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El abogado Gonzalo Boye ha hablado sobre el caso del periodista Pablo González, detenido en Polonia.
Ante la pregunta sobre cómo está Pablo y si ha podido hablar con él Boye se muestra contundente: «No, no lo sabemos. De hecho, el último contacto directo con Pablo fue el día de su detención, el 28 de febrero. A partir de ahí, dos semanas después, ha habido un contacto a través del Cónsul español que le visitó y ni la familia ni yo le hemos podido visitar ni hemos podido hablar con él, ni hemos recibido ninguna comunicación directa de su parte».
«No tiene ningún fundamento legal, esto es una medida arbitraria y de hecho primero le designaron cuando llevaba 14 días en prisión un abogado de oficio, que nunca se dignó a contestarnos. Una semana después renunció. Se le ha designado una segunda abogada de oficio ,que tampoco nos contesta las comunicaciones, es decir, una situación bastante anómala porque entre abogados tenemos unos deberes deontológicos, entre otros los de corrección y contestarnos entre compañeros, más cuando ambos somos abogados de Pablo» añade.
«No sabemos en qué se sustenta la condena por qué la Fiscalía nunca ha tenido a bien dejarnos ver el expediente ni darnos ningún dato más allá del tipo penal del que le acusan que el artículo 130 del Código Penal polaco, que es un artículo referido a espionaje para una potencia extranjera, en este caso Rusia, pero no tenemos ninguna prueba, no tenemos ningún documento, no tenemos ningún informe», continúa.
«Teniendo presente que estamos dentro de la Unión Europea, es decir, esto es absolutamente irregular. Le acusan, por lo que hemos sabido, de pro ruso por, entre otras cosas, haber trabajado para el diario Gara, estar en posesión de una tarjeta de crédito de Caja Laboral Kutxa, que es la entidad financiera vasca, por su perfecto dominio del idioma ruso, que yo creo que es algo entendible, teniendo en cuenta que tiene no la doble nacionalidad», interviene Marina Lobo.
«Nosotros creemos que Polonia se ha equivocado, le estamos dando todas las vías para que rectifiquen el error, pero ellos persisten ese error y mira si hay un dato que es esencial, si ellos después de un mes tuviesen algo, ya lo hubiesen puesto sobre la mesa además lo hubiesen puesto el primer día y diría, mira este señor espía por esto que tenemos aquí. No han hecho nada de eso porque no tienen nada de eso. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros?, que en este mes estén tratando de quebrar su voluntad. Es una persona sometida a aislamiento durante un mes. Es una persona evidentemente debilitada y que puede ser susceptible de cualquier tipo de presión indebida».
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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