Garamendi y el “no a todo”: la patronal que bloquea el país 

La CEOE se parapeta en la negación permanente mientras España arriesga 1.400 millones de euros en fondos europeos por su boicot a las reformas sociales.

LA PATRONAL COMO PARTIDO POLÍTICO

Antonio Garamendi ha dejado de ser un interlocutor social para convertirse en un actor político más de la derecha económica. Su “no a todo” se ha convertido en un programa ideológico disfrazado de prudencia empresarial. Lo que comenzó como una estrategia de desgaste al Gobierno se ha transformado en una negativa sistemática a cualquier medida que amplíe derechos o limite los privilegios de las élites empresariales.

El presidente de la CEOE —que llegó a presumir de “diálogo social ejemplar” durante la pandemia— hoy lo da por muerto: “va camino de la UVI”, declaró con dramatismo, justo cuando su organización rompía el acuerdo sobre la cotización de las y los autónomos por ingresos reales. Ese pacto, firmado en 2022 y avalado por Bruselas, comprometía a España con una reforma gradual hasta 2032. Su incumplimiento pone ahora en riesgo hasta 1.400 millones de euros de fondos europeos.

Tres años después de firmar aquel consenso histórico, Garamendi dice que los autónomos “ya cotizan por ingresos fiscales”. Pero los datos lo desmienten: las brechas entre lo que declaran y lo que realmente ganan los tramos altos siguen siendo abismales. El nuevo sistema pretendía precisamente corregir esa desigualdad. Ahora, bajo presión de ATA —la federación de autónomos controlada por la CEOE—, el empresariado se descuelga del acuerdo y exige mantener un modelo regresivo que protege a quienes más ingresan.

El Ministerio de Seguridad Social ha optado por una propuesta de mínimos para 2026, intentando evitar el castigo de Bruselas. Pero el daño ya está hecho. Los sindicatos CCOO y UGT alertan de que la ruptura del pacto no solo pone en jaque la financiación europea, sino también la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

EL BLOQUEO COMO ESTRATEGIA DE PODER

El enfrentamiento no se limita al ámbito de los autónomos. La patronal se ha levantado también de la mesa sobre el despido, cuya reforma buscaba adecuar la legislación española a la Carta Social Europea, que exige compensaciones justas frente a los abusos empresariales. Garamendi se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo para negarse siquiera a debatir. Dice que “no se siente engañado”, pero lo que realmente teme es perder poder frente a una legislación más protectora con la parte trabajadora.

Su actitud se repite con cada propuesta del Ministerio de Trabajo: rechaza ampliar el permiso por fallecimiento, se burla públicamente de los permisos por cuidados paliativos, y ridiculiza la reducción de jornada o el control horario. En lugar de dialogar, judicializa cada norma, recurriendo decretos y retrasando su aplicación.

El “no a todo” no es una casualidad: es una estrategia. Garamendi encara el final de su segundo mandato en la CEOE, donde la llamada “línea dura” —alineada con Vox y sectores ultraliberales— le exige demostrar fidelidad al empresariado más reaccionario. Quien pactó la reforma laboral con Yolanda Díaz ahora compite con los ultras por quién odia más al Ministerio de Trabajo.

Mientras tanto, la CEOE actúa como una oposición económica de facto: recurre en los tribunales el registro horario, bloquea la reducción de jornada, boicotea el aumento del salario mínimo y sabotea las reformas que garantizarían cotizaciones justas. Cada “no” tiene un coste que no asumen los empresarios, sino las trabajadoras y trabajadores.

El resultado es un clima político envenenado. La patronal ha pasado de sentarse en la mesa del diálogo a dinamitarla. No propone alternativas, solo impone parálisis. Y en esa parálisis, el capital gana tiempo, mientras el Estado se desangra en litigios y las reformas sociales se frenan al borde de su ejecución.

LA NEGACIÓN COMO IDENTIDAD

El “no” de Garamendi no es solo una respuesta coyuntural, es un modelo de país. Una España de élites empresariales que no pagan lo que deben, que ven los permisos laborales como amenazas y la protección social como gasto inútil. Una España donde los fondos europeos son un botín, no una oportunidad.

Mientras los colectivos progresistas de autónomos —UPTA y UATAE— defienden el cumplimiento de lo firmado y piden “no esconderse”, la patronal se refugia en un discurso victimista, acusando al Gobierno de “ocurrencias”. La burla de Garamendi sobre “pedir un permiso para descansar de los anuncios de Trabajo” es más que una frase desafortunada. Es el reflejo de un desprecio profundo hacia el dolor y el esfuerzo de millones de personas que sí trabajan, que sí cuidan, que sí cotizan.

Este bloqueo no es neutro. Cada vez que la CEOE dice “no”, retrasa una reforma, retrasa un derecho, retrasa una vida. Y mientras España se juega 1.400 millones de Europa, la patronal se juega su alma, entregada por completo al dogma del beneficio por encima de todo.

El diálogo social no está en la UVI. Lo que está en la UVI es la ética empresarial de un país que confunde el poder económico con el derecho a vetar la democracia.