Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El PSOE exige el cese inmediato del capitán Bonilla tras revelarse su papel clave en la cloaca policial al servicio del PP
Una estructura paralela, sin control judicial, donde se espiaba, se manipulaban pruebas y se fabulaban informes con fines políticos. Todo con dinero público.
Si no fuese porque cada dato está documentado, parecería una ficción barata: un excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO), apodado Roberto Alcázar, que actúa al margen de la ley, espía a rivales políticos, construye informes falsos y acaba premiado con un puesto directivo en la Sanidad madrileña, cobrando 84.268,32 euros al año. Pero no es ficción. Es Juan Vicente Bonilla. Y es la Comunidad de Madrid.
El Partido Socialista ha exigido el cese fulminante del actual responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras la publicación de los mensajes que destapan no solo su ideología ultraderechista, sino su participación activa en una red de filtraciones ilegales, contravigilancias encubiertas y fabricación de pruebas con objetivos partidistas.
Según la denuncia en poder del Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigida por el juez Santiago Pedraz, Bonilla y varios agentes más accedían sin control a las bases de datos de la Guardia Civil para diseñar “investigaciones de contenido político”. Elegían el momento, la forma y el destino de cada pieza de información como quien distribuye panfletos en campaña electoral.
En esa red, tres agentes identificados como L.H., O.V.V. y F.G.S.R., coordinaban su trabajo de forma estable: redactaban documentos, asesoraban en técnicas de espionaje y colaboraban con fines claramente políticos, según la denuncia. No había supervisión judicial, solo una consigna: servir a la causa del Partido Popular desde las cloacas.
La cloaca, en este caso, se transformó en despacho público. Y el agente encubierto, en gerente oficial.
AMENAZAS, VIOLENCIA Y ODIO: UNA SANIDAD MADRILEÑA CUSTODIADA POR QUIEN AÑORA LA BOMBA LAPA
Los mensajes filtrados de Bonilla no solo lo retratan como un agente desleal con las instituciones. Lo sitúan directamente como un entusiasta del terrorismo de Estado. En sus propias palabras, y en conversaciones con confidentes, Bonilla defiende el uso del “plomo”, la ejecución extrajudicial y la contratación de sicarios para eliminar a líderes de izquierda. Sin ironía. Sin metáforas.
En una de las charlas desveladas por ElPlural.com, Bonilla se refiere a políticos progresistas como “rojomorados” y afirma: “A esos los vamos a matar nosotros”. En otra conversación celebra que los miembros de Vox juren cargos “por Dios y por España” porque, dice, “eso me pone”.
Ayuso no solo le ha dado un despacho. Le ha dado credibilidad, sueldo y poder institucional.
El mismo que pide “bombas lapa” contra rivales políticos es quien dirige la seguridad de los hospitales públicos. El mismo que celebra el plomo como herramienta política es el encargado de proteger instalaciones donde se cura, se vacuna y se salva. Lo que representa es un insulto a cada profesional sanitario y a cada paciente.
Los socialistas lo califican ya de “insostenible”, pero Ayuso calla. Como si no fuera con ella. Como si no estuviese en juego la legitimidad de una institución sanitaria ahora contaminada por el odio y la violencia más descarada. Como si los 84.000 euros que cobra Bonilla no salieran del bolsillo de todas y todos.
España se merece una sanidad pública sin pistoleros de ultraderecha en sus despachos.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
1 Comment
Deja una respuesta
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
Todo sigue atado,y bien atado…