El juez permite por fin a la UCO seguir el dinero del novio de Ayuso tras seis meses de bloqueo 

La Guardia Civil investigará si Alberto González Amador y su entorno aumentaron su patrimonio de forma “desmedida” mientras se rastrea una presunta comisión de 500.000 euros vinculada a Quirón Prevención.

SEIS MESES EN UN CAJÓN MIENTRAS EL ESCÁNDALO OLÍA A PODER

El juez Antonio Viejo ha autorizado por fin a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por fin. Porque la petición no llegó ayer ni apareció por arte de magia en mitad del ruido mediático. Llevaba seis meses esperando firma, parada en un juzgado, después de que Viejo sustituyera a la magistrada anterior, ya jubilada. Medio año para permitir a la UCO hacer lo que cualquier investigación seria exige desde el primer minuto: seguir el dinero.

La decisión, conocida el 11 de junio, permite a la Guardia Civil analizar las cuentas del empresario dentro de la pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios. La finalidad no es menor ni técnica ni burocrática: averiguar si González Amador, el resto de personas investigadas y su entorno más cercano han “incrementado su patrimonio” de manera “desmedida”. Traducido: comprobar si alguien ganó demasiado, demasiado rápido y demasiado cerca de los hechos investigados.

Según adelantó la Cadena SER, el propio juez entiende que esta diligencia permitirá a la UCO “construir el catálogo real de los bienes” del novio de Ayuso, del resto de investigados y de “su entorno más cercano”. La frase suena administrativa, pero tiene dinamita política. Porque cuando una investigación necesita levantar el mapa patrimonial de quienes rodean una operación bajo sospecha, no estamos ante una disputa menor ni ante un trámite inocente. Estamos ante la pregunta que siempre incomoda al poder: cuánto dinero hay, de dónde vino y quién se benefició.

El asunto no afecta a un empresario anónimo perdido en el tráfico mercantil. Afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso no lo convierte automáticamente en culpable, por supuesto. Pero sí convierte cada paso de la investigación en un asunto de interés público evidente. Sobre todo cuando alrededor aparece el nombre de Quirón Prevención, una pieza relevante en el engranaje de la sanidad privada que lleva años creciendo en paralelo al deterioro de lo público. Ese es el paisaje. Un paisaje incómodo.

La derecha madrileña lleva demasiado tiempo vendiendo libertad mientras privatiza, externaliza, trocea y convierte servicios esenciales en oportunidades de negocio. Libertad para elegir, dicen. Pero casi siempre elige el mismo tipo de gente. Elige quien puede pagar. Elige quien tiene contactos. Elige quien se mueve como pez en el agua entre sociedades, contratos, comisiones, consultorías y puertas giratorias sanitarias. Cuando la sanidad se convierte en mercado, el dinero deja demasiadas huellas. Y la UCO acaba teniendo que mirar debajo de la alfombra.

500.000 EUROS, QUIRÓN Y LA LIBERTAD DE LOS QUE NUNCA DAN EXPLICACIONES

El auto judicial señala que las diligencias practicadas apuntan, de forma indiciaria y provisional, a la realización de un negocio jurídico relacionado con la empresa Circulo de Belleza, S.L.. Según el magistrado, la sociedad fue adquirida por 500.000 euros pagados por González Amador, sin que constaran elementos acreditativos del valor de mercado de la empresa. En el momento de la transmisión, la única partícipe era la señora Carrasco Fernández, esposa del señor Camino Maculet.

Y aquí está el punto que convierte el caso en algo mucho más serio que una compra empresarial discutible. El juez recoge que la verdadera finalidad de ese acto habría sido satisfacer una comisión al señor Camino Maculet, atendiendo a su posición en Quirón Prevención y a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador. Dicho sin incienso judicial: se investiga si esos 500.000 euros fueron, en realidad, una comisión disfrazada de operación societaria.

Todo debe probarse. Todo. Pero también conviene dejar de hablar como si el país fuera menor de edad. Una operación por 500.000 euros, una empresa cuyo valor de mercado no aparece acreditado, un vínculo con Quirón Prevención, una pieza separada por corrupción en los negocios y una petición de la UCO retenida seis meses no forman precisamente el retrato de una anécdota administrativa. Forman una secuencia. Y las secuencias, cuando el poder está cerca, importan.

El juez ha autorizado que la indagación bancaria se extienda a la totalidad del periodo en el que se produjeron las relaciones comerciales. Tiene sentido. Si se quiere saber si hubo enriquecimiento patrimonial desmedido, no basta con mirar una cuenta suelta ni un movimiento aislado. Hay que mirar el conjunto. Antes, durante y después. Porque el dinero rara vez entra por la puerta principal con una pancarta. Suele dejar rastros pequeños, transferencias, compras, sociedades, incrementos, silencios. Y ahí trabajan las y los investigadores.

La maquinaria política y mediática que rodea a Ayuso intentará hacer lo de siempre. Hablar de persecución. Gritar “bulo”. Señalar a periodistas. Convertir una investigación judicial en una conspiración contra la lideresa. Ya conocemos el guion. Primero se niega todo. Luego se victimiza todo. Después se embarra todo. Y, al final, si la cosa aprieta, se dice que la culpa es de Sánchez, de la prensa, de las y los fiscales, de la UCO, del universo entero o de cualquier entidad útil para no responder a la pregunta central.

Pero la pregunta sigue ahí. Limpia, incómoda, simple. ¿Se incrementó el patrimonio de González Amador o de su entorno de forma desmedida? ¿Tienen esos movimientos relación con los hechos investigados? ¿Qué papel jugaron las relaciones comerciales con Quirón Prevención? ¿Qué explica exactamente una operación de 500.000 euros sobre una sociedad sin valor de mercado acreditado en el auto? Preguntas. Solo preguntas. Las mismas que el poder trata como agresiones cuando apuntan hacia arriba.

La democracia no se rompe porque la UCO investigue cuentas. Se rompe cuando durante seis meses una petición así duerme en un cajón mientras los altavoces del poder fabrican niebla. Se rompe cuando las y los ciudadanos tienen que escuchar lecciones de honradez de quienes convierten cada sospecha en una campaña de victimismo. Se rompe cuando la sanidad pública se desangra y alrededor de la privada florecen negocios, intermediarios y patrimonios que ahora tendrá que revisar la Guardia Civil.

Si no hay nada que esconder, que hablen las cuentas; si hay algo, que caiga todo el decorado.