El pacto sucio: cómo Bukele construyó su poder sobre cadáveres y alianzas criminales 

Mientras miles de inocentes languidecen en cárceles salvadoreñas, el Gobierno libera a líderes pandilleros que fueron sus aliados en la conquista del poder.

Carlos Cartagena López, conocido como Charli de IVU, ha roto el silencio. Líder de la facción Revolucionarios del Barrio 18, uno de los grupos más sanguinarios de El Salvador, fue liberado en secreto por orden del Gobierno y ha ofrecido una entrevista con rostro descubierto a El Faro. Durante 41 minutos relató, entre sonrisas y frases en camiseta Nike, cómo las maras impulsaron la carrera política de Nayib Bukele. No es una acusación sin fundamento, es una confesión de primera mano. El ascenso del autócrata salvadoreño está manchado de sangre y pactos con asesinos.

Charli asegura que el primer contacto con el entorno de Bukele se produjo en 2014, cuando el entonces desconocido regidor de Nuevo Cuscatlán se postulaba para la alcaldía de San Salvador. La lógica era clara: “quien domina San Salvador, domina todo”. El nexo fue Carlos Marroquín, alias Slip, un artista urbano devenido en operador político. Según Charli, Marroquín alertaba de operativos policiales, llevaba obras públicas a las comunidades controladas por el Barrio 18 y servía como emisario de Bukele para ganarse la simpatía de los pandilleros.

A cambio, las pandillas debían entregar votos, intimidar a la oposición y controlar el territorio electoralmente. La democracia se transformó en una caricatura controlada por la extorsión y el miedo. El presidente, que hoy presume de mano dura, cimentó su camino a la silla presidencial abrazando las lógicas del crimen organizado. Es un hecho corroborado por investigaciones del Departamento de Estado estadounidense, que sancionó a Marroquín y a Osiris Luna, director de Centros Penales, por sus negociaciones con la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 en 2021.

Tras ganar la alcaldía y conquistar el centro histórico de San Salvador —su vitrina política— Bukele replicó el método en su camino al poder central. La promesa de reducción de homicidios, que le granjeó apoyo internacional, fue el resultado directo del mantenimiento de esos pactos. La supuesta paz era una tregua criminal encubierta. Y la guerra contra las pandillas, lanzada en marzo de 2022 tras una masacre de 87 personas, fue el resultado de la ruptura del acuerdo.

REPRESIÓN SELECTIVA Y SILENCIO CÓMPLICE

Desde esa masacre, al menos 85.000 personas han sido detenidas bajo un régimen de excepción brutal, sin derecho a defensa ni juicio, muchas por meras denuncias anónimas o tatuajes. Más de 400 han muerto en prisión. Algunas fueron torturadas, otras abandonadas sin asistencia médica. La cárcel se ha convertido en fosa común para jóvenes pobres, vendedores ambulantes, vecinos y vecinas de zonas populares. Pero a los peces gordos del crimen, el Gobierno les abre la puerta trasera.

Charli fue capturado el 21 de abril de 2022, acusado de un homicidio y 46 extorsiones. Según la revista Elementos, fue liberado minutos después y escoltado a su casa “por orden superior”. Su entrevista se publicó días después. ¿Por qué un líder con semejante historial recibe protección del Estado mientras la población empobrecida es arrojada al infierno penitenciario sin pruebas? Porque el régimen no encarcela por peligrosidad, encarcela por utilidad política.

El caso de Charli no es una excepción. Elmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los jefes mundiales de la MS-13, también fue liberado en secreto, trasladado a Guatemala y detenido nuevamente en México en noviembre de 2023. La complicidad estatal quedó al desnudo. Más aún, CNN reveló que el hermano del presidente ofreció un 50% de descuento a la administración Trump para usar su megacárcel en la deportación de migrantes a cambio de la devolución de nueve cabecillas bajo custodia estadounidense. La cárcel, que Bukele presenta como símbolo de justicia, es en realidad una moneda de cambio geopolítica.

Mientras las cárceles se llenan de madres, adolescentes y obreros sin recursos, los verdaderos responsables del horror reciben favores, inmunidad y cámaras. Bukele ha transformado la represión en espectáculo, y el control social en campaña electoral permanente. Su guerra contra las maras ha sido —y sigue siendo— una puesta en escena donde la brutalidad se convierte en mercancía política.

Los testimonios de Charli y otro líder anónimo del Barrio 18 coinciden con investigaciones fiscales, audios filtrados, fotografías y documentos de inteligencia penitenciaria. La historia es contundente: Bukele no derrotó a las pandillas, las usó como trampolín. Las utilizó para consolidar su poder y cuando dejaron de ser útiles, las arrojó al abismo. Pero no a todas. A algunas las sigue protegiendo. A las que más saben.

El relato de Bukele como redentor del pueblo salvadoreño se tambalea frente a la evidencia. No se puede entender su ascenso sin comprender su sociedad con el crimen. No es un caudillo heroico, es un político que pactó con la sangre para gobernar con la mentira. La pregunta no es si el pacto existió, sino cuántos más fueron liberados en secreto y cuántas más muertes son el precio de su poder absoluto.

Porque no hay reforma, ni cárcel, ni megavídeo que borre el hecho de que el régimen de Bukele se sostiene sobre cadáveres y favores a criminales.