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El PP blanquea a un funcionario sentenciado por prevaricación para dirigir bibliotecas, archivos y contrataciones públicas
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, bajo el mando del ‘popular’ José Antonio Rovira, ha designado como subdirector general de Cultura a Enrique Navarro Alejandro, un funcionario condenado por su implicación en el caso Gürtel. El nombramiento fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 24 de abril y ha provocado una indignación inmediata en el sector cultural, aunque no parece preocupar al ejecutivo autonómico. Porque no se trata de un error. Se trata de una declaración de principios.
Navarro fue sentenciado en mayo de 2024 por la Audiencia Nacional a tres años de inhabilitación especial por su cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa, en el marco de las contrataciones fraudulentas a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, alias el Bigotes, epicentro valenciano de la red de Francisco Correa. La condena, reconocida tras un acuerdo de conformidad, establecía que no podría ocupar cargos de confianza o asesoramiento especial. No obstante, la Conselleria alega que esa inhabilitación no impide que ejerza cargos de libre designación como funcionario de carrera, argumento con el que se ha burlado la sanción judicial.
La sentencia, que puede consultarse en el buscador del Consejo General del Poder Judicial, demuestra que Navarro fue el enlace directo entre la Conselleria de Bienestar Social —donde era jefe de gabinete— y la empresa corrupta, siendo quien ejecutaba los trámites necesarios para adjudicarle contratos públicos sin procedimiento adecuado. Él mismo reconoció los hechos: “Fui la persona que ejecutó las decisiones adoptadas por la Consellera en relación con las contrataciones”, admitió según recogió eldiario.es.
El PP no esconde ya sus lealtades. Las exhibe. Este nombramiento no es un desliz. Es la consagración del modelo Camps: impunidad, clientelismo y cultura como botín político.
EL ESTADO DE DERECHO EN TERAPIA INTENSIVA
La subdirección general de Cultura que ahora ocupa Enrique Navarro no es un cargo menor. Depende directamente del director general de Cultura, Miquel Nadal, y tiene bajo su coordinación instituciones tan sensibles como la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, el sistema de archivos, el servicio de Fomento de la Actividad Cultural y la Gestión Económica y Contratación Cultural. Es decir: controla presupuesto, personal y patrimonio cultural.
Que alguien condenado por prevaricación administre estos recursos públicos es, como mínimo, una agresión institucional. Pero no es la primera. La cultura valenciana lleva décadas sometida al chantaje ideológico, el amiguismo presupuestario y la precarización crónica. Las y los creadores se ven obligados a competir por migajas mientras los cargos se reparten entre condenados y leales.
La oposición ha reaccionado, pero con la impotencia de quien sabe que el poder no se inmuta ante la vergüenza. El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, José Chulvi, ha calificado el nombramiento de “desprecio” a la ciudadanía y ha exigido la dimisión inmediata del conseller Rovira. “Este es el PP de siempre, el de la Gürtel, el de los cargos entre amigos, el de los abusos convertidos en rutina”, declaró en declaraciones a Valencia Plaza.
Pero no basta con denunciar. Es urgente levantar una respuesta política y cultural que rechace esta restauración del franquismo de corbata, esta operación de reciclaje de corruptos con nómina pública. Mientras las bibliotecas cierran salas por falta de personal, el Consell premia a quienes manipularon adjudicaciones. Mientras se recortan becas, se enchufa a quien ya manchó las arcas públicas. ¿Quién protege al funcionariado honesto que cumple su labor frente a este modelo podrido de administración?
La Conselleria de Cultura de València se ha convertido en una agencia de recolocación de condenados, y lo hace con la frialdad de quien se sabe impune. La Gürtel ya no es un escándalo del pasado. Es el presente institucional normalizado por el Partido Popular. Un presente en el que la corrupción no se combate, se promociona.
Hasta que se diga basta. Y se diga en voz alta.
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