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El petróleo en la desembocadura del Amazonas deja a Brasil sin autoridad moral ante la COP30.
LA SELVA NO SE PERFORA, SE PROTEGE
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido autorizar la explotación petrolera en la desembocadura del Amazonas, apenas unos días antes de que comience la COP30 en Belém. El permiso otorgado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) a Petrobras para perforar el llamado bloque 59 llega con el aval presidencial y contra el criterio técnico de 29 especialistas de la propia agencia, que alertaron de “daños ambientales serios”.
La decisión no es menor. El pozo está ubicado dentro de la cuenca del mayor río del planeta, a 175 kilómetros de la costa, en una zona que alberga la mayor franja continua de manglares del mundo y comunidades indígenas que no fueron consultadas, como exige la Convención 169 de la OIT. La líder indígena Luena Karipuna, del pueblo Oiapoque, lo resume con una frase que pesa más que cualquier informe: “Nuestra tierra está siendo violada”.
En plena cuenta atrás para la cumbre climática, el presidente que prometía “salvar el planeta” se entrega a la fiebre del crudo. El argumento oficial es la “transición justa” y la “necesidad económica”, pero el trasfondo es el de siempre: el petróleo da más dinero que la soja y Brasil ya es el sexto productor mundial con 3,9 millones de barriles diarios. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, aspira incluso a entrar en la OPEP. Lula, el mismo que pedía “coraje político” a los líderes mundiales, parece haberlo usado para abrir más pozos, no para cerrarlos.
Mientras tanto, ocho organizaciones civiles han llevado el caso a los tribunales, denunciando que el IBAMA no evaluó adecuadamente los riesgos de un derrame. Un informe independiente alerta de que el petróleo podría alcanzar la Guayana Francesa en solo 12 horas y afectar arrecifes únicos y comunidades afro e indígenas. Petrobras, acusada de usar datos obsoletos, se defiende alegando que cumplió todas las exigencias de seguridad. El Observatorio del Clima replica que, en caso de accidente, el 20% del petróleo se hundiría en el lecho marino y afectaría el sistema amazónico de arrecifes, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
EL DOBLE DISCURSO DE LA TRANSICIÓN
El impacto político es devastador. La fractura dentro del propio gobierno es ya abierta. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, intenta mantener el equilibrio entre la lealtad y la coherencia, mientras Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, denuncia la violación de derechos ancestrales. El PSOL, socio parlamentario de Lula, ha presentado un proyecto de ley para prohibir la explotación petrolera en toda la margen ecuatorial.
La respuesta desde la sociedad civil y la comunidad internacional no se ha hecho esperar. El frente global de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, con casi mil legisladores de todo el mundo, ha calificado la decisión de “golpe simbólico” a la esperanza climática. El diputado colombiano Juan Carlos Losada advierte que “debilita la credibilidad de América Latina ante el liderazgo ambiental que el planeta espera de la Amazonía”.
Brasil, que quería liderar la transición energética global, llega a la COP30 con las manos manchadas de crudo. El país que prometía proteger la selva ha decidido perforar su corazón. Es un paso atrás no solo ecológico sino moral: sin autoridad ética, ningún discurso climático resiste el olor a petróleo.
La situación pone a Lula frente a su espejo: un presidente que enarbola la bandera verde mientras abre una nueva frontera petrolífera con 27 bloques de extracción en espera de licencia, repartidos entre Petrobras, ExxonMobil, Chevron y la china CNPC. Desde 2022, la fiebre del oro negro ya ha traído falsificación de títulos de propiedad, invasiones de tierras indígenas y expansión del crimen organizado en zonas como Oiapoque. El petróleo, como en tantos lugares, no genera desarrollo: genera dependencia, desigualdad y devastación.
En términos legales, el movimiento también puede volverse contra Brasil. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que los Estados que sigan concediendo licencias para explorar combustibles fósiles pueden incurrir en “actos internacionalmente ilícitos”. Es decir, crímenes contra el futuro.
La contradicción es tan evidente que hasta Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y coordinadora del Observatorio del Clima, lo ha descrito sin rodeos: “Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción actual podría abastecer su consumo interno. Debería dejar de exportar”. Pero la lógica del capital no entiende de límites planetarios ni de justicia ambiental.
La COP30 comenzará en Belém con discursos, compromisos y fotografías oficiales. Pero en el subsuelo del Amazonas ya hay un agujero que no se tapa con palabras. El petróleo, una vez más, ha demostrado tener más poder que cualquier promesa climática.
La selva no arde sola. La perforan los gobiernos que se dicen progresistas mientras venden el futuro al mejor postor.
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