Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
En el combate contra el colapso ambiental, los activistas no son el problema. Son la solución.
La investigación reciente de la Universidad de Bristol desvela un hecho alarmante: España se suma a Estados Unidos y Alemania como los únicos países democráticos que utilizan legislación contra el crimen organizado para criminalizar el activismo climático. Este fenómeno, que ya se ha extendido por diversos rincones del mundo, es un reflejo de cómo los estados optan por reprimir en lugar de actuar ante la crisis climática.
“Nos parece completamente inaceptable, ya que estos activistas no pueden considerarse en ninguna circunstancia organizaciones mafiosas”, sentencia Oscar Berglund, catedrático de Políticas Internacionales de la Universidad de Bristol. Sin embargo, la maquinaria judicial española avanza contra grupos como Futuro Vegetal, imputados por el delito de organización criminal. La justificación: un supuesto objetivo de asociarse para delinquir.
CRIMINALIZAR LA PROTESTA, IGNORAR LA CRISIS
La estrategia de «criminalizar» el activismo ha evolucionado a medida que crecen las manifestaciones y sus formas disruptivas. Este endurecimiento no es aislado: responde a un patrón global que incluye nuevas legislaciones antiprotesta, procesos judiciales punitivos, aumento de la vigilancia y hasta la desaparición física de activistas.
Desde 2019, se han aprobado 22 leyes diseñadas específicamente para restringir las protestas en 14 países monitoreados, según el estudio. España, con su controvertida «Ley Mordaza», ya demostró que está dispuesta a limitar derechos fundamentales bajo el pretexto de proteger el orden. Estas medidas van acompañadas de una “sobrecriminalización del activismo”, mientras los verdaderos responsables de daños climáticos quedan impunes.
“Se descriminalizan los comportamientos que causan más daños ambientales mientras se persigue a quienes intentan frenarlos”, denuncia el informe.
En España, quince activistas esperan juicio por lanzar agua tintada de remolacha al Congreso en 2022. La Fiscalía pide 21 meses de prisión por daños al patrimonio histórico, ignorando que el verdadero daño es el colapso climático que denuncian.
Mientras tanto, la vigilancia policial aumenta. Detenciones arbitrarias, infiltración en movimientos y amenazas son prácticas comunes. Organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción asumen que son constantemente espiadas. Todo ello refleja un esfuerzo consciente por desarticular movimientos que demandan acción climática.
LA DOBLE MORAL DEL PODER
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo definió claramente en 2022: “Los verdaderos radicales peligrosos son los estados que aumentan la producción de combustibles fósiles”. No obstante, son los activistas quienes son calificados como peligrosos. En países como Reino Unido, algunos ya cumplen penas de varios años de cárcel, y a menudo se les prohíbe siquiera mencionar el cambio climático en los tribunales.
Esta narrativa busca despolitizar el activismo y, al mismo tiempo, proteger los intereses económicos que perpetúan la crisis climática. “El movimiento climático es visto como una amenaza real para la expansión económica”, explica Berglund. En este contexto, resulta evidente que la represión no responde al caos que generan las protestas, sino al temor que despiertan en los pilares del sistema capitalista.
Mientras tanto, los costos humanos de la crisis climática y la represión del activismo son devastadores. Entre 2012 y 2023, más de 2.000 defensores y defensoras ambientales fueron asesinados en todo el mundo. En Brasil, Filipinas, India y Perú se concentra el mayor número de casos. Aunque España no aparece en estas estadísticas, su participación en la criminalización del activismo la sitúa en la misma senda de represión.
El mundo no necesita más leyes contra las protestas. Necesita justicia climática. En el combate contra el colapso ambiental, los activistas no son el problema. Son la solución.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
1 Comment
Deja una respuesta
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
Y los ultras,barra libre.