Aporofobia institucional en EE.UU.: el hambre como herramienta política 

Cuando el Estado se convierte en verdugo y castiga a quien menos tiene, ya no hablamos de política económica, sino de desprecio planificado.

UN PAÍS CON HAMBRE Y UN GOBIERNO QUE LA USA COMO ARMA

Más de 42 millones de personas en Estados Unidos dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el sistema conocido como food stamps o cupones de alimentos. Es decir, una de cada ocho personas necesita ayuda pública para comer. Pero el Gobierno de Donald Trump ha ordenado a los estados que dejen de pagar el 100% de las ayudas a las familias pobres y que retiren los fondos ya entregados por encima del 65% permitido.

El Departamento de Agricultura (USDA) ha enviado un memorando tajante: “Los estados deben deshacer inmediatamente cualquier paso tomado para emitir beneficios completos de SNAP”. Y advierte que si no cumplen, el Gobierno retirará la financiación federal para los costes administrativos y exigirá la devolución de lo pagado “en exceso”.

Este ajuste llega en medio del cierre más largo del Gobierno estadounidense en su historia, una parálisis provocada por la pugna entre la Casa Blanca y el Congreso, que ha dejado sin fondos a miles de programas sociales. Pero el hambre no espera a los acuerdos políticos. Mientras Wall Street mantiene beneficios récord y las corporaciones energéticas celebran exenciones fiscales, millones de familias pierden su única fuente regular de alimentos.

El hambre ha dejado de ser un fallo del sistema: es parte del sistema.

LA APOROFOBIA COMO POLÍTICA DE ESTADO

El filósofo español Adela Cortina acuñó el término aporofobia para describir el miedo o rechazo a las personas pobres. No a las extranjeras, ni a las diferentes: a las empobrecidas. Lo que hace el Gobierno de Trump encaja con precisión en esa definición. No se trata de una política presupuestaria, sino de una ideología del castigo, donde el pobre debe pagar por el delito de necesitar.

El SNAP no es una dádiva. Es un derecho social que garantiza la seguridad alimentaria mínima en un país donde el salario mínimo federal sigue congelado en 7,25 dólares la hora desde 2009. Pero en la lógica trumpista, la pobreza se interpreta como pereza, y el Estado se reserva el papel de disciplinar a quienes dependen de él.

La medida afecta directamente a millones de menores, personas mayores, y trabajadoras pobres que —aun teniendo empleo— no llegan a cubrir las necesidades básicas. En promedio, una familia de cuatro miembros recibe 715 dólares mensuales, menos de 6 dólares por persona y día. Con la orden del USDA, ese monto se reduce ahora a menos de 4 dólares diarios.

Los estados más progresistas, como Massachusetts, California o Nueva York, han anunciado que no devolverán el dinero y que llevarán el caso a los tribunales. “Si el presidente Trump quiere penalizar a los estados por evitar que la gente pase hambre, nos veremos en los tribunales”, declaró la gobernadora Maura Healey.

El gesto resume el conflicto de fondo: no es una disputa legal, sino moral. Lo que está en juego no es un presupuesto, sino el valor de la dignidad humana en el país más rico del planeta.

HAMBRE PROGRAMADA, RIQUEZA ASEGURADA

El programa SNAP cuesta alrededor de 9.000 millones de dólares al mes. Para ponerlo en perspectiva: el Pentágono gasta esa cantidad cada cuatro días. Sin embargo, mientras el presupuesto militar crece un 14% anual, el gasto social se paraliza o se convierte en moneda de cambio para chantajes políticos.

Trump presenta la austeridad como virtud, pero su Gobierno aprueba recortes para los pobres y exenciones para los multimillonarios. El resultado es una transferencia sistemática de recursos hacia arriba. No se trata de ahorro, sino de control.

La pobreza se convierte así en un mecanismo disciplinario: una herramienta para recordar a la clase trabajadora quién manda y qué precio tiene la obediencia. Lo que se disfraza de eficiencia fiscal es, en realidad, una campaña institucional de aporofobia, una pedagogía del desprecio que normaliza la idea de que algunas vidas valen menos que otras.

La administración Trump no combate la pobreza: la administra como amenaza.

Cuando el hambre se utiliza como herramienta de gobierno, lo que muere no es solo la compasión, sino la democracia misma. Porque un país que deja sin comer a su pueblo mientras multiplica los contratos de defensa no es una nación libre. Es una empresa de poder disfrazada de república.

Y el mensaje es claro: quien tiene hambre, que se calle o se le quitará el pan también.