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El adoctrinamiento religioso en las escuelas no es libertad de conciencia, es imposición estatal con sotana.
La cruz en la pizarra, la ley del más fuerte en el pupitre
Hay quien confunde laicidad con persecución. Quien cree que exigir que las escuelas públicas estén libres de dogmas es un ataque a la fe. No lo es. Lo que sí es un ataque —a la inteligencia, al derecho a la educación libre y a la autonomía infantil— es que, en pleno 2025, el Estado siga financiando clases de religión católica con dinero público. Religión evaluable. Con nota. Con temario. Con profesoras y profesores designados por los obispos, no por los claustros.
No es neutralidad, es subordinación institucional.
Porque cuando se permite que un credo entre al aula como asignatura, lo que se está haciendo es colocar una sotana sobre la Constitución. Se está cediendo a los acuerdos con el Vaticano —herencia directa del franquismo y aún vigentes— la soberanía sobre los contenidos educativos. En un país donde miles de niñas y niños estudian en barracones, donde se recortan becas comedor y donde falta profesorado, es ofensivo que el dinero se desvíe a sostener catequesis escolares. Pero el adoctrinamiento, ya sea con crucifijo o con Excel, siempre encuentra presupuesto.
En el curso 2023-2024, más del 60% del alumnado en Primaria y más del 50% en ESO cursó Religión católica, según datos del propio Ministerio de Educación. Y no porque haya un fervor místico desatado, sino porque en muchos centros no se ofrece una alternativa real. Porque no se garantiza que quien no quiera rezar, no se quede mirando la pared.
CONCORDATOS, FONDOS DE INVERSIÓN Y EDUCACIÓN COMO BOTÍN
La clave no está solo en la presencia de la Iglesia. Está también en su alianza estratégica con el capital. El adoctrinamiento religioso en las escuelas es solo una pata de un modelo educativo privatizado y colonizado ideológicamente por los mismos actores que rezan y facturan. Las grandes organizaciones católicas —desde el Opus Dei hasta los Legionarios de Cristo, pasando por la Asociación Católica de Propagandistas— no solo imparten doctrina: poseen redes enteras de colegios concertados y universidades privadas que operan como corporaciones. Algunas de ellas, como la Universidad San Pablo CEU, facturan más que muchas empresas tecnológicas.
Y lo hacen con fondos públicos.
Conciertos educativos firmados a largo plazo, con cláusulas blindadas, con subsidios por cada alumno y sin inspección rigurosa del contenido que se imparte. Todo esto mientras se perpetúan discursos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos, al feminismo, a la diversidad LGTBI y a la memoria democrática. ¿Quién vigila si en esas aulas se niega el cambio climático o se presenta el aborto como un asesinato? Nadie. Porque en nombre de la «libertad de elección», se ha creado un sistema donde el Estado paga y calla.
La paradoja es grotesca: el neoliberalismo predica la competencia, pero a la Iglesia no se le exige competir. Se le subvenciona. Se le premia. Se le protege. Y cuando alguien lo cuestiona, se agita la bandera de la libertad religiosa, como si cuestionar la financiación del dogma fuera atacar la fe. No lo es. Es exigir que la fe no tenga privilegios sobre la razón.
Mientras tanto, en la misma escuela pública donde se enseña ciencia por la mañana, se predica el Génesis por la tarde. ¿A qué jugamos? ¿A formar ciudadanía crítica o a perpetuar súbditos obedientes?
¿Qué libertad de conciencia puede tener una niña de siete años que no sabe aún qué significa ‘pecado’ pero ya se le habla del infierno? ¿Qué neutralidad puede haber cuando se usa el aula para convertir la duda en culpa, y la autonomía en sumisión?
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