España convierte la educación en mercancía mientras el mérito se mide en euros y no en conocimiento.
Titulitis es como se denomina a la obsesión por acumular títulos académicos, muchas veces con más afán de lucirlos que de usarlos. Es un “mal crónico” en nuestra cultura profesional, donde se valora en exceso tener licenciaturas, másteres o doctorados, aunque a veces sean títulos vacíos o directamente falsos. Esta obsesión lleva a algunos a engordar o inventar datos en el currículum, pensando que un título prestigioso puede abrir puertas. Lejos de remitir, la titulitis parece agravarse con las nuevas generaciones de políticos, que ven el CV como herramienta de marketing personal más que como reflejo de capacidad real.
Sin controles: el caldo de cultivo de las mentiras curriculares
Increíblemente, mentir en el currículum oficial en España sí ha sido fácil. Ello se debe en parte a la falta de verificación institucional de los méritos académicos declarados. Ni el Congreso de los Diputados ni otros organismos exigen probar las titulaciones: cada cargo público rellena sus propios datos y se publican tal cual, confiando en su principio de “honestidad”. Nadie comprueba los títulos –no se pide el diploma ni se contacta a la universidad–, y si luego se descubre una mentira, simplemente se pide corregir el perfil, sin sanciones. En consecuencia, ha habido diputados que cambiaron varias veces su CV durante la legislatura sin más repercusión que la polémica mediática.
Esta laxitud normativa ha permitido que numerosos políticos y altos cargos “cuelen” credenciales falsas o infladas en sus biografías oficiales. Solo recientemente, tras varios escándalos, se han propuesto medidas para sancionar estas falsedades (la primera en 2014, tras un caso sonado). Legalmente, falsificar un documento oficial –por ejemplo, presentar un diploma universitario falso– está penado con hasta 6 años de prisión e inhabilitación. Sin embargo, la mayoría de “titulaciones fantasma” se inscriben hace tiempo y prescriben a los 5–10 años, o bien consisten en simple declaratoria engañosa sin documento falsificado, escapando así de consecuencias penales. El resultado ha sido una larga lista de currículums fraudulentos que solo reciben castigo político (dimitir por presión pública) pero rara vez judicial.
Ejemplos recientes de titulitis destapada
Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, es uno de los políticos señalados por “titulitis”. En el año 2000 declaró ser Licenciado en Administración y Dirección de Empresas al entrar al Congreso, un título que a día de hoy no posee. Con el tiempo fue rectificando su CV: en 2004 cambió a “estudios en ADE” y añadió un máster privado y un programa de liderazgo; en 2008 eliminó cualquier referencia a estudios superiores, conservando solo el máster y cursos de posgrado. Esta evolución a la baja hizo que la oposición hablara de un “currículum menguante”. La polémica se reavivó en 2025, cuando tras destaparse otros casos desapareció misteriosamente la pestaña de “Datos personales” (currículum) en la ficha de Moreno Bonilla en la web parlamentaria. Aunque el presidente andaluz defiende que su formación lleva años publicada en la web de la Junta, lo cierto es que ha tenido que borrar títulos que nunca terminó y actualmente solo figura oficialmente como graduado y máster en Protocolo y Organización de Eventos (Camilo José Cela), además de posgrados ejecutivos.
Otro caso muy reciente es el de Noelia Núñez, joven diputada del Partido Popular madrileño. Durante años exhibió un CV impecable: doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Adm. Pública, estudios de Filología Inglesa, e incluso aparecía como profesora universitaria. Todo era falso. Núñez no tenía ningún título universitario completado. A finales de julio de 2025 admitió la mentira y dimitió de todos sus cargos. Llamaba la atención que sus títulos inventados figuraban en portales oficiales: en la web del Congreso de los Diputados constaba ese doble grado inexistente, y en la del Ayuntamiento de Fuenlabrada (donde fue concejala) también aparecían sus supuestos estudios, sin que ninguna institución los hubiera verificado. El escándalo de Núñez destapó una “ciclogénesis explosiva” de revisión de currículos en varios partidos.
