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El Ayuntamiento aprueba una moción que veta contratos con empresas que colaboren con los crímenes en Palestina y blinda su puerto contra barcos armados rumbo a Gaza
UNA CIUDAD QUE DICE BASTA: EL MUNICIPIO QUE SE NIEGA A SER CÓMPLICE DEL GENOCIDIO
Barcelona ha hecho lo que no se atreven a hacer ni Madrid, ni París, ni Berlín. Ni siquiera Bruselas. Ha dicho basta. Y no con un gesto simbólico, sino con una ruptura concreta, jurídica y contractual: romper relaciones con el Gobierno de Israel hasta que se respeten los derechos humanos en Palestina, y cerrar la puerta a empresas, instituciones y armamento que sostengan la ocupación.
Lo ha hecho gracias a una resolución pactada entre el PSC y los Comuns, con el respaldo de ERC. La moción prohíbe expresamente que el Ayuntamiento contrate a empresas que operen en asentamientos ilegales o colaboren con la maquinaria de guerra israelí. Fira de Barcelona no podrá acoger pabellones de Israel. El puerto no permitirá atracar barcos con armas destinadas a Tel Aviv. No se recibirá a delegaciones que entrenen “líderes visionarios” para sostener el apartheid.
«No se puede hablar de derechos humanos mientras se firma contratos con quienes los pisotean», dijo Janet Sanz, portavoz de los Comuns. Y tiene razón: no hay neutralidad posible en una masacre retransmitida a diario.
Porque lo de Gaza no es una “crisis”, ni un “conflicto”. Es una masacre planificada con GPS, en la que Israel ha matado a más de 54.000 personas desde octubre de 2023, ha herido a más de 123.000, y ha dejado sin funcionamiento el último hospital en el norte del enclave. Destruyen quirófanos, bombardean ambulancias, detienen a médicos. Y mientras tanto, bloquean alimentos, agua y medicinas.
La propuesta municipal denuncia lo que ya muchas voces de Naciones Unidas han calificado como crimen de guerra: castigo colectivo, desplazamiento forzoso, destrucción sistemática de viviendas y territorios ocupados por la fuerza. “Es un desafío frontal a los valores occidentales”, dijo Maria Eugènia Gay, teniente de alcalde. Pero en realidad es más: es el retrato de la cobardía europea, la prueba de fuego ante el cinismo que gobierna nuestra política exterior.
NI HERMANAMIENTO CON LA GUERRA, NI CONTRATOS CON EL APARTHEID
El hermanamiento con Tel Aviv, suspendido en 2023 por Ada Colau y reactivado a toda prisa por Collboni justo antes del 7 de octubre, queda ahora formalmente roto. La decisión de Colau fue valiente. La marcha atrás del actual alcalde, torpe y cobarde. Pero la presión social y política ha vuelto a marcar el rumbo, y esta vez lo hace con una contundencia legal inédita: todas las contrataciones del Ayuntamiento deben garantizar que no hay vínculos con empresas sancionadas o señaladas por la ONU por participar en la colonización de Palestina.
La moción pide también a la Generalitat y al Gobierno central que impulsen un embargo total de armas a Israel y sanciones individuales a quienes financian o participan activamente en la ocupación. Exige a Naciones Unidas “mecanismos eficaces” para perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos. No sirve con condenas tibias: hacen falta herramientas jurídicas que pongan fin a la impunidad israelí.
Los únicos que votaron en contra fueron PP y Vox, por supuesto. El fascismo local con su habitual síndrome de Estocolmo geopolítico. Pero la peor posición fue la de Junts, que se abstuvo por considerar que no se condenaba con suficiente fuerza a Hamás. Ese viejo truco: equiparar a un pueblo ocupado con un Estado nuclear ocupante. Como si existiera simetría entre un pueblo sitiado y una potencia que bombardea hospitales.
Barcelona ha dado un paso histórico. No simbólico, no retórico. Jurídico, efectivo, material. Una ciudad que blinda su puerto contra la guerra y su economía contra el negocio de la limpieza étnica.
El silencio mata. Y las declaraciones institucionales no salvan vidas. Pero cortar los contratos que sostienen el apartheid sí.
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