La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista España 2000.
La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista España 2000 perpetrado por el acto islamófobo realizado en diciembre de 2020.

La convocatoria se produjo bajo el lema «No al Islam», donde se realizó «una performance en menosprecio y rechazo del Islam, retransmitido por la red social Facebook, acompañado de soflamas en las que su presidente, José Luis Roberto, llamaba a ‘luchar contra la invasión’ diciendo que los inmigrantes musulmanes suponen un peligro”, señala la Fiscalía.
Valencia Acull fue el colectivo que llevó la manifestación a la Fiscalía y desde donde se solicitó que se juzgara por delito de odio a sus responsables. Ahora, informa El Salto, la organización ha pedido que el imputado “declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000”.
La Audiencia de València ha aceptado el recurso de Fiscalía a la resolución del juzgado y ordenado que Roberto declare como investigado por delito de odio como representante de España 2000 por un acto de #Islamofobia #Racismo que denunció València Acull https://t.co/DsmCOiDHOv
— València Acull (@valenciaacoge1) July 15, 2021
La Fiscalía econcontró motivos para imputar al líder de España 2000 por “palabras, retransmitidas por redes sociales, y pancartas, también reproducidas en dichos medios, en que, literalmente, se anima a la lucha contra el Islam y se transmite el rotundo mensaje ‘no al Islam’”, siendo “evidente que dicho mensaje no pude tener otra interpretación que la de incitar al odio”.
?⚖️ La Audiencia de Valencia ordena imputar al líder del grupo ultraderechista España 2000 por indicios de un delito de odio.
— Las Cosas Claras (@cosasclarastve) July 16, 2021
? El periodista Miquel Ramos (@Miquel_R) detalla la información.
? #Lascosasclaras169
? https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/2vJutf1suv
También hace mención a la jurisprudencia que obliga a los Estados a “investigar en profundidad y de una forma eficaz todos los incidentes que puedan tener una motivación racista, xenófoba u otros motivos discriminatorios”.
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