Por parte del PSOE, surgió el caso de José María Ángel Batalla, conocido como el “comisionado del Gobierno para la DANA” (encargado de coordinar la reconstrucción tras unas inundaciones). En julio de 2025, Anticorrupción abrió una investigación ante indicios de que este alto cargo falsificó un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía para acceder como funcionario en los 80. La Agencia Antifraude valenciana halló que dicha titulación no consta en la Universidad de Valencia y, de hecho, ni siquiera existía en 1983 (año del documento presentado). José María Ángel dimitió inmediatamente de su cargo y de la presidencia del PSPV-PSOE el 31 de julio de 2025, insistiendo en su inocencia pero denunciando haber sido blanco de un “ataque injustificado”. Según se publicó, en sus biografías previas llegó a figurar que tenía dos licenciaturas (Geografía/Historia y Archivística) que jamás obtuvo. El caso es particularmente grave porque implicaría la falsificación material de un diploma oficial hace 40 años para escalar en la administración pública. De probarse, podría constituir delito de falsedad documental aunque hayan pasado décadas, por el eventual beneficio económico continuo de esa plaza pública lograda fraudulentamente.
También en 2025 salió a la luz que Tomás Burgos, viceconsejero de Presidencia en Andalucía (y exsecretario de Estado con el PP), se atribuía la carrera de Medicina sin haberla acabado. Cuando fue nombrado alto cargo nacional en 2011, la referencia oficial de Moncloa decía que Burgos era “médico y experto en gestión sanitaria”. En la web ministerial luego rebajaron la expresión a “formación universitaria en Medicina”, pero seguía insinuando una licenciatura que era mentira –Burgos cursó algunos años pero nunca se licenció como médico–. De hecho, incluso el Consejo General de Colegios Médicos llegó a incluirlo en un listado de médicos diputados, asumiendo erróneamente que era licenciado. Años más tarde, en su perfil oficial de la Junta de Andalucía, Burgos reconoce solo que “cursó estudios de Medicina en Valladolid”, complementados con diplomas en gestión sanitaria por IESE y ESADE. Es decir, se “borró” el título de médico que nunca tuvo, pero solo después de haber figurado como tal en fichas oficiales durante un tiempo.
Estos casos han detonado una “guerra de currículums” entre partidos. Tras la dimisión de Noelia Núñez por sus títulos inventados, el PP contraatacó señalando a cargos socialistas con CV dudosos, y viceversa. En este cruce salió salpicado el propio Moreno Bonilla (PP) –ya mencionado– y también se han revisado perfiles de PSOE, como el de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, quien resultó no haber terminado las carreras de Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual pese a presentarse como licenciada en ambas (lo que forzó al PSOE a corregir todos esos datos). Incluso Vox, partido de extrema derecha, enfrenta un escándalo similar: Ignacio Higuero, consejero en Extremadura, presumía en 2023 de una licenciatura en Marketing supuestamente terminada en 1993, cuando en España no existían licenciaturas específicas de Marketing hasta 2009/2010 (y las primeras promociones salieron en 2013). La titulación de Higuero es falsa, ya que además el centro que menciona (Universidad CEU San Pablo) operaba solo como colegio universitario en 1993 y no tenía autorizados esos estudios hasta el año siguiente.
Una larga tradición de currículums ficticios
Aunque ahora la atención mediática es mayor, falsear títulos en política no es algo nuevo en España. El primer gran escándalo se remonta a los años 90: Luis Roldán, director general de la Guardia Civil en 1993, ostentaba tres títulos falsos –ingeniero industrial, licenciado en Económicas y máster en Hacienda– cuando en realidad no tenía estudios superiores (ni siquiera terminó el bachillerato). Curiosamente, la revelación de sus mentiras académicas quedó casi opacada por otros delitos de corrupción y su fuga del país, pero ahí quedó el precedente. Desde entonces, todos los partidos han tenido “fabuladores” en sus filas:
- En el Partido Popular abundan ejemplos. Antes de Noelia Núñez y Tomás Burgos, se dio el caso de José Miguel González Robles, exdiputado del PP que presentó un título de Derecho falsificado para ocupar su escaño a finales de los 2000. Fue descubierto y, en un gesto poco común, lo reconoció todo y dimitió de inmediato, alegando que él mismo había sido estafado al comprar el título. También en el PP madrileño estuvo Gema Igual, actual alcaldesa de Santander, quien infló su CV con un máster inexistente (se descubrió en 2017 y hubo polémica, aunque finalmente continuó en política). Y el caso más notorio: la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. En 2018 se destapó que obtuvo su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de forma fraudulenta –no fue a clase, no hizo el trabajo final, y se falsificaron firmas en actas para avalar el título–. Cifuentes defendió durante semanas la validez de su máster, llegando a exhibir un supuesto TFM que nadie pudo verificar, pero terminó renunciando al uso del título y, tras un escándalo adicional (un vídeo de un hurto en un supermercado), dimitió de su cargo. Este “caso Máster” implicó incluso un juicio por falsedad documental años después, en el que Cifuentes fue absuelta pero una profesora de la URJC resultó condenada por falsificar las actas.
