Pablo Iglesias ha explicado sobre el ‘lawfare’ aplicado en el caso del Estado español.
«¿Qué es ‘lawfare’?» se pregunta Iglesias. «Básicamente política por otros medios, medios de tipo jurídico. Sin embargo, para ser más precisos, podríamos decir que hay ‘lawfare’ cuando autoridades judiciales colaboran, no intervienen directamente, favoreciendo la judicialización de la política, no tanto movidas por la salvaguarda de la ley del Derecho, sino con la evidente voluntad de perseguir», responde.
«Esto es muy importante decirlo, anula uno de los fundamentos formales de la democracia y la independencia. El término es muy conocido en América Latina, donde se ha practicado con fruición, y Brasil es quizá un ejemplo paradigmático de lo que representa el ‘lawfare’. En 2018 la justicia de ese país condenó, encarceló e inhabilitó electoralmente a Lula da Silva, abriendo el camino a la victoria electoral de Bolsonaro. Después, las acusaciones contra Lula fueron anuladas. No tenían base, pero el daño estaba hecho».
«Encontramos también ejemplos paradigmáticos en otros países latinoamericanos. En 2018, un Tribunal de Ecuador dictó orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Rafael Correa, inhabilitándolo electoralmente, la Interpol se negó a ejecutar tales órdenes por basarse en acusaciones fraudulentas de obvia intención política, pero el caso es que a Correa, que está obligado a vivir en Bélgica, no le dejaron presentarse a unas elecciones, que al igual que Lula, habría podido ganar».
«En la Bolivia golpista, antes de la recuperación democrática tras la arrolladora victoria de Luis Arce, se dictaron órdenes de prisión y procesamiento contra Evo Morales, contra el actual Vicepresidente, Choquehuanca, y contra el actual Presidente, Luis Arce. Les acusaban, sujétense, de terrorismo y genocidio. En este caso no lograron inhabilitarles, pero ya se imaginarán ustedes cuál era la intención».
«El ‘lawfare’ ha venido a sustituir a los clásicos golpes de Estado que servían para derrocar a los Gobiernos de izquierdas. «En la era de las redes sociales, los golpes de Estado tradicionales son más difíciles de legitimar en el combate por el relato que las ofensivas judiciales, apoyadas por grandes poderes mediáticos, siempre prestos a presentar el uso ilegítimo del Derecho, como acciones contra la corrupción pero si yo les estoy contando esto aquí es para intentar responder a una pregunta muy obvia que seguro que ya se están haciendo, ¿Existe ‘lawfare’ en España?», se vuelve a cuestionar.
«España, estamos hablando de la cuarta economía de la zona euro, de un país que presentó su modelo de transición como un ejemplo democrático para el mundo y en particular para América Latina. Pues bien, desde que Podemos nació en el año 2014 tuvo que dedicar muchas energías y recursos a su defensa jurídica. Hablamos de decenas de investigaciones judiciales que quedaron en nada, pero que gracias a la atención mediática que despertaron, contribuyeron a lo largo de ya más de 7 años al desgaste del partido y de sus principales dirigentes. Hemos sido acusados de blanqueo de capitales, de delito electoral por falseamiento de cuentas, de delito de desobediencia, de delitos contra los derechos de los trabajadores, de organización criminal, de apropiación indebida de administración desleal, de tráfico de influencias, de cohecho, delito contra la Hacienda Pública, de falsedad documental…».
«Todos estos procedimientos fueron archivados. Una Unidad irregular formada por mandos del Cuerpo Nacional de Policía, la llamada policía patriótica a las órdenes del ministro del Interior del Partido Popular, elaboró un informe falso llamado Pisa: Pablo Iglesias Sociedad Anónima; sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. El informe era más que burdo, se componía básicamente de recortes de digitales», explica.
«Como podrán imaginar, fue difundido por los grandes poderes mediáticos españoles. Horas y horas de informativos y tertulias en las principales televisiones y radios de España fueron empleadas en difundir acusaciones contra podemos que se demostraron falsas. Fuimos acusados de recibir fondos, acusados nuevamente de asociación ilícital, de blanqueo de cohecho, estafa de delito fiscal, contra la Seguridad Social, todo fue archivado», matiza.
«Todo esto ocurrió antes de que Unidas podemos llegar al Gobierno. Imaginen lo que paso después… La estrategia mediática de persecución contra Podemos era evidente», concluía.
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Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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