El mismo guion, distinto reparto: el ático de Ayuso y el fantasma de Ignacio González 

Una maniobra demasiado familiar para tratarla como casualidad

EL MISMO PATRÓN QUE YA VIMOS

Hay cosas que no necesitan lupa, solo memoria. Cuando un caso nuevo huele exactamente igual que uno viejo, lo honesto es admitir que no estamos ante coincidencias, sino ante un método. Lo que hoy rodea a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja recuerda demasiado al viejo episodio del ático de Ignacio González. Y no porque el periodismo quiera ver sombras donde no las hay, sino porque el relato coincide paso a paso.

El modus operandi se repite con una precisión casi técnica:
(1) residir en una vivienda que figura a nombre de un testaferro,
(2) justificar el disfrute con un alquiler sorprendentemente bajo, y
(3) comprar después el inmueble por un precio rebajado respecto al mercado real.

Las similitudes son tan claras que incomoda ver cómo se normalizan estas operaciones en figuras públicas que administran miles de millones del dinero de todas y todos.

Ayuso vive junto a su pareja, Alberto González Amador, en un ático que pertenecía a Babia Capital, la empresa del asesor fiscal del propio González Amador. Ese asesor está imputado en la misma causa que ha llevado al novio de la presidenta a los juzgados. Y aun así, la casa se presentó como un simple alquiler. Un alquiler que, como en el caso de González, olía más a ficción inmobiliaria que a mercado real.

Porque la pareja ha acabado comprando ese ático por 600.000 euros, cuando los portales inmobiliarios sitúan inmuebles equivalentes por encima del millón. La rebaja no es solo llamativa. Es estructural. Es parte del método.

Y sobre todo, es la misma estructura que vimos antes.

EL PRECEDENTE GONZÁLEZ: UN DÚPLEX, UN TESTAFERRO Y UN MERCADO QUE NO EXISTE

Ignacio González, expresidente madrileño, se hizo en 2012 con un dúplex de lujo en Estepona por 770.000 euros, muy por debajo del valor real de la urbanización Alhambra Golf. Antes de comprarlo, llevaba años disfrutándolo por un alquiler de 2.000 euros al mes, cuando viviendas idénticas en ese residencial se pagaban a 6.000. Y tampoco entonces el salario del político justificaba tales privilegios vacacionales.

La vivienda era monumental: 496 metros cuadrados, de los cuales 257 útiles y el resto repartidos entre terrazas y solárium. El propietario oficial era Coast Investors, del testaferro Rudy Valner. Es decir, otra vez un entramado interpuesto para que el nombre del político no apareciera al principio, pero sí al final.

Lo más inquietante del caso no fueron solo los privilegios inmobiliarios, sino la reacción del Estado cuando alguien intentó investigarlos.

Hacienda no tenía registro de los pagos del alquiler. Ni por parte de González, ni por parte de Coast Investors. El contrato firmado por la mujer del expresidente establecía 6.000 euros cada tres meses, pero entre 2008 y 2011 dejaron de pagar más de 200.000 euros. Y del año 2012 directamente no hay facturas.

El policía que intentó aclarar este desorden fue expedientado. El ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, calificó de “ilegal” su trabajo. El comisario terminó trasladado de Marbella a Madrid. El mensaje quedó claro: se investiga hasta que a alguien deja de interesarle que se investigue.

El caso terminó archivado. Pero no sin antes mostrar la estructura de un mecanismo que hoy vuelve a activarse alrededor de la presidenta madrileña.

UN PARALELISMO QUE NO ADMITE INOCENCIA

El patrón no es ideológico, es operativo. Las y los ciudadanos pueden votar a quien quieran. Lo que no pueden es aceptar que quienes ostentan el poder funcionen con reglas paralelas, con alquilares irreales, intermediarios sospechosos y compras a precio de saldo.

Lo que ocurre con el ático de Ayuso no exige imaginación. Exige memoria histórica reciente. Porque el guion que siguió González ya lo conocemos:
Testaferro.
Alquiler ficticio.
Compra con descuento.
Archivos oportunos.
Y un aparato político-mediático dispuesto a presentar lo evidente como persecución.

Las y los jueces que investigan lo saben. Las enfermeras y enfermeros que se dejan la piel en la pública lo saben. Las y los profesores que pagan alquileres imposibles también lo saben: el mercado inmobiliario nunca regala un 40 por ciento de descuento sin una razón que nada tiene que ver con el mercado.

Recordar el caso González no es nostalgia periodística. Es una advertencia empírica. Cada vez que se normaliza un privilegio inmobiliario opaco, se erosiona un poco más la confianza en las instituciones que supuestamente representan a todas y todos. Y cada vez que se archiva una investigación pese a sus evidencias, se envía un mensaje devastador: hay quien puede vivir fuera de precio, fuera de control y fuera de escrutinio.

Y ahora la pregunta vuelve a ser la misma:
cuántas veces puede repetirse el mismo método antes de que dejemos de llamarlo coincidencia y empecemos a llamarlo lo que es.