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La sanidad pública valenciana vuelve a aparecer como lo que nunca debería ser: una tubería de dinero público hacia empresas privadas con apellidos demasiado cercanos al poder.
CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA PAGA Y LA PRIVADA ENGORDA
La historia es sencilla de entender y bastante difícil de digerir. La Conselleria de Sanidad valenciana, dirigida por Marciano Gómez, derivó operaciones no concertadas por valor de 20,2 millones de euros entre 2024 y 2025 a empresas del grupo Hospital Clínica Benidorm, hoy Centro Médico Salus Baleares. Ese grupo estaba gestionado desde 2021 por Juan David Gómez Gómez, hermano del propio conseller. No es una nota al margen. Es el centro del asunto.
A esos 20,2 millones hay que sumar otros 5,04 millones de euros recibidos por Centro Médico Salus Baleares dentro del plan de choque contra las listas de espera. Total: más de 25 millones de euros de dinero público acabando en sociedades vinculadas a un grupo dirigido por el hermano del responsable político de la sanidad valenciana. Luego lo compró Ribera Salud por 120 millones de euros. Así se construye una de esas escenas que el capitalismo sanitario intenta vender como eficiencia, pero que huele a drenaje institucional.
Las cifras no son decorado. Benaca SL, de la que Juan David Gómez es apoderado, recibió 10,4 millones de euros entre 2024 y 2025 para operaciones derivadas desde la sanidad pública. Centro Médico Salus Baleares SL, también apoderada por el hermano del conseller, ingresó 7,08 millones por operaciones no concertadas. Inscanner, del mismo grupo, obtuvo 2,79 millones más. No hablamos de migajas. Hablamos de un volumen de dinero público que coloca a ese grupo por delante del resto de operadores privados en este tipo de derivaciones.
Y mientras tanto, la ciudadanía espera. Espera una resonancia, una prueba, una operación, una atención que debería garantizar el sistema público con medios propios, personal suficiente y planificación. Pero el truco de la privatización nunca empieza diciendo “vamos a desmantelar lo público”. Empieza diciendo que falta capacidad. Que hay que aliviar listas. Que es temporal. Que es técnico. Que todo está regulado. Y cuando quieres mirar, el dinero ya ha salido por la puerta.
La Conselleria sostiene que las derivaciones se ajustan a la Instrucción 2/2021, que regula el envío de pacientes desde centros públicos a centros privados no concertados cuando un departamento de salud no puede asumir la demanda por criterios clínicos, proximidad, capacidad asistencial o rapidez de respuesta. Perfecto. El papel siempre aguanta. La pregunta política es otra: quién se beneficia de esa incapacidad pública, quién decide hacia dónde se deriva y qué ocurre cuando el mayor beneficiado está dirigido por el hermano del conseller.
EL NEGOCIO DE LAS LISTAS DE ESPERA
Sanidad vincula el aumento del negocio del grupo de Benidorm a la recuperación pública del Hospital de Dénia, Marina Salud, gestionado hasta febrero de 2024 por Ribera Salud. Según la Conselleria, algunos centros privados tenían servicios o pruebas que otros no ofrecían, o más capacidad tecnológica y asistencial. Benaca estaría especializada en resonancias magnéticas. Salus Baleares, en hemodiálisis y radioterapia. Esa es la explicación administrativa. Puede sonar razonable. También puede sonar a coartada perfecta para no hablar de lo importante.
Porque lo importante no es solo si el expediente se tramitó con una casilla correcta. Lo importante es que la sanidad pública valenciana, en manos de un Gobierno que presume de gestión, terminó alimentando con millones a la sanidad privada. Y no a cualquier sanidad privada. A un grupo con vínculos familiares directos con el máximo responsable político del área. La apariencia de conflicto de intereses ya es, por sí misma, una bomba ética.
El grupo dirigido por Juan David Gómez recibió más de 20 millones de euros en derivaciones no concertadas. Le siguieron Vithas, con cerca de 20 millones; Quirón Salud, con 12,5 millones; IMED, con 11,6 millones; Ribera, con 5,5 millones, y Asisa, con 191.185 euros. La comparación importa porque muestra que el grupo familiarmente conectado al conseller no fue un actor secundario. Fue el primero de la lista.
El plan de choque contra las listas de espera también repartió negocio privado. Vithas recibió 26 millones de euros, Quirón casi 10 millones, IMED 11 millones, Asisa 8 millones y HCB, ya bajo la denominación Centro Médico Salus Baleares, algo más de 5 millones. Lo llaman plan de choque. Pero para las empresas privadas fue más bien un plan de riego. Dinero público cayendo sobre cuentas privadas mientras las y los profesionales de la pública siguen trabajando al límite.
Las derivaciones no concertadas incluyen pruebas diagnósticas, lectura de informes, tratamientos y servicios como cirugía maxilofacial, tratamientos dentales, rehabilitación, daño cerebral, trastornos de conducta alimentaria o diálisis. Es decir, no hablamos de una rareza marginal. Hablamos de funciones sanitarias reales. De necesidades reales. De pacientes reales. Y también de una decisión política repetida: en vez de reforzar el sistema público, se paga a empresas privadas para que hagan negocio con sus carencias.
Hay otro detalle especialmente obsceno. Según la información publicada, la pareja del gerente de HCB, cuñada del conseller, es directora financiera de Ribera Salud, empresa que compró la clínica privada de Benidorm por 120 millones de euros. Ribera Salud fue principal concesionaria de hospitales privatizados de la Generalitat y sigue gestionando el Hospital del Vinalopó. La cadena es demasiado limpia para ser casual y demasiado fea para venderla como normalidad.
Si el incremento de ingresos públicos mejoró el Ebitda del grupo y reforzó su valoración antes de la venta, como apunta la información disponible, la operación deja una lectura política demoledora: primero se engorda una compañía con dinero público, luego esa compañía se vende mejor. Así funciona la maquinaria. La ciudadanía paga la espera, paga la derivación, paga la privatización encubierta y luego escucha a los mismos de siempre dar lecciones de eficiencia.
La sanidad pública no está para fabricar oportunidades de negocio a familias bien situadas ni para convertir la enfermedad en una autopista hacia el beneficio privado. Cuando el dinero que debería reforzar hospitales, plantillas y servicios termina haciendo más atractiva una venta empresarial de 120 millones de euros, el problema no es técnico. Es político. Y tiene nombre: saqueo con bata blanca.
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