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Una cifra lo resume todo: el 97,4% de las y los detenidos no tenía antecedentes. El relato oficial se derrumba.
UNA REDADA MASIVA QUE DESMONTÓ SU PROPIA MENTIRA
El trumpismo insiste en que persigue a quienes denomina “el peor de los peores”. Lo repite en mítines, lo amplifica en sus medios aliados y lo utiliza como coartada para militarizar barrios enteros. Pero los datos recién difundidos por el propio Departamento de Justicia son un derribo frontal a ese relato: de 614 personas detenidas en el área de Chicago y cuya arresto podría violar un acuerdo judicial de 2022, 597 no tenían ningún tipo de antecedente penal. Eso equivale al 97,4%. Difícil ser más contundente.
Según los documentos aportados ante el tribunal federal, solo 16 personas presentaban algún historial delictivo. Y aun así, nada que ver con las categorías con las que el Gobierno Trump intenta justificar sus redadas masivas. Ninguna acusación por asesinato. Ninguna por agresiones sexuales. Ninguna por los delitos graves que la Administración agita cada vez que necesita miedo social para gobernar.
La cifra es especialmente reveladora porque forma parte de una causa judicial abierta: la demanda que denuncia que agentes de ICE y de otras estructuras federales han vulnerado el acuerdo Castañón-Nava, que prohíbe las detenciones sin orden judicial o sin causa probable en Illinois. La operación más señalada es la llamada Operation Midway Blitz. El nombre ya lo dice todo: retórica bélica para perseguir jardineros, conductores, obreros de la construcción y madres que llevan a sus hijos al colegio.
El propio juez federal, Jeffrey Cummings, no necesitó adjetivos para exponer el despropósito. Ordenó la liberación inmediata de 13 personas detenidas de manera ilegal y exigió al Gobierno que entregase la información completa de quienes siguen encerrados. Mucho tendrá que explicar la Administración si no quiere que el tribunal ordene excarcelaciones masivas.
Las cifras no dejan hueco para la interpretación: del total original de 1.800 arrestos realizados entre el 11 de junio y el 7 de octubre, solo 750 permanecen en el país. El resto fue deportado —rápido, sin tiempo para revisar la legalidad de la detención y sin garantías procesales— antes siquiera de que sus expedientes pudieran ser revisados.
Cada número tiene detrás una vida quebrada. Una familia rota. Una comunidad arrasada.
EL PERFIL DEL “PEOR DE LOS PEORES”: TRABAJADORES, VECINAS Y ESTUDIANTES
Las y los agentes que participaron en las redadas intentaron justificar las detenciones aludiendo a la seguridad pública. El juez Cummings decidió verificarlo. El resultado es una radiografía que debería avergonzar a cualquier institución pública.
54 personas detenidas en su puesto de trabajo.
20 detenidas mientras iban o volvían del empleo.
9 detenidas en aparcamientos de Home Depot y Menards.
7 detenidas en dependencias migratorias en pleno proceso burocrático.
11 detenidas en parques, gasolineras o un simple drive-thru de Dunkin’ Donuts.
Ni bandas, ni crimen organizado, ni amenazas terroristas. La inmensa mayoría son personas que sostienen barrios enteros: las y los trabajadores de reparto, jardineras y jardineros, las y los cuidadores, las y los choferes, los que limpian oficinas, las que atienden en tiendas, quienes recogen la nieve o mantienen los jardines. Muchas veces sin papeles, pero con la vida en regla.
El National Immigration Justice Center advirtió lo obvio: lo que se está ejecutando no es una política migratoria, sino una operación diseñada para atemorizar, separar y expulsar. Un dispositivo que se salta su propio marco legal y destruye la posibilidad de cualquier proceso justo. Según su equipo legal, “centenares de familias ya han sido separadas para siempre”.
Los barrios de Chicago y sus suburbios lo han vivido de primera mano. Broadview, donde se levantó uno de los centros de detención, es hoy símbolo de resistencia: el viernes fueron arrestadas 21 personas durante una protesta frente a las instalaciones federales.
Miremos de frente lo que significa esto: una Administración que detiene a personas en un parque o en la fila del café mientras afirma estar salvando al país de delincuentes imaginarios.
La etiqueta “worst of the worst” siempre fue propaganda. Lo que revelan las cifras del DOJ es que ni siquiera es propaganda sofisticada. Es una excusa torpe para desplegar una política de persecución masiva y castigar a quienes mantienen la economía real del país.
Si el miedo es su herramienta, la verdad es su punto débil.
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