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No lo cerró la ONU ni el Parlamento. Lo cerró la acción civil contra la maquinaria del genocidio.
ELBIT SYSTEMS Y LA INDUSTRIA DEL GENOCIDIO
La noticia ha pasado de puntillas en la mayoría de medios británicos, pero es un terremoto: Elbit Systems, el mayor fabricante de drones de Israel, ha cerrado una de sus plantas en Reino Unido tras las protestas de Palestine Action.
La sede de Aztec West, en Bristol, tenía contrato de arrendamiento hasta 2029. Hoy está vacía, con un único guardia de seguridad vigilando un edificio fantasma. La empresa niega que las protestas hayan tenido algo que ver y asegura que el cierre responde a “motivos comerciales”. La realidad, sin embargo, es evidente: años de acción civil sostenida han conseguido lo que la diplomacia internacional no ha querido ni intentar.
Palestine Action lleva desde 2020 señalando a la compañía con un método tan simple como efectivo: ocupar los tejados, bloquear accesos, lanzar pintura roja sobre las fachadas y paralizar operaciones. Su mensaje es directo: si fabricas armas que asesinan, no puedes trabajar como si nada.
Elbit es un pilar del complejo militar israelí. Produce la mayor parte de los drones usados para bombardear Gaza y sistemas de combate empleados en Cisjordania. La relatora especial de la ONU Francesca Albanese lo definió como parte del “esqueleto económico” de Israel, un Estado que depende de su industria armamentística para mantener la ocupación y el genocidio en marcha. Cada dron fabricado por Elbit es un engranaje más en la máquina de exterminio.
No se trata solo de un edificio cerrado. Se trata de un símbolo: un recordatorio de que la acción civil puede desarmar al monstruo.
CRIMINALIZACIÓN DE LA RESISTENCIA Y NEGOCIOS MILLONARIOS
El Gobierno británico declaró “terrorista” a Palestine Action en julio de 2025. Una decisión que coincidió con la negociación de un contrato de 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares) entre el Ministerio de Defensa y la filial británica de Elbit. El mensaje era claro: criminalizar la protesta mientras se estrecha lazos con la industria que abastece un genocidio.
El resultado ha sido grotesco. El fin de semana pasado, casi mil personas fueron detenidas en Londres en una manifestación contra esa proscripción. El Reino Unido convirtió en criminales a quienes denuncian un crimen internacional, mientras premiaba con contratos a quienes lo cometen.
En este contexto, la clausura del complejo de Bristol es un golpe que escuece. Andrew Feinstein, exparlamentario sudafricano y experto en comercio de armas, lo calificó como un hecho “extremadamente significativo”. No porque la empresa vaya a quebrar de inmediato, sino porque demuestra que la resistencia popular puede doblegar a gigantes de la industria militar.
La paradoja es obscena: mientras el Gobierno de Keir Starmer presume de haber suspendido treinta licencias de exportación de armas a Israel por el “riesgo evidente” de crímenes de guerra, negocia al mismo tiempo contratos multimillonarios con Elbit. La doble moral como política de Estado.
En la práctica, lo que se castiga no es la violencia de las armas, sino la violencia simbólica de la protesta. Pintar de rojo las paredes de un edificio es terrorismo; fabricar drones que masacran a familias enteras es “estrategia comercial”.
La experiencia de Palestine Action demuestra algo que incomoda a los gobiernos y a las empresas: si funciona, hay que seguir.
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