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Cuando un presidente cuestiona el derecho a elegir, no está improvisando: está ensayando el asalto al poder por otras vías.
Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El 2 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos afirmó que el Partido Republicano debería “nacionalizar el voto” y arrebatar a los estados la gestión de las elecciones. No fue una metáfora. No fue una provocación retórica sin consecuencias. Fue una declaración política explícita, pronunciada en una entrevista con el agitador ultra Dan Bongino, que vuelve a colocar el corazón de la democracia estadounidense en el punto de mira.
Trump justificó su propuesta recurriendo al mismo bulo que lleva años repitiendo: que las y los demócratas solo ganan elecciones gracias al voto ilegal de personas migrantes sin papeles. Una mentira desmontada una y otra vez por tribunales, auditorías y autoridades electorales, incluidas las dirigidas por republicanos. Pero la verdad nunca ha sido un obstáculo para el trumpismo cuando se trata de deslegitimar el voto popular.
“Los republicanos deberían decir que tenemos que tomar el control del voto”, afirmó Trump, llegando a señalar que el partido debería intervenir directamente en al menos 15 territorios. No es una cifra al azar. Es una advertencia. Un mensaje dirigido a su base y, sobre todo, a quienes dentro del aparato institucional podrían estar dispuestos a mirar hacia otro lado.
UNA AMENAZA REAL CONTRA EL DERECHO AL VOTO
La Constitución de Estados Unidos establece que la organización de las elecciones corresponde a los estados. Trump lo sabe. Su entorno también. Precisamente por eso, cuando plantea abiertamente una vulneración constitucional, no está mostrando fuerza, sino debilidad. Lo señalaron voces como Ezra Levin, de Indivisible, o el analista Philip Bump, recordando que el presidente no tiene competencias para federalizar los comicios.
Pero reducir estas palabras a una simple fanfarronada sería repetir el error de siempre. En 2020, muchos minimizaron sus ataques al sistema electoral. El resultado fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Hoy, cinco años después, Trump vuelve a utilizar el mismo manual: sembrar desconfianza, desacreditar resultados y preparar el terreno para una posible ruptura institucional.
Trump insiste además en que ganó las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden tanto a nivel estatal como federal, incluyendo en Georgia. Georgia, conviene recordarlo, está gobernada por un gobernador republicano, cuenta con un secretario de Estado republicano y un parlamento estatal controlado por el Partido Republicano. Aun así, Trump sigue hablando de fraude, ahora alimentado por una investigación en el condado de Fulton, donde el FBI incautó papeletas como parte de una causa relacionada con aquellos comicios.
No hay pruebas de fraude. Nunca las hubo. Pero sí hay una estrategia clara de erosión democrática, basada en convertir cada proceso electoral que no favorece a la extrema derecha en un acto sospechoso.
LEGISLAR PARA ROBAR ELECCIONES
Las declaraciones de Trump no llegan solas. Coinciden con el impulso, desde el Congreso, de una batería de medidas que restringen de forma directa el derecho al voto. Purgas masivas del censo electoral, requisitos estrictos de identificación con foto, prohibición del voto por correo universal, veto al sistema de voto por orden de preferencia y rechazo de papeletas llegadas después del día electoral, aunque hayan sido enviadas a tiempo.
Estas reformas no buscan mejorar la transparencia. Buscan reducir la participación, especialmente entre personas jóvenes, racializadas, trabajadoras precarias y comunidades migrantes. Es una política de exclusión diseñada para compensar una realidad incómoda: las políticas del trumpismo no cuentan con apoyo mayoritario.
El senador Ed Markey fue claro al respecto. Trump y el movimiento MAGA no pueden ganar limpiamente, por eso intentan cambiar las reglas del juego. No es una deriva puntual, es un proyecto autoritario coherente, que combina propaganda, lawfare, persecución política y manipulación institucional.
El politólogo Brendan Nyhan lo expresó con crudeza: estas palabras son una “alarma de cinco incendios” para la democracia. En cualquier república funcional, un presidente que plantea abiertamente intervenir elecciones sería destituido de inmediato. En cambio, Estados Unidos sigue normalizando lo que debería provocar una respuesta institucional contundente.
La extrema derecha no necesita tanques cuando puede vaciar las urnas. No necesita golpes de Estado clásicos cuando puede convertir el voto en un privilegio. Trump no está desvariando: está marcando el camino. Y ese camino ya lo conocemos demasiado bien.
Cuando un presidente habla de “nacionalizar el voto”, no está defendiendo la democracia, está señalando el momento exacto en el que deja de importarle.
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