Fiscales y jueces europeos alertan del riesgo político en el juicio al fiscal general español 

Europa advierte: judicializar la política es minar la democracia.

ALERTA DESDE EUROPA: CUANDO LA JUSTICIA SE UTILIZA COMO VENGANZA POLÍTICA

Fiscales y magistrados de Alemania, Francia, Italia y Portugal han lanzado una advertencia sin precedentes: España está cruzando una línea peligrosa. En un artículo conjunto publicado en el diario luso Público, seis figuras de peso en la judicatura europea denuncian su “gran inquietud y preocupación” por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos en un proceso que huele más a persecución política que a justicia.

No es una advertencia menor. Hans-Ernst Böttcher, António Cluny, Simone Gaboriau, Mariarosaria Guglielmi, Filipe César Marques y Gualtiero Michelini —fiscales y jueces de alto rango— describen lo que ocurre en España como un riesgo para la independencia judicial y para la democracia misma. Hablan de procesos “oportunistas” impulsados no para aplicar la ley, sino para judicializar el enfrentamiento político y minar la credibilidad pública de los tribunales.

El mensaje es claro: lo que se está gestando en España no es una depuración judicial, sino una campaña de desgaste institucional orquestada desde el poder mediático y político de la derecha. El caso contra García Ortiz —por la supuesta filtración de un correo sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso— es solo la superficie. Debajo está la estrategia de convertir cada investigación incómoda en un juicio paralelo, cada fiscal incómodo en un enemigo, y cada control institucional en una “conspiración socialista”.

Europa, que ha visto en otros países cómo la extrema derecha desmantela el Estado de derecho desde dentro, reconoce en España un patrón inquietante. Polonia y Hungría fueron advertidas tarde. Ahora, cuando el populismo judicial se disfraza de transparencia, el riesgo es que la toga se convierta en bandera partidista.

EL ATAQUE INTERNO AL ESTADO DE DERECHO

El comunicado de los juristas europeos lo dice sin ambigüedades: “El control legítimo no debe debilitar el Estado de derecho ni fortalecer propuestas autoritarias y populistas”. Una frase que resuena con fuerza en un país donde determinados jueces, medios y partidos están convirtiendo la justicia en campo de batalla ideológica.

España está viviendo una mutación silenciosa del poder judicial. No se trata ya de garantizar la independencia de los tribunales, sino de ponerlos al servicio de una cruzada política. La derecha y la ultraderecha, incapaces de ganar en las urnas, buscan ganar en los juzgados lo que pierden en democracia. Y lo hacen a través de una combinación de acoso mediático, denuncias selectivas y una guerra cultural revestida de legalidad.

El juicio contra el fiscal general no es un episodio aislado, sino parte de un ecosistema de lawfare (guerra jurídica) que busca erosionar la legitimidad del Gobierno y de quienes lo sostienen. Lo vimos con las campañas judiciales contra líderes progresistas en América Latina, y ahora se replica aquí: procesos judiciales oportunistas para desgastar, dividir y neutralizar políticamente.

Los firmantes europeos lo recuerdan: interferir en el sistema judicial desde dentro o desde fuera destruye la confianza en las instituciones. No solo se socava un caso concreto, sino la idea misma de justicia. Cuando la Fiscalía se convierte en sospechosa por investigar, y los jueces que actúan con independencia son señalados, la democracia se debilita.

El miércoles, Álvaro García Ortiz declarará ante el Tribunal Supremo. No será solo una defensa personal. Será la defensa del principio de que la justicia no puede ser un arma política. Si cae el fiscal general por investigar a quien no debía, cae también la credibilidad de un sistema judicial que empieza a parecer un campo de batalla partidista.

Porque si algo deja claro la advertencia europea es esto:
Cuando la toga se mancha de ideología, lo que muere no es un fiscal, sino la confianza del pueblo en la justicia.