El PSOE exige el cese inmediato del capitán Bonilla tras revelarse su papel clave en la cloaca policial al servicio del PP
Una estructura paralela, sin control judicial, donde se espiaba, se manipulaban pruebas y se fabulaban informes con fines políticos. Todo con dinero público.
Si no fuese porque cada dato está documentado, parecería una ficción barata: un excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO), apodado Roberto Alcázar, que actúa al margen de la ley, espía a rivales políticos, construye informes falsos y acaba premiado con un puesto directivo en la Sanidad madrileña, cobrando 84.268,32 euros al año. Pero no es ficción. Es Juan Vicente Bonilla. Y es la Comunidad de Madrid.
El Partido Socialista ha exigido el cese fulminante del actual responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras la publicación de los mensajes que destapan no solo su ideología ultraderechista, sino su participación activa en una red de filtraciones ilegales, contravigilancias encubiertas y fabricación de pruebas con objetivos partidistas.
Según la denuncia en poder del Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigida por el juez Santiago Pedraz, Bonilla y varios agentes más accedían sin control a las bases de datos de la Guardia Civil para diseñar “investigaciones de contenido político”. Elegían el momento, la forma y el destino de cada pieza de información como quien distribuye panfletos en campaña electoral.
En esa red, tres agentes identificados como L.H., O.V.V. y F.G.S.R., coordinaban su trabajo de forma estable: redactaban documentos, asesoraban en técnicas de espionaje y colaboraban con fines claramente políticos, según la denuncia. No había supervisión judicial, solo una consigna: servir a la causa del Partido Popular desde las cloacas.
La cloaca, en este caso, se transformó en despacho público. Y el agente encubierto, en gerente oficial.
AMENAZAS, VIOLENCIA Y ODIO: UNA SANIDAD MADRILEÑA CUSTODIADA POR QUIEN AÑORA LA BOMBA LAPA
Los mensajes filtrados de Bonilla no solo lo retratan como un agente desleal con las instituciones. Lo sitúan directamente como un entusiasta del terrorismo de Estado. En sus propias palabras, y en conversaciones con confidentes, Bonilla defiende el uso del “plomo”, la ejecución extrajudicial y la contratación de sicarios para eliminar a líderes de izquierda. Sin ironía. Sin metáforas.
En una de las charlas desveladas por ElPlural.com, Bonilla se refiere a políticos progresistas como “rojomorados” y afirma: “A esos los vamos a matar nosotros”. En otra conversación celebra que los miembros de Vox juren cargos “por Dios y por España” porque, dice, “eso me pone”.
Ayuso no solo le ha dado un despacho. Le ha dado credibilidad, sueldo y poder institucional.
El mismo que pide “bombas lapa” contra rivales políticos es quien dirige la seguridad de los hospitales públicos. El mismo que celebra el plomo como herramienta política es el encargado de proteger instalaciones donde se cura, se vacuna y se salva. Lo que representa es un insulto a cada profesional sanitario y a cada paciente.
Los socialistas lo califican ya de “insostenible”, pero Ayuso calla. Como si no fuera con ella. Como si no estuviese en juego la legitimidad de una institución sanitaria ahora contaminada por el odio y la violencia más descarada. Como si los 84.000 euros que cobra Bonilla no salieran del bolsillo de todas y todos.
España se merece una sanidad pública sin pistoleros de ultraderecha en sus despachos.
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