Fujimori y Sánchez se juegan Perú voto a voto mientras el racismo vuelve a hacer campaña 

El país no solo espera un resultado electoral: está mirando de frente la vieja maquinaria que desprecia al Perú andino, rural e indígena cuando vota contra Lima.

UN PAÍS PARTIDO POR 651 VOTOS

Perú vuelve a estar al borde del abismo político. No por accidente. No por una fatalidad tropical, ni por ese tópico colonial que presenta a América Latina como un territorio condenado al caos. Está al borde porque cada elección vuelve a abrir la misma herida: quién tiene derecho a decidir el país y quién debe limitarse a obedecerlo desde lejos, desde la sierra, desde las comunidades rurales, desde esos lugares que las élites solo recuerdan cuando necesitan minerales, mano de obra barata o votos disciplinados.

A 11 de junio, con el 98% del recuento oficial de la ONPE escrutado, Keiko Fujimori aparece con el 50,002% de los votos. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, queda en el 49,998%. La diferencia es de 651 votos. Sí, 651 votos en un país de más de 19 millones de personas llamadas a las urnas el 7 de junio. Una presidencia colgando de una cifra microscópica. Una democracia puesta en suspenso por un puñado de actas. Un país entero mirando una pantalla como quien mira una operación a corazón abierto.

Y todavía no ha terminado. El escrutinio podría prolongarse hasta mediados de julio por las 1.500 actas impugnadas que pueden inclinar el resultado hacia cualquiera de los dos lados. Ese es el dato frío. Luego está lo otro. Lo caliente. Lo sucio. Lo que nunca aparece del todo en los gráficos electorales: la batalla por decidir qué votos cuentan de verdad y cuáles son tratados como una sospecha administrativa cuando vienen de zonas rurales, comunidades indígenas o territorios alejados.

Sánchez habló desde un balcón de la Plaza San Martín, en Lima, con su sombrero rural y un discurso de algo más de 20 minutos. Habló de reconciliación, de recuperar la democracia, de defender los votos y de acabar con el “pacto mafioso”. No era solo una arenga electoral. Era una advertencia. Porque el candidato de izquierda sabe que su fuerza no viene de los salones limeños ni de los editoriales empresariales. Viene de Los Andes, del sur, de las regiones que durante años han escuchado que su voto era atraso, resentimiento o comunismo. La democracia peruana parece muy seria hasta que votan quienes no estaban invitados a mandar.

Fujimori, por su parte, juega otra vez el papel que mejor conoce: el de heredera de una estructura política que nunca terminó de irse. Hija del dictador Alberto Fujimori, cuatro veces candidata, superviviente de todas las derrotas posibles y representante de una derecha que no compite solo en las urnas, sino en los tribunales electorales, en los medios, en las impugnaciones y en la fabricación industrial del miedo. Su campaña “Defensores del Perú” pretendía reclutar 100.000 personeros. Según ella, desplegó 95.000. La politóloga Flavia Nestares lo señaló con claridad: ese despliegue y la impugnación masiva de actas retrasan la fase final del proceso.

No es una anécdota técnica. Es política pura. En 2021 ya vimos el libreto. Cuando el voto rural no convence a la derecha, la derecha no revisa su programa: revisa las actas. Cuando el sur andino habla, los de siempre piden auditorías, sospechan de mesas, agitan fantasmas y convierten al votante pobre en presunto delincuente electoral.

EL RACISMO COMO PROGRAMA POLÍTICO

El mapa electoral peruano no dibuja una simple división ideológica. Dibuja una fractura social. Lima, golpeada por el sicariato, el cobro de cupos, la violencia contra negocios y transportistas, se mantiene como enclave fujimorista, con apoyos por encima del 60%. También las regiones costeras del norte, atravesadas por narcotráfico, minería ilegal y mafias, se inclinan por Fujimori con más del 50%. Loreto y Ucayali, en la Amazonía, siguen una tendencia similar.

Frente a eso, el Perú andino vota otra cosa. Desde Cajamarca hasta Puno, pasando por buena parte del sur, Sánchez supera el 60%. En Puno alcanza el 80%. En numerosas provincias del sur no baja de ese 80%. En Chumbivilcas, provincia cusqueña, llega al 89%. No es una nota al pie. Es un grito. Un grito político, territorial, histórico.

El antropólogo cusqueño José Ramos Nahuel lo plantea con una crudeza necesaria: en el norte y en la capital pesan mucho los discursos mediáticos y conservadores que etiquetan cualquier cambio como “comunismo”, “terrorismo” o “antidesarrollo”. En el sur, esa propaganda existe, claro. Pero allí se viven de frente la represión de las protestas, la impunidad, la pobreza y los impactos de la minería. Dicho de otra forma: hay lugares donde el neoliberalismo se ve en televisión y lugares donde se respira como polvo en los pulmones.

Michael Encalada Calderón, politólogo quechua, añade una clave decisiva: el sur no vota necesariamente por una izquierda doctrinaria, sino contra el centralismo limeño, contra un modelo que lo llama antisistema porque se atreve a cuestionar el reparto del país entre élites, empresas y aparatos políticos. Hay una diferencia de cosmovisión. En muchas comunidades andinas, la pregunta no es “por quién voto yo”, sino “a quién vamos a apoyar”. Eso, para el individualismo feroz de las clases altas limeñas, resulta casi incomprensible. Para ellas, lo colectivo siempre parece amenaza. Lo comunitario siempre huele a comunismo. Qué casualidad.

Y luego está el racismo. El racismo sin maquillaje. Tras la primera vuelta, un streamer popular entre adolescentes insultó a votantes del sur llamándolos “serranos de mierda”, “come motes” y diciendo que “no les llegaba oxígeno al cerebro”. No es una salida de tono aislada. Es la voz destapada de un clasismo antiguo, una pedagogía del desprecio que se transmite por pantallas, tertulias, sobremesas y campañas electorales. Cuando el pobre vota como quiere, el poderoso descubre de pronto que la democracia necesita filtros.

Rafael López Aliaga, candidato de ultraderecha y exalcalde de Lima, pidió anular 4.500 mesas de la “serie 900.000”, creadas para zonas rurales, de difícil acceso o comunidades indígenas alejadas, alegando supuestas irregularidades. Traducido: cuando vota el Perú profundo, hay que sospechar. Cuando vota Miraflores, hay que respetar la institucionalidad.

El antivoto completa el cuadro. Una semana antes de la segunda vuelta, centenares de personas salieron a las calles bajo el lema “No a Keiko”, convocadas por grupos de derechos humanos y colectivos sociales. El rechazo a Fujimori no nace de la nada: nace del legado autoritario de su padre, de sus sucesivas candidaturas, de la presencia de Fuerza Popular en el Parlamento y de una sensación muy extendida de secuestro institucional. Pero al otro lado opera otro miedo, más rentable para las élites: el “No al comunismo”. Fujimori lo agitó junto a medios, empresarios y partidos de derecha. Incluso recurrió a una videollamada con María Corina Machado para vender la elección como una frontera entre “libertad” y chavismo.

El problema es que esa palabra, libertad, lleva demasiado tiempo siendo usada por quienes defienden privilegios muy concretos. Libertad para explotar territorios. Libertad para criminalizar protestas. Libertad para llamar ignorante al votante rural. Libertad para que las élites pierdan elecciones y aun así intenten ganar el recuento por agotamiento, ruido y sospecha.

Perú no está dividido entre civilización y barbarie. Está dividido entre quienes creen que el país les pertenece por herencia y quienes, por fin, se atreven a responder desde las urnas que también existen. Y eso es lo que no perdonan.