¿En serio, Israel? 

Un gobierno acusado de genocidio, de matar a miles de menores y de expandir colonias ilegales pretende dar lecciones a España sobre legalidad internacional

El presidente israelí, Isaac Herzog, decidió señalar públicamente a España el 5 de marzo. Según sus palabras, el Gobierno de Pedro Sánchez está “jugando a un juego raro e incomprensible” y no cumple con sus obligaciones dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El reproche coincide con una escalada militar en Oriente Próximo impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán y con la presión creciente para que los países europeos aumenten su gasto militar hasta el 5% del PIB, una exigencia defendida por Donald Trump.

Las palabras de Herzog llegan el mismo día en que España anunció el envío de la fragata Cristóbal Colón (F-105) al Mediterráneo oriental, con destino a Chipre, para integrarse en un grupo naval europeo.

La paradoja es difícil de ignorar: un Estado acusado ante tribunales internacionales de genocidio y crímenes de guerra pretende presentarse como guardián de las reglas.

Porque si hay algo que ha marcado los últimos años en Oriente Próximo es precisamente el colapso sistemático del derecho internacional humanitario.

GAZA: EL GENOCIDIO QUE PRETENDE DAR LECCIONES

Desde octubre de 2023, la ofensiva militar israelí sobre Gaza ha dejado una devastación difícil de describir en términos convencionales.

Las cifras hablan por sí solas. Según el Ministerio de Salud gazatí y diversas organizaciones humanitarias, más de 40.000 personas han muerto, entre ellas más de 15.000 menores. Hospitales, escuelas, universidades, campos de refugiados y barrios completos han sido bombardeados de forma reiterada.

Nunca en la historia reciente se había documentado una matanza de menores de esta magnitud en tan poco tiempo.

El propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas advirtió en 2024 que Gaza se había convertido en un “cementerio de niños”.

A ello se suma el bloqueo humanitario, los ataques contra convoyes de ayuda y la destrucción sistemática de infraestructuras civiles básicas: agua, electricidad, hospitales y sistemas de saneamiento.

No se trata solo de denuncias políticas. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia aceptó estudiar la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por genocidio, un proceso judicial internacional que sigue abierto.

Diversos informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado posibles crímenes de guerra, ataques indiscriminados contra civiles y castigos colectivos prohibidos por el derecho internacional.

Y aun así, desde ese mismo gobierno se pretende dar lecciones sobre “cumplir reglas”.

El contraste entre discurso y realidad resulta brutal.

CISJORDANIA: LA COLONIZACIÓN ILEGAL QUE CONTINÚA

Mientras Gaza era arrasada, otro proceso avanzaba en paralelo con menos cámaras pero con la misma lógica colonial.

En Cisjordania, la expansión de asentamientos israelíes ilegales continúa desde hace décadas, en abierta violación del derecho internacional.

Actualmente existen más de 700.000 colonos israelíes viviendo en territorios ocupados, en enclaves construidos sobre tierras palestinas y protegidos por el ejército.

La propia Organización de las Naciones Unidas ha reiterado que estas colonias son ilegales según el derecho internacional y constituyen un obstáculo central para cualquier solución política.

Pero el proceso no solo continúa. En los últimos años se ha intensificado.

En paralelo a la guerra en Gaza y a la escalada regional con Irán y Hezbolá, grupos de colonos han llevado a cabo ataques contra aldeas palestinas, incendios de viviendas y expulsiones forzadas de comunidades rurales.

Diversos informes documentan cómo estos ataques se producen con frecuencia bajo la protección o la pasividad del ejército israelí.

La ocupación se consolida mientras el mundo discute sobre reglas que ya nadie respeta.

Por eso las acusaciones dirigidas contra España suenan menos a diplomacia que a presión política.

España ha rechazado elevar su gasto militar al 5% del PIB, una cifra que supondría multiplicar el presupuesto de defensa y alinearse completamente con la estrategia militar de Estados Unidos.

Ese rechazo es lo que molesta.

No es una cuestión de reglas.
Es una cuestión de obediencia.

Porque cuando quienes bombardean hospitales hablan de legalidad internacional, lo que en realidad están pidiendo no es respeto por las normas.

Lo que están pidiendo es silencio.