El hijo del magistrado del Supremo Manuel Marchena defenderá al ‘Pequeño Nicolás’ 

Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo, defenderá a Francisco Nicolás Gómez, más conocido como «el pequeño Nicolás», en el juicio por su viaje a Ribadeo (Lugo) en el 2014, en el que simuló ser un enviado de la Casa Real y que se celebrará la semana que viene.

‘El Pequeño Nicolás’ cambia de nuevo de letrado, después de haber sido defendido en 2014 por Víctor Sunkel e Israel Paz, que más tarde decidieron dejar de representarle, al igual que ocurrió luego con María Victoria Vega y Ana Blanco Vázquez de Prada.

La Sección 17 de la audiencia madrileña celebrará el juicio la próxima semana, de martes a jueves. En la sesión sesión se juzgará al joven Nicolás por hacerse pasar por el representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno, con el fin de concertar una cita con el empresario Jorge Cosmen en la localidad lucense de Ribadeo.

Durante tres sesiones, los días 19, 20 y 21 de enero, la Sección 17 de la audiencia madrileña escuchará a Gómez Iglesias, a los policías municipales Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila y diferentes testigos y peritos.

Para cada uno de los policías que le acompañaron en el viaje, que hicieron en coches de lujo que simulaban ser oficiales, solicita cuatro años y dieciocho meses de prisión y multa de 4.500 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.

La acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos pide 11 años de prisión para Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado, 21 meses de cárcel y una multa; y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.

Siete años de cárcel para «el pequeño Nicolás»

La Fiscalía pide para Francisco Nicolás siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

El ‘pequeño Nicolás’ se sentará en el banquillo seis años y medio después de los hechos y el hijo del juez Marchena defenderá su absolución al considerar que en aquel viaje no hubo delito.

Otros juicios pendientes

Además de este juicio, «el pequeño Nicolás» tiene pendiente para este año el juicio por el presunto montaje elaborado para aprobar la selectividad y por falsificación del DNI, una causa en la que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel.

Tiene pendientes otros dos juicios: uno acusado de simular en 2014 que era asesor del Gobierno para estafar a un empresario y otro por crear supuestamente una red con policías y cargos políticos de Madrid para obtener información policial y usarla a cambio de favores.

Un abogado hijo de un polémico juez

Manuel Marchena Gómez es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007 y acumula varias polémicas en estos años. Una de las más destacadas comenzó solo un año después de haber accedido al puesto. en 2008, Marchena fue el magistrado que, cambiando la denominada doctrina Botín, inhabilitó y condenó por desobediencia a los parlamentarios vascos, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, en el conocido como caso Atutxa.

El Supremo había admitido a trámite el recurso de la asociación Manos Limpias contra la sentencia absolutoria (enero de 2007) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por unos hechos sucedidos en 2003.​ En 2013, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por los parlamentarios vascos y confirmó sus inhabilitaciones. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló contra España por haber vulnerado el punto 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que ampara el derecho a un juicio justo.​ El 2019, el Supremo anuló definitivamente la sentencia condenatoria de 2008 y ordenó el retorno de las multas impuestas.

Financiado por las empresas privadas

El 7 de mayo de 2012 una veintena de juristas presentaron un escrito ante el presidente del CGPJ Carlos Dívar exponiendo una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo entre los que se encontraba Marchena «impartiendo cursos, conferencias y charlas para fundaciones, universidades y entidades con el patrocinio financiero de al menos 25 empresas privadas, desde bancos como el Santander o Cajamar, hasta multinacionales como Wolters Kluwer y Endesa, pasando por grandes bufetes de abogados como Garrigues Walker«.​

Esta frustrada denuncia fue rechazada «a límine» sin dar lugar a la incoación de ningún tipo de diligencia por el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el cargo de Juez o Magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.