Más viviendas, pero más caras: el espejismo de la burbuja inmobiliaria
Cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 la liberalización del suelo, prometió que la construcción masiva de viviendas abarataría los precios y facilitaría el acceso a un derecho esencial. Lo que siguió fue un experimento fallido que terminó arrojando al vacío a miles de familias. Mientras las grúas no paraban de elevar edificios y los terrenos recalificados crecían como setas tras la lluvia, los precios continuaron subiendo sin freno. Se construyó el doble de lo que demandaba el mercado y, aun así, los precios se dispararon como nunca antes.
Gerardo Roger, arquitecto y docente de Urbanismo, recuerda con ironía la contradicción de la época: «Las viviendas deberían haberse regalado, pero subieron más que nunca». El suelo no es un recurso ilimitado ni homogéneo; el valor de una ubicación céntrica no se desploma porque se construyan viviendas en otras zonas. Esta simple pero poderosa realidad desbarata el argumento de que más oferta siempre significa precios más bajos.
El resultado fue devastador: los bancos abrieron la puerta al crédito fácil y la ciudadanía se endeudó hasta niveles insostenibles. Cuando la burbuja estalló en 2007, la crisis financiera global fue acompañada por un drama humano sin precedentes. Miles de personas perdieron sus hogares, su estabilidad y su futuro.
BURBUJA Y ESPECULACIÓN: EL FRACASO DE UN MODELO BASADO EN EL MERCADO LIBRE
La política de liberalización eliminó las restricciones urbanísticas y convirtió el suelo en mercancía para la especulación. El resultado fue predecible: los grandes fondos y promotores inmobiliarios actuaron como depredadores. Cuanto más crecían los beneficios privados, más se encogían las posibilidades de acceso a una vivienda digna. En lugar de garantizar derechos, la estrategia alimentó una dinámica perversa: cuanto mayor era la fiebre por construir, más inaccesibles se volvían las casas para quienes las necesitaban.
Los datos ilustran el despropósito: en los años previos al colapso, se llegaron a construir hasta 700.000 viviendas anuales, mientras la demanda real apenas alcanzaba la mitad de esa cifra. Hoy, las cifras son otras, pero el reto persiste: en 2024 se inició la construcción de 125.000 viviendas al año, un 15% más respecto al año anterior. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿construir más o construir mejor?
El economista Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario de España, pone el foco en el tipo de viviendas que se levantan. «No basta con aumentar la oferta. Hace falta vivienda protegida y destinada al alquiler», subraya. La receta es clara: sin intervención pública fuerte y una empresa estatal de vivienda, se corre el riesgo de repetir el mismo desastre que desangró al país hace una década.
UN DEBATE IDEOLÓGICO QUE DEFINE EL FUTURO
En 2025, la vivienda vuelve al centro del debate político. Desde el Gobierno de coalición se apuesta por medidas como la transferencia de más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo a la Empresa Pública de Vivienda. Entre los planes, también figura priorizar la compra pública frente a las Comunidades Autónomas para evitar que los fondos privados vuelvan a acaparar suelos y viviendas.
Mientras tanto, el Partido Popular retoma el discurso de «movilizar suelo» y promete un urbanismo más ágil y eficaz. Sin embargo, la ambigüedad de sus propuestas y la ausencia de cifras concretas despiertan sospechas. Los cantos de sirena sobre un «mercado libre» esconden la amenaza de revivir un modelo especulativo que ya demostró ser un fracaso.
La historia reciente muestra que confiar en el mercado para resolver el problema habitacional solo garantiza nuevos ciclos de burbujas y estallidos. La pregunta no es cuántas viviendas se construyen, sino para quién y con qué fin.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…