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La extrema derecha internacional vuelve a usar las instituciones democráticas como plataforma para recortar derechos y blanquear su agenda
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El 3 de febrero de 2026, el Parlamento Europeo acogerá una nueva edición de la Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, un foro que ya pasó por el Senado español y que funciona como centro de coordinación política, cultural y judicial de la ultraderecha global. La cita reúne a representantes de más de 20 países y vuelve a contar con presencia española destacada, entre ellos Santiago Abascal y la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
El lema del encuentro, “Libertad de expresión vs expresión regulada”, no es un gesto inocente. La extrema derecha ha convertido la retórica de la libertad en una coartada para disputar el marco democrático desde dentro, ocupando parlamentos y foros institucionales con discursos que buscan ilegalizar el aborto, bloquear la eutanasia y revertir derechos LGTBI. En el centro del relato aparece la supuesta censura del “wokismo” y la “agenda globalista”, un marco importado de Estados Unidos que sirve para presentarse como víctimas mientras se organizan para legislar contra las mayorías sociales.
La arquitectura política del evento lo confirma. Dos familias parlamentarias de la Eurocámara lo patrocinan: Patriotas por Europa y Reformistas y Conservadores (ECR). Entre las y los asistentes figuran dirigentes de Italia, Hungría, Polonia y Francia, así como representantes de América Latina y África. No es una suma caótica de ultras. Es una alianza transnacional con agenda compartida y calendario propio, que entiende Bruselas como un espacio estratégico para normalizar su proyecto.
LOBBIES, FE Y GUERRA JUDICIAL
La pata estadounidense vuelve a ser decisiva. El encuentro cuenta con la participación de The Heritage Foundation, uno de los mayores lobbies ultraconservadores del mundo y principal inspirador del Proyecto 2025, la hoja de ruta reaccionaria diseñada para un eventual segundo mandato de Donald Trump. Hasta 140 personas vinculadas a su entorno participaron en la elaboración de ese plan, según reveló la CNN, y su influencia ya alcanza organismos clave del Estado estadounidense, como la Oficina de Estadísticas Laborales.
No se trata solo de ideas. La ofensiva es jurídica y coordinada. Junto a Heritage participan organizaciones especializadas en litigio estratégico, como Alliance Defending Freedom International, señalada por su papel en el desmantelamiento del derecho al aborto en Estados Unidos y por su presión contra la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. La DSA, aprobada en 2022, obliga a las grandes plataformas a limitar discursos de odio y proteger la privacidad. Para esta constelación ultra, regular el odio es censura.
En este entramado, España aparece como nodo clave. Vox y su fundación Disenso actúan como puente entre Europa y América Latina, mientras organizaciones como Abogados Cristianos replican en los tribunales españoles estrategias legales importadas. No es activismo cívico: es una cruzada judicial. Desde demandas contra exposiciones artísticas hasta intentos de frenar una eutanasia concreta en Barcelona, el objetivo es crear jurisprudencia reaccionaria y desgastar derechos ya conquistados.
La red se completa con actores religiosos y políticos que comparten cargos y consejos asesores. Aparecen nombres ligados al Opus Dei, a gobiernos como el de Viktor Orbán y a partidos que reivindican abiertamente el legado autoritario. Las mismas personas, las mismas ideas, los mismos marcos. Cambian los países; se repite el guion.
OCUPAR LAS INSTITUCIONES PARA VACIARLAS
La reacción dentro de la Eurocámara no se ha hecho esperar. Más de 30 eurodiputadas y eurodiputados de la izquierda, los verdes, liberales y socialdemócratas han reclamado por carta que no se financie ni se celebre este encuentro en una institución pública. Denuncian que poner instalaciones europeas al servicio de una agenda que ataca la dignidad de mujeres y personas LGTBI contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La Presidencia del Parlamento, sin embargo, se escuda en el reglamento: no existe un mecanismo claro para prohibir estos eventos.
Ese vacío es parte del problema. La ultraderecha no asalta las instituciones; las ocupa con permiso. Utiliza las reglas de la democracia para reducirla por dentro, convertir el pluralismo en amenaza y la igualdad en delito. Cuando hablan de libertad, reclaman impunidad para discriminar. Cuando invocan la fe, legitiman políticas que condenan a la exclusión y al sufrimiento. Cuando dicen defender la democracia, trabajan para vaciarla de contenido.
El 3 de febrero de 2026, Bruselas volverá a ser escenario de esa operación. No es un debate de ideas. Es un ensayo general para gobernar contra los derechos desde el corazón de Europa.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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