La política y los negocios turbios son una combinación letal para la democracia. Mientras unos llenan sus bolsillos, las personas comunes pagan el precio.
La trama destapada este miércoles en la Audiencia Nacional deja al descubierto el oscuro entramado entre política y grandes fortunas. Álvaro Romillo, el empresario de Madeira Invest Club (MIC), declaró haber pagado 100.000 euros a Alvise Pérez, quien lidera el partido ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF). A cambio, el ahora eurodiputado prometió “favores futuros” que incluirían lobby en Bruselas para limpiar la imagen de las empresas de Romillo.
El escándalo no termina ahí. Este pago, que inicialmente fue calificado como una donación, apunta a una práctica recurrente en la política contemporánea: usar las instituciones públicas para devolver favores a quienes financian campañas electorales. El resultado, tres escaños en el Parlamento Europeo en las elecciones de 2024, pone en cuestión hasta qué punto la democracia está siendo utilizada como moneda de cambio por intereses privados.
En su declaración, Romillo reconoció no haber firmado contrato alguno con Alvise, lo que no impide que existan pruebas. La Fiscalía presentó conversaciones donde el político prometía “hacer lobby masivo” en favor del empresario. Estas promesas, realizadas a través de mensajes de texto, constituyen una confesión implícita de cómo se pervierte la representación política en instituciones internacionales como la Unión Europea.
Mientras tanto, el propio Alvise, que debía declarar ante el juez, no se presentó alegando estar en Bruselas. Esta falta de respeto a la Justicia no solo alimenta la sospecha sobre su implicación, sino que refleja la impunidad con la que los políticos pueden actuar cuando cuentan con el respaldo de grandes fortunas.
LA ESTAFA DE LAS CRIPTOMONEDAS: UNA TRAMPA PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS
En paralelo, el caso de Madeira Invest Club no es menos alarmante. Este supuesto “chiringuito financiero”, señalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, captó a decenas de personas con promesas de rentabilidades exorbitantes. Según la Audiencia Nacional, Romillo dirigía una estructura diseñada para engañar, manipulando la falta de información de los inversores y sus deseos de mejorar su situación económica.
El juez José Luis Calama ha ordenado identificar con detalle a las víctimas: su edad, formación y cómo llegaron a confiar en MIC. Este paso busca esclarecer si el engaño fue “bastante”, como lo define la ley, y si existieron promesas explícitas de beneficios irreales. Cientos de personas, muchas con ahorros de toda una vida, podrían haber sido despojadas de su dinero por la avaricia de unos pocos.
El contexto no es menor. Durante años, el sector de las criptomonedas ha crecido como una burbuja amparada en la desregulación. En España, organismos como la CNMV han alertado repetidamente de los riesgos, pero la falta de supervisión efectiva sigue dejando a las personas trabajadoras expuestas. Romillo, que promocionó su plataforma junto a Alvise en abril de 2024, utilizó estas lagunas legales para enriquecer su entramado financiero mientras perjudicaba a cientos de familias.
Más allá de las cifras, este caso pone en evidencia una realidad preocupante: las y los pequeños ahorradores son sistemáticamente utilizados como carne de cañón para inflar el poder y los beneficios de grandes estafadores. La falta de regulación eficaz y la connivencia de ciertos sectores políticos han creado un caldo de cultivo perfecto para este tipo de abusos.
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