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El PP valenciano, bajo el foco por currículums inflados y un silencio que suena a fraude.
No es un error administrativo. No es un olvido inocente. Es un síntoma. El Gobierno valenciano de Carlos Mazón se tambalea ante una verdad incómoda: al menos veinte altos cargos presumieron de títulos que no podían demostrar. Durante meses, la Ley de Transparencia exigía publicar sus méritos académicos en el portal oficial de la Generalitat. La respuesta fue la nada. Solo cuando la prensa puso el dedo en la llaga, empezó la carrera desesperada por rescatar diplomas, certificados y justificantes.
La escena es reveladora: a pocas horas de que se destapara el escándalo, teléfonos ardiendo, funcionarios buscando papeles, ministerios expidiendo títulos a contrarreloj. Todo para evitar expedientes sancionadores que, según la normativa valenciana, pueden acabar en multas o apercibimientos públicos.
El caso más simbólico es el de Javier Sendra, hombre fuerte de Infraestructuras y gestor de contratos millonarios para la reconstrucción tras la DANA. En la Diputación de Alicante ya había pasado por un episodio similar: lo que antes eran másteres acabaron siendo simples cursos. En la Generalitat, uno de esos «másteres» vuelve a aparecer como tal en su currículum oficial pese a ser un curso privado de 140 horas. La mentira es la misma, solo cambia el cargo y el sueldo público que la sostiene.
El Consell asegura que todo está en orden, que ya hay nueve altos cargos publicando títulos a marchas forzadas. La realidad es otra: una administración gobernada por el PP que solo reacciona cuando la prensa levanta la alfombra, que ignora durante meses la obligación legal de mostrar méritos reales y que solo responde cuando huele a escándalo. El resto, la mitad de los implicados, sigue callado, esperando que la tormenta pase o confiando en que la sanción nunca llegue.
TITULITIS, IMPUNIDAD Y EL MIEDO AL ESCÁNDALO
Este caso no es un descuido colectivo, es un modelo de poder. Inflar currículums se ha convertido en moneda corriente en la política del PP valenciano, donde los títulos sirven más para adornar el perfil que para acreditar conocimientos reales. La ley que debería garantizar transparencia y buen gobierno se convierte en papel mojado cuando la élite política se cree intocable.
La escena de este fin de semana lo dice todo: colapso en el Ministerio de Universidades porque altos cargos que llevan meses, algunos años, cobrando del erario público, han recordado de repente que tenían que demostrar lo que dicen ser. Que su prestigio político se sostenía en humo. Que la ciudadanía lleva tiempo pagando a supuestos licenciados, doctores y expertos sin ver ni un papel que lo acredite.
El Consejo Valenciano de Transparencia tiene ahora un examen que marcará su propia credibilidad. La ley es clara: hay obligación de publicar el «principal mérito» académico o profesional, y su incumplimiento acarrea sanciones. Pero la historia reciente en la Comunitat Valenciana demuestra que la impunidad es la norma y la rendición de cuentas la excepción.
Mazón, que prometía regenerar la política valenciana tras décadas de corrupción y clientelismo, se encuentra atrapado en el mismo barro. Su núcleo duro está salpicado por irregularidades, la conselleria busca títulos como si fueran billetes de lotería y el mensaje que llega a la calle es devastador: en la Generalitat vale más la apariencia que el mérito, más la foto que la formación, más el carnet de partido que la verdad.
La titulitis no es solo un escándalo mediático, es una radiografía del poder. Un poder que se protege a sí mismo mientras exige a la ciudadanía certificados para todo, hasta para pedir ayudas sociales. Un poder que miente, oculta y solo enseña pruebas cuando se siente acorralado. Un poder que se aferra a los títulos porque ha perdido el prestigio.
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