni una fantasía oportunista. Era un plan con cifras, contactos y complicidades.
Un correo electrónico interno describe la “agitación política y económica” como una oportunidad para localizar y reclamar activos libios congelados por un valor aproximado de 80.000 millones de dólares, de los cuales 32.400 millones estaban en Estados Unidos. La cifra no se presentaba como un límite, sino como un punto de partida. El propio mensaje sugería que el valor real podía multiplicarse por tres o cuatro, una estimación obscena en un país devastado por la guerra y el colapso institucional.
La lógica era brutal y conocida. Presentar esos fondos como “robados” o “malversados”, activar litigios en tribunales occidentales y convertir el expolio en una operación financiera con honorarios de éxito. Bufetes internacionales cobrarían solo si ganaban. Epstein y su red se llevarían una parte. Libia, mientras tanto, seguiría sin acceso a su propio dinero.
EL BOTÍN DE GUERRA COMO NEGOCIO
Los documentos revelan que antiguos agentes del MI6 británico y del Mossad israelí mostraron su disposición a colaborar en la identificación y recuperación de esos activos. No hablamos de rumores ni de insinuaciones vagas, sino de referencias explícitas a MI6 y Mossad como redes de apoyo. El capitalismo financiero y los aparatos de inteligencia aparecían alineados alrededor de una misma mesa.
El correo iba más lejos. Calculaba que recuperar solo una pequeña parte de los fondos podía generar “miles de millones de dólares” y recordaba que Libia necesitaría gastar al menos 100.000 millones de dólares en reconstrucción. Es decir, primero se congela el dinero, luego se especula con su devolución y finalmente se ofrece el saqueo como “solución técnica” para un país destruido.
Todo esto ocurría bajo el paraguas legal de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en marzo de 2011. La resolución prometía que los fondos serían descongelados y devueltos a Libia cuando terminara la guerra. Quince años después, esa promesa sigue incumplida. La continuidad del conflicto se convirtió en la coartada perfecta para retrasar indefinidamente la restitución y abrir la puerta a demandas, embargos y maniobras financieras.
INTELIGENCIA, IMPUNIDAD Y DOBLE MORAL
En 2025, el Gobierno de Unidad Nacional encabezado por Abdelhamid Dbeibeh creó un comité jurídico para rastrear estos fondos y frenar las reclamaciones de países y empresas que exigen compensaciones por inversiones interrumpidas. Es el reverso tardío de una historia que empezó cuando Libia fue reducida a territorio disponible para intereses ajenos.
El contexto no es menor. El último lote de archivos desclasificados incluye más de 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 fotografías. El propio Departamento de Justicia reconoce redacciones extensas para proteger investigaciones y privilegios legales. El Congreso estadounidense ha criticado la retención de documentos clave. La transparencia sigue siendo parcial, incluso cuando los hechos apuntan a delitos de una gravedad estructural.
Epstein, muerto en 2019 en una prisión de Nueva York, aparece de nuevo como nexo entre poder político, financiero y criminal. Los archivos mencionan a figuras de primer nivel como Bill Clinton, Donald Trump, Andrés de Inglaterra y Ehud Barak. No todas las menciones implican delitos, pero todas evidencian un ecosistema de impunidad en el que Epstein se movía con comodidad.
Mientras tanto, Libia sigue sin recuperar su dinero. Decenas de miles de millones de dólares permanecen congelados en bancos occidentales, gestionados por los mismos Estados que prometieron devolverlos. La guerra terminó para algunos en contratos, litigios y comisiones. Para la población libia, nunca terminó.
Cuando el saqueo se disfraza de legalidad y la inteligencia se pone al servicio del expolio, la guerra deja de ser un desastre para convertirse en un modelo de negocio.
Ilan Pappé y el colapso anunciado del proyecto sionista
Cuando un historiador israelí afirma que el mundo acabará diciendo basta, no está profetizando: está leyendo los síntomas de un régimen que ya no puede sostenerse.
Cuando por fin tienen nombre los que disparan
La identificación de los agentes rompe el muro de impunidad que protege a la violencia federal.
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Epstein no era una anomalía: era el sistema
La nueva desclasificación de más de tres millones de documentos vuelve a señalar que el pederasta no operó en los márgenes, sino en el corazón del poder político, económico y mediático
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.
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