- En paralelo al caso Cifuentes, salió a la luz que el entonces vicesecretario del PP Pablo Casado también había obtenido en 2008 un Máster en Derecho Autonómico de la URJC en circunstancias privilegiadas. Se descubrió que Casado convalidó el 95% de las asignaturas gracias a su condición de político y aprobó el resto con trabajos de dudosa calidad. Además, Casado lucía en su CV un “posgrado en Harvard” que en realidad resultó ser un cursillo de 4 días en un hotel de Madrid (organizado por Harvard). Técnicamente, Casado no falsificó documentos –omitió detalles importantes–, por lo que el Tribunal Supremo decidió no imputarle. Sin embargo, la revelación de su “Harvard de Alcorcón” dañó su reputación. Todo ello contribuyó a la percepción de que en ciertos ámbitos se regalaban títulos a políticos. De hecho, la propia URJC quedó bajo sospecha por una supuesta trama de másteres regalados a figuras del PP.
- En el Partido Socialista también hubo episodios sonados. Carmen Montón, ministra de Sanidad en 2018, dimitió al saberse que obtuvo un máster en la URJC sin cumplir los requisitos (con notas modificadas y trabajos plagiados). Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrentó acusaciones de plagio en su tesis doctoral el mismo año, en plena vorágine de lo que la prensa llamó “Mastergate”. Aunque Sánchez publicó su tesis y se determinó que no hubo plagio sustancial, el escrutinio internacional ya hablaba de una “epidemia de titulitis” en la política española. Medios como The Guardian destacaban en 2018 que muchos políticos inflaban sus currículos para justificar sus puestos, y que esta cultura estaba finalmente quedando expuesta. Otro caso histórico en el PSOE fue el de Estela Goikoetxea (joven cargo en Cantabria), que en 2017 pretendió tener varias titulaciones y tuvo que renunciar al demostrarse la farsa.
- En los partidos nacionalistas/regionalistas también encontramos ejemplos. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya (CiU) entre 2010-2015, figuraba como licenciada en Psicología en todos sus perfiles hasta que en 2011 se descubrió que no había terminado la carrera. Ortega lo achacó a un “error involuntario” en su CV, rectificó públicamente el dato pero no dimitió de su cargo. Años antes, la exdiputada catalana Pilar Rahola (ERC) llegó a presentarse como “doctora” en su web personal cuando solo era licenciada, inflando su grado académico; la verdad salió a la luz ya cuando Rahola no ejercía cargo público. En Ciudadanos, partido nacido en 2006, se conoció el caso de Miguel Gutiérrez, diputado que durante un tiempo se anunció como “Doctor Ingeniero” industrial sin serlo –tras ser cuestionado, corrigió su CV a simplemente ingeniero, pues carecía de doctorado–.
En resumen, sí, ha sido relativamente fácil fabricar mentiras curriculares en España y ser creído durante un tiempo, a causa de la connivencia de una cultura de la titulitis y la falta de controles efectivos. Históricamente se confiaba en la palabra del político, y algunos aprovecharon esa confianza para adornar sus méritos. Como señala irónicamente un medio, el currículum político se había convertido casi en “un género literario de autoficción”, donde algunos candidatos contaban estudios en Harvard “sin salir de casa” o licenciaturas “por inspiración divina”. La buena noticia es que, con cada nuevo escándalo, crece la presión social para exigir honestidad y transparencia. La cascada de dimisiones recientes indica que la tolerancia a estas mentiras se agota: quien miente en su titulación queda desacreditado para cargo público y es forzado a marcharse.
Quizá por fin España esté aprendiendo que lo importante no es coleccionar diplomas, sino la integridad y capacidad demostrada.
Fuentes:
https://www.20minutos.es/noticia/5734737/0/vicio-politico-los-curriculums-falsos/
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