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El petróleo en la desembocadura del Amazonas deja a Brasil sin autoridad moral ante la COP30.
LA SELVA NO SE PERFORA, SE PROTEGE
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido autorizar la explotación petrolera en la desembocadura del Amazonas, apenas unos días antes de que comience la COP30 en Belém. El permiso otorgado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) a Petrobras para perforar el llamado bloque 59 llega con el aval presidencial y contra el criterio técnico de 29 especialistas de la propia agencia, que alertaron de “daños ambientales serios”.
La decisión no es menor. El pozo está ubicado dentro de la cuenca del mayor río del planeta, a 175 kilómetros de la costa, en una zona que alberga la mayor franja continua de manglares del mundo y comunidades indígenas que no fueron consultadas, como exige la Convención 169 de la OIT. La líder indígena Luena Karipuna, del pueblo Oiapoque, lo resume con una frase que pesa más que cualquier informe: “Nuestra tierra está siendo violada”.
En plena cuenta atrás para la cumbre climática, el presidente que prometía “salvar el planeta” se entrega a la fiebre del crudo. El argumento oficial es la “transición justa” y la “necesidad económica”, pero el trasfondo es el de siempre: el petróleo da más dinero que la soja y Brasil ya es el sexto productor mundial con 3,9 millones de barriles diarios. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, aspira incluso a entrar en la OPEP. Lula, el mismo que pedía “coraje político” a los líderes mundiales, parece haberlo usado para abrir más pozos, no para cerrarlos.
Mientras tanto, ocho organizaciones civiles han llevado el caso a los tribunales, denunciando que el IBAMA no evaluó adecuadamente los riesgos de un derrame. Un informe independiente alerta de que el petróleo podría alcanzar la Guayana Francesa en solo 12 horas y afectar arrecifes únicos y comunidades afro e indígenas. Petrobras, acusada de usar datos obsoletos, se defiende alegando que cumplió todas las exigencias de seguridad. El Observatorio del Clima replica que, en caso de accidente, el 20% del petróleo se hundiría en el lecho marino y afectaría el sistema amazónico de arrecifes, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
EL DOBLE DISCURSO DE LA TRANSICIÓN
El impacto político es devastador. La fractura dentro del propio gobierno es ya abierta. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, intenta mantener el equilibrio entre la lealtad y la coherencia, mientras Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, denuncia la violación de derechos ancestrales. El PSOL, socio parlamentario de Lula, ha presentado un proyecto de ley para prohibir la explotación petrolera en toda la margen ecuatorial.
La respuesta desde la sociedad civil y la comunidad internacional no se ha hecho esperar. El frente global de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, con casi mil legisladores de todo el mundo, ha calificado la decisión de “golpe simbólico” a la esperanza climática. El diputado colombiano Juan Carlos Losada advierte que “debilita la credibilidad de América Latina ante el liderazgo ambiental que el planeta espera de la Amazonía”.
Brasil, que quería liderar la transición energética global, llega a la COP30 con las manos manchadas de crudo. El país que prometía proteger la selva ha decidido perforar su corazón. Es un paso atrás no solo ecológico sino moral: sin autoridad ética, ningún discurso climático resiste el olor a petróleo.
La situación pone a Lula frente a su espejo: un presidente que enarbola la bandera verde mientras abre una nueva frontera petrolífera con 27 bloques de extracción en espera de licencia, repartidos entre Petrobras, ExxonMobil, Chevron y la china CNPC. Desde 2022, la fiebre del oro negro ya ha traído falsificación de títulos de propiedad, invasiones de tierras indígenas y expansión del crimen organizado en zonas como Oiapoque. El petróleo, como en tantos lugares, no genera desarrollo: genera dependencia, desigualdad y devastación.
En términos legales, el movimiento también puede volverse contra Brasil. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que los Estados que sigan concediendo licencias para explorar combustibles fósiles pueden incurrir en “actos internacionalmente ilícitos”. Es decir, crímenes contra el futuro.
La contradicción es tan evidente que hasta Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y coordinadora del Observatorio del Clima, lo ha descrito sin rodeos: “Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción actual podría abastecer su consumo interno. Debería dejar de exportar”. Pero la lógica del capital no entiende de límites planetarios ni de justicia ambiental.
La COP30 comenzará en Belém con discursos, compromisos y fotografías oficiales. Pero en el subsuelo del Amazonas ya hay un agujero que no se tapa con palabras. El petróleo, una vez más, ha demostrado tener más poder que cualquier promesa climática.
La selva no arde sola. La perforan los gobiernos que se dicen progresistas mientras venden el futuro al mejor postor.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.