«Cuando las cosas se ponen feas, se esfuma y deja el país a la deriva», señaló Ana Rosa Quintana
Este fin de semana llegó a su fin el estado de alarma y las imágenes de jóvenes y no tan jóvenes festejando sin ningún tipo de control en las principales ciudades de España llenaron las rotativas y las redes sociales. «Estaba hasta los cojones de no poder salir, me he sentido frustrada, atada, sin libertad», gritaba anoche una joven madrileña.
Algunas comunidades, como Canarias, Valencia o País Vasco, optaron por mantener el toque de queda y las restricciones a la movilidad, otras como Madrid o Cataluña decidieron prescindir de este tipo de limitaciones.
Decenas de ciudadanos festejaron en la Puerta del Sol sin distancia y muchos de ellos sin mascarilla sin ser conscientes de que el virus sigue quitando la vida a muchas personas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de «lamentables» las imágenes de las aglomeraciones y advierte que «la libertad no consiste en infringir las normas ni en hacer botellones», consciente de las palabras de su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso dónde pedía que se aflojase la correa de las medidas contra la Covid-19.
El director de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, también ha mostrado su condena a las imágenes de anoche y ha lamentado la «irresponsabilidad» por parte de una minoría «insolidaria».
Limitación y mesura
En definitiva, todo el mundo tiene claro que la limitación corresponde a las Comunidades, algo muy solicitado por la gestión liberal de Madrid. Todo el mundo menos quien pretende intoxicar y eso es lo que ha hecho Ana Rosa Quintana en su programa, señalando que las imágenes de fiesta desmesurada son debido a la «irresponsabilidad» de Sánchez.
Comenzaba su discurso la polémica periodista con un discurso de enfado: «Definitivamente no hemos aprendido nada, es frustrante y desalentador, se veía venir y lo que vivimos el sábado no tiene nombre». Ana Rosa ha insistido en que las aglomeraciones se han producido en diferentes puntos de España y ha añadido: «Un espectáculo lamentable, una especie de Nochevieja en la que se olvidan que seguimos en pandemia».
«Miles de abuelos veían atónitos como sus nietos despreciaban un virus que ha acabado con la vida de bastantes más de 100.000 compatriotas», ha dicho Ana Rosa muy enfadada, pero lo que vendría después fue lo llamativo: «Sin embargo, la culpa no es de los jóvenes, esto es lo que ocurre cuando no hay nadie al mando, el Gobierno prometió una legislación que permitiría a las autonomías tener herramientas para actuar y el ejecutivo se ha limitado a quitarse del medio y dejar todo en manos de los tribunales».
«Cuando las cosas se ponen feas, se esfuma y deja el país a la deriva, esta dejación de funciones delegando a los tribunales nos lleva al desconcierto», se queja.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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