El día en que Vox llevó al Parlamento canario a un falso experto para culpar a las familias homosexuales de la pobreza infantil 

Una comisión sobre niñas y niños pobres acabó convertida en un púlpito ultra contra el matrimonio igualitario. Mientras tanto, Canarias tiene 91.000 menores en situación de pobreza.

CUANDO LA ULTRADERECHA USA A LA INFANCIA COMO EXCUSA

El 16 de junio ocurrió algo que resume bastante bien la política basura de nuestro tiempo. El Parlamento de Canarias tenía una comisión de estudio sobre pobreza infantil. Es decir, un espacio institucional para hablar de niñas, niños y adolescentes que viven peor de lo que deberían vivir en una sociedad que presume de democracia, turismo, crecimiento y progreso. Pero Vox decidió que aquello no era suficiente. Que hablar de pobreza real era demasiado incómodo. Que mejor llevar a un supuesto experto a hablar contra el matrimonio homosexual.

El protagonista fue Francisco Martínez Peñaranda, presentado por Vox como voz autorizada a través de la Asociación Libertas. Una entidad sin experiencia conocida en pobreza infantil en Canarias. Nada de análisis sobre salarios, alquileres, precariedad, listas de espera de vivienda o exclusión residencial. Nada de eso. Vox llevó a una comisión sobre pobreza infantil a un activista ultra para desplegar su obsesión contra las familias diversas. Así de claro. Así de obsceno.

La sesión debía abordar una de las heridas sociales más graves de las islas. Canarias convive con una pobreza infantil altísima. Pero Martínez Peñaranda llegó con otro guion. Dijo que iba a dar “algunas pinceladas sobre los diferentes tipos de modalidades de familia”. Y ya se sabe qué significa eso cuando lo dice la ultraderecha. Significa que van a hablar de niñas y niños solo para atacar a personas adultas LGTBI. Significa que la infancia vuelve a ser usada como escudo moral. Significa que la realidad social se aparta para meter doctrina.

El compareciente llegó incluso a negar la existencia de la pobreza infantil tal y como se estaba tratando. Según su relato, habría un negocio para “arrebatarle las familias a sus hijos” y entregárselos a familias acogentes a cambio de 4.000 euros. La pobreza desaparece por arte de propaganda. Ya no hay desigualdad. No hay salarios bajos. No hay alquileres imposibles. No hay familias rotas por la precariedad. Solo una conspiración. Siempre una conspiración. Es el método de la derecha más reaccionaria: cuando la realidad les acusa, inventan un enemigo.

Luego llegó el ataque directo. “Es la primera vez en la civilización humana en que estamos criando deliberadamente a niños sin madre o sin padre”, afirmó. El objetivo estaba claro. No era hablar de infancia. Era señalar al matrimonio igualitario. Era sugerir que las familias homosexuales son un problema social. En una comisión parlamentaria. Con dinero público. En una institución democrática. El odio ya no entra por la puerta de atrás. Entra con turno de palabra.

LOS DATOS QUE VOX NO QUISO MIRAR

Mientras el compareciente hablaba de “papá y mamá”, Canarias seguía teniendo 705.000 personas en situación de pobreza y exclusión social. De ellas, 91.000 son niñas, niños y adolescentes. Esa era la comisión. Ese era el tema. Esa era la emergencia. Pero Vox prefirió llevar el debate al mismo barro de siempre: familia tradicional, moral reaccionaria, ataque a derechos conquistados y desprecio al conocimiento científico.

Martínez Peñaranda llegó a burlarse del consenso académico y sociológico sobre las familias diversas. Dijo que se podía estar “todo el día” hablando de informes y datos. Claro que se puede. Para eso están las comisiones. Para hablar con datos. Para escuchar a quienes investigan, trabajan sobre el terreno, acompañan a familias vulnerables, conocen los barrios, los colegios, los servicios sociales y los juzgados. Lo que no debería hacerse es sustituir la pobreza infantil por una homilía ultra contra las personas LGTBI.

La presidencia de la comisión tuvo que reconducir varias veces la intervención. Vidina Espino le recordó que “esa cuestión no es objeto de esta comisión” y no le concedió los cinco minutos extra. Normal. Porque aquello no era una comparecencia técnica. Era una provocación. Una pieza más de esa estrategia de Vox que consiste en ocupar las instituciones para reventarlas desde dentro. Entran en una comisión sobre pobreza y hablan de sexualidad. Entran en un debate sobre vivienda y hablan de okupas. Entran en una emergencia climática y hablan de chiringuitos. Siempre igual. Ruido para tapar el saqueo.

Y cuando terminó la performance, empezó por fin la comisión. Entonces aparecieron los datos. El 60% de los hogares en Canarias tiene algún problema relacionado con la vivienda. Una de cada tres personas sufre algún tipo de exclusión residencial. El 31,9% de los hogares queda en el umbral de pobreza severa después de pagar la vivienda. Más de 343.000 personas, el 15,4% de la población, acumulan retrasos en pagos de alquiler, hipoteca o suministros. El dato más alto de todo el país.

Ahí está la pobreza infantil. No en que una niña tenga dos madres. No en que un niño tenga dos padres. No en que existan familias diversas. Está en que el mercado inmobiliario trata la vivienda como un casino. Está en que los salarios no pagan la vida. Está en que el turismo convierte barrios enteros en escaparates para quien puede venir unos días mientras las y los residentes son expulsados durante años. Está en que hay niñas y niños que crecen con miedo a que corten la luz, suban el alquiler o falte comida a final de mes.

En los últimos 10 años, el sinhogarismo ha aumentado un 16% en Canarias. En los últimos 5 años, se ha duplicado el número de demandantes de vivienda. Hoy hay 34.270 personas esperando una vivienda social. Pero Vox no llevó a nadie a explicar eso. No llevó a una trabajadora social. No llevó a una investigadora. No llevó a familias afectadas. Llevó a un agitador ideológico para insinuar que el problema son los derechos LGTBI.

La jugada es indecente, pero no es torpe. La ultraderecha sabe lo que hace. Sabe que hablar de pobreza obliga a hablar de reparto. De propiedad. De alquileres. De empleo. De servicios públicos. De políticas fiscales. De quién gana y quién pierde. Y eso no le interesa. Porque ahí aparecen los de siempre: fondos, rentistas, empresarios turísticos, caseros, bancos y gobiernos que miran hacia otro lado. Mucho mejor culpar a las familias homosexuales. Sale más barato. No toca ningún privilegio. No molesta al capital.

El día en que había que hablar de 91.000 menores pobres, Vox llevó al Parlamento canario su guerra contra el matrimonio igualitario. Y esa es la fotografía exacta de una ultraderecha que dice defender a la infancia mientras la usa como rehén de su miseria moral.