La nueva medida aprobada permite contratar jóvenes sin contrato laboral, sin vacaciones, salario mínimo o derechos básicos.
El Congreso de los Diputados de Brasil ha aprobado por 304 votos contra 133 el texto básico de la Medida Provisional (MP) 1045/21, que renueva el programa de reducción o suspensión de salarios y jornada laboral con el pago de un beneficio de emergencia a los trabajadores, todo ello con la excusa de la pandemia del coronavirus.
Esta medida permite contratar jóvenes sin contrato laboral, sin vacaciones, salario mínimo o derechos básicos. La medida también reduce el valor de las horas extra para las categorías con horario reducido, además de dificultar la inspecciones de trabajo.
El texto aprobado por la Cámara también prevé la contratación de jóvenes de 18 a 29 años con una carga de trabajo de 22 horas semanales sin contrato de trabajo hasta por dos años.
Protestas de la oposición
La diputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidenta nacional del partido, utilizó las redes sociales para protestar. “La Cámara aprueba la MP 1045, que atenta contra los derechos de los jóvenes, crea ‘trabajadores de segunda clase’ y legaliza la contratación sin contrato de trabajo, sin FGTS, sin 13º grado y sin vacaciones. ¡Es la base aliada, cero la protección social y permitiendo el trabajo precario!”, publicó.
La diputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder del partido, destacó que el texto hace una nueva reforma laboral con cambios profundos que no fueron debatidos en ningún momento.
En Twitter, Talíria agregó: “MP 1045 se enfoca en jóvenes, trabajadores mayores de 55 años y personas sin fianza inscritas en Tarjeta de Trabajo por más de 2 años, quienes pueden ser contratados por valores ínfimos y sin derechos, es decir, la gran mayoría de la población activa”.
“Y para colmo, si se aprueba la contrarreforma, las empresas podrán contratar al 40% de la población activa en estos modelos precarios. Es otro ataque, en un país que tiene la mitad de la población en inseguridad alimentaria. ¡Basta! ”, Completó el líder del PSOL.
El diputado André Figueiredo (PDT-CE) señaló que “estamos viendo otro ataque a los derechos ya precarios de los trabajadores brasileños. Ahora vemos a la juventud siendo blanco de un ataque más de este salvaje liberalista que, lamentablemente, solo ha estado quitando derechos y no generando empleo”, puntualizó.